El impacto mediático de la denuncia que sugiere que la Procuración General de la Nación espía los dictámenes de los fiscales a través de la red informática Fiscalnet, dejó desdibujada una historia escalofriante que está detrás. El fiscal Augusto Troncoso, quien se presentó en el fuero federal por una supuesta intromisión en sus archivos, es investigado en un sumario interno por haber intentado archivar una causa contra seis policías y un guardiacárcel acusados de reducir a la esclavitud sexual y violar a dos hermanas de origen humilde, Mariela y Cintia, que eran llevadas a distintas dependencias de la Policía Federal, como el cuartel de la Policía Montada en Palermo, para ser sometidas a rondas de sexo. Para Troncoso, informó la Procuración, no había delito y los hechos respondían a “una situación de índole social” en la que “se pretende que la Justicia penal resuelva situaciones de carencia”.

El sumario que se instruye dentro de la Procuración está a cargo del fiscal Marcelo Colombo y abarca varios casos de violencia de género en los que intervino Troncoso. Colombo había instruido a la titular del Programa de Género, Romina Pzellinsky para que analizara la actuación de fiscal en distintas causas de ese tipo. Había sido denunciado tanto por la jueza Wilma López por impulsar el cierre de causas pese a disponer de pruebas y por el Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Nilda Garré, en relación con el caso de las hermanas abusadas. Pzellinsky incluso explicó públicamente que no hay ninguna directiva de espiar a nadie ni existió intromisión alguna, sino que existe un sistema de gestión de causas que permite acceder a dictámenes y hacer análisis. A su entender, la denuncia de Troncoso es “un artilugio defensista” sin consistencia.

El fiscal Troncoso había sido recusado y finalmente separado de la investigación de abuso sexual y promoción de la prostitución de las hermanas y quedó a cargo el fiscal Fernando Fiszer, quien logró finalmente que se elevara a juicio oral. Seis policías y un penitenciario aguardan el juicio, que quedó cargo del Tribunal Oral Criminal 17.

El caso, que fue revelado por Página/12 en marzo del año pasado, reviste una gravedad inusitada. A la más grande de las hermanas la dejaron embarazada a los 12 años y luego otra vez a los 15, por lo que el fiscal Fiszer y la defensora de menores Claudia López Reta pidieron realizar los ADN. Las niñas, dos hermanas, venían de una villa bonaerense, estaban mucho en la calle, y los policías las llevaban a una pensión y a dos unidades a cambio de unos pocos pesos y –a veces– de comida.

El fallo de la sala VII de la Cámara del Crimen que confirmó los procesamientos que había dictado la jueza López advirtió que todo transcurrió en un marco de intimidación a las adolescentes. Troncoso entendía que el caso se reducía a un conflicto de “polleras” con connotaciones derivadas de la situación de pobreza de las chicas.

Aquel fallo de Cámara, que firmaron Juan Cicciaro, Mauro Divito y Mariano Scotto, hacía esta descripción: “Los policías, alternadamente, se comunicaban con las damnificadas para satisfacer sus apetencias sexuales ocasionales, además de transportarlas en móviles de la fuerza, lo que, por la corta edad de las víctimas, conduce a presumir que tanto las llamadas telefónicas como los mensajes de texto encerraban una connotación intimidatoria para las víctimas. Los números de teléfono de las menores circularon entre diferentes oficiales de la Policía Federal, así como también con la intermediación de personal de seguridad privada de la línea de ferrocarriles San Martín”.

Los uniformados que irán a juicio son Héctor Daniel Martínez, Mauricio Sebastián Acevedo, Jorge Matías Acevedo, Sebastián Borfitz, Miguel Angel Campero, Héctor Diego Palavecino y Gustavo Salinas, seis policías federales y un penitenciario. No están privados de su libertad pero fueron apartados de la fuerza por la cartera de Seguridad. “Los imputados –sostuvo la Cámara– aprovecharon una relación de poder respecto de las hermanas, ambas carentes de contención familiar y en las que se detectó una signo-sintomatología asociada a vivencias amenazantes o intimidatorias, a la vez que netamente traumáticas.” Los uniformados no están presos, aunque fueron apartados de las fuerzas por el Ministerio de Seguridad.

Más allá de la descripción, el Código Penal considera abuso sexual toda relación de un adulto con una chica de 12 o 13 años, aunque hubiera consentimiento, porque se entiende que la niña está en una situación de total vulnerabilidad. Tratándose de personal uniformado, el delito es agravado, es decir con penas que van de 8 a 20 años de prisión. A esto se agregó el cargo de promoción de la prostitución que impuso la Cámara y que apuntaría a otros 5 años de prisión. Las niñas describieron los lugares a los que eran llevadas, algo que la jueza López constató, y revelaron que a veces las tenían 24 horas en el cuartel y por allí pasaban los distintos uniformados.

De otros policías bajo sospecha no se pudo determinar la identidad porque las chicas los conocían, por ejemplo, por Olmedo, que seguramente era un apodo derivado del parecido con el humorista. También utilizaban otros apodos y, en algunos casos, los investigadores se encontraron con el hecho de que había varios policías con el mismo apellido.

La Defensoría de Menores le dio un gran impulso a la investigación, que se había iniciado cuando un suboficial de la Montada le ofrece a otro una chiquita para mantener relaciones sexuales, dándole un teléfono para que se comunicara. Ese uniformado toma contacto con la menor, que era una chica de una villa del sur del Gran Buenos Aires, y en lugar de mantener la relación empieza a conversar con ella. De ese diálogo surgieron los datos escalofriantes que llevaron al policía –que por entonces revistaba en Plaza de Mayo– a presentarse a la Justicia con las dos nenas. En principio, se estima que los uniformados empezaron a abusar de las niñas en 2008 o 2009, aunque la investigación todavía está en curso. Ellas llegaban en tren desde su vivienda en el conurbano y parece que los uniformados empezaron a abusar de su situación de indigencia con unos pesos o comida. Las relaciones al principio se mantenían en la pensión o en alguna estación de tren. El paso siguiente fue que se las empezaron a pasar unos a otros.

Troncoso había iniciado la causa como “NN” bajo el criterio de que era difícil de probar porque la principal prueba era el testimonio de las víctimas contra los policías. La jueza López luego aportó a la Procuración más expedientes donde el fiscal utiliza argumentos similares para archivar casos de violencia de género.