La efectiva aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual todavía genera idas y vueltas de presentaciones judiciales y pedidos de medidas cautelares. Los periodistas del Grupo Clarín Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Julio Blanck, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo Van der Kooy recurrieron ayer a la Justicia para presentar una acción de amparo contra la resolución que establece el vencimiento del plazo para la adecuación voluntaria del multimedios a la norma. Como respuesta, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, calificó la demanda como “otro disparate orquestado por (Héctor) Magnetto”.

El organismo estatal fue notificado el jueves de lo que llamaron un “insólito pedido” y en estos días trabaja en el descargo que presentará ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal de Pablo Cayssials. Luego de conocer la posición de la Afsca, el magistrado deberá decidir si hace lugar al reclamo de los periodistas.

La demanda, esta vez hecha por los empleados estrella de la compañía, viene a continuar una línea de varias presentaciones realizadas desde el Grupo Clarín, como el pedido de una medida cautelar realizado hace poco más de un mes para suspender la adecuación de oficio en tanto no se resuelva la cuestión de fondo, es decir, una denuncia de inconstitucionalidad para distintas resoluciones de la Afsca y el decreto que reglamenta el artículo 161 de la Ley 26.522.

El nuevo pedido lleva la firma de los abogados María Angélica Gelli y Ricardo Gil Lavedra. En la presentación judicial caratulada “Ivnisky Blanck, Julio y Otros c/AFSCA s/Amparo ley 16.986”, los periodistas del grupo pidieron una cautelar contra el inicio del proceso de transferencia de oficio de las licencias en las que se excede la compañía.

Se trata en este caso de la resolución 1121 del organismo estatal, a la que los demandantes consideran como parte de una “política oficial de silenciamiento de voces críticas y de ataque a la prensa independiente”. Para ellos, una norma que no legisla en torno de los contenidos transmitidos “constituye un acto de censura indirecta” y consideran que su fuente de trabajo corre riesgos ante la “sola hipótesis” de que las señales “sean adquiridas por empresarios cercanos” al Gobierno.

“En los últimos años, el gobierno nacional ha desarrollado una clara política tendiente a silenciar a las voces críticas”, sostuvieron quienes trabajan en los principales programas del Grupo Clarín. En la misma línea, señalaron la existencia de una estrategia “dirigida a restringir la libertad de prensa, suprimir todo disenso, imponer un discurso hegemónico” y hablaron de “represalia estatal” contra las voces opositoras, aunque admiten que en Argentina “se puede decir lo que se quiera”.

Para Sabbatella, “exigir que un empresario de medios cumpla con las leyes no afecta en absoluto a quienes trabajan en esos medios”. El titular de la Afsca salió al cruce de la presentación judicial y consideró que es un “invento absurdo y temerario que forma parte de la estrategia empresarial para burlarse de la ley”. “Es otro disparate orquestado por Magnetto, con el único propósito de no cumplir con los límites de tenencia de medios establecidos en la ley”, cuestionó.

Ahora, la Afsca debe remitir al juzgado de Cayssials su descargo antes del próximo 15 de diciembre. “Estamos trabajando en la respuesta a este nuevo intento evasivo de Magnetto, pero está clarísimo que el cumplimiento de una ley que pone límites a la concentración de medios no afecta en absoluto la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, concluyó Sabbatella.