Además de la decisión política de avanzar con la sanción del nuevo Código Procesal Penal, el oficialismo en la Cámara de Diputados contó con una encuesta que envalentonó al grueso de su tropa. El relevamiento que encargaron desde el bloque del Frente para la Victoria y que se realizó a fines de noviembre a nivel nacional arrojó que el 71 por ciento de los consultados consideró que “es necesario” un nuevo Código en el país y que el 43 por ciento evaluó el proyecto como “muy bueno y bueno”, contra un 32,4 lo consideró “malo y muy malo”. A la hora de opinar sobre el nivel de importancia de las modificaciones realizadas al viejo código, 52 de cada 100 consultados se inclinaron por valorar “la sanción a jueces y fiscales que retrasen los juicios” y “la reducción de tiempos y mecanismos más ágiles para realizar juicios”, mientras 32 lo hicieron por “la expulsión de los inmigrantes que se encuentren delinquiendo” y sólo 8 valoraron la importancia de “la participación de las víctimas en el proceso penal”.

Recién después de haber convertido en ley el nuevo Código Procesal Penal (CPP), en soledad y con el respaldo de sus aliados más fieles, los diputados del oficialismo rompieron el hermetismo sobre datos que manejaron antes de ingresar al recinto y que repasaron una y otra vez en silencio, y que terminó por reforzar el convencimiento del bloque: una encuesta nacional relevada entre el 27 y el 29 de noviembre, a la que Página/12 accedió, aunque conservaron en secreto el nombre de “la importante consultora” que la realizó.

La ficha técnica del relevamiento encargado por la bancada kirchnerista afirma que se realizó con 1200 casos de manera telefónica, con un cuestionario estructurado y con datos ponderados según sexo, edad y nivel educativo, y con un porcentaje de error en más/menos 2,8 por ciento.

El primer dato que valoraron los diputados oficialistas fue que el 71 por ciento de los consultados percibía como “necesaria” la modificación del CPP, con más altos porcentajes entre los hombres (72,5), dentro de la franja etaria compartida de 31 a 50 años (78,3) y entre los entrevistados con estudios universitarios completos (70,9). Entre las mujeres la cifra de la “necesidad” de modificaciones trepó al 68,4. En cambio, quienes consideraron que “no es necesario” el cambio fueron el 19 por ciento, con el nivel más alto entre los más jóvenes, de 16 a 30 años (25,7). Sólo 10 de cada cien no emitieron opinión.

La otra página del relevamiento en la que se detuvieron los diputados del Frente para la Victoria fue la que dividió a los consultados sobre la “intencionalidad del proyecto”, según los ejes que esgrimieron legisladores oficialistas y opositores. La idea de “agilizar y modernizar la Justicia” que planteó el oficialismo en el Congreso cosechó el 41 por ciento de adhesión entre los consultados, con los niveles más altos entre los hombres (44,8), entre varones y mujeres de 31 a 50 años (53,5), y en el nivel de instrucción de secundario completo (47,1). El 38 por ciento coincidió con el argumento opositor de “tener mayor control sobre la Justicia”, con los guarismos más altos entre los hombres (38,7), entre los mayores de 50 años (47,3), y con nivel de instrucción universitaria (47,8). El 21 por ciento restante respondió no saber.

En cambio, hubo páginas de la consulta con sensaciones agridulces para los diputados oficialistas. Una de ellas, la que concentró en cinco puntos los principales ejes de la reforma procesal penal para la Justicia federal y nacional. El punto referido a “reducir la duración de los tiempos de los juicios” fue la mejor evaluada, con el 82,5 por ciento de los encuestados sumando las ponderaciones de “muy buena” (61,2) y “buena” (21,3), mientras que el 11,7 la consideró “mala y muy mala”. Pero en segundo lugar, con el 82 por ciento de los encuestados se ubicó la “posibilidad de expulsión de inmigrantes en flagrancia”, con calificaciones de “muy buena” (53,6) y “buena” (28,4), mientras que el 9,7 lo consideró “mala” y “muy mala”. El tercer lugar en el podio de los consultados fue para las “sanciones a los fiscales y jueces que no cumplen con los plazos establecidos para la investigación”, con el 80,2 por ciento entre las calificaciones de “muy buena” (50,2) y “buena” (30); un 12 por ciento lo rechazó por “muy malo y malo” y un 7,8 no se pronunció.

Un escalón más abajo estuvieron los otros ejes. Que “las víctimas tendrán más participación en el proceso penal” sumó un 66,4 de adhesiones entre opiniones de “muy buena” (27,7) y “buena” (38,7), del otro lado el 17,3 entre lo que ponderaron la medida como “mala” o “muy mala” y un 16,3 dijo no saber. “Los fiscales serán quienes se encarguen de la investigación” cosechó un 65,4 de adhesiones entre opiniones de “muy buena” (21,7) y “buena” (43,7), mientras que el 18,8 se pronunció en contra, con un porcentaje del 11,6 entre los que lo consideran “muy malo”, y un 15,8 respondió no saber.

Pero a la hora de elegir el cambio “más importante”, los resultados dejaron helado a más de un diputado oficialista: en el primer lugar entre los encuestados, con un 31,9 por ciento de opiniones a favor, figuró “la expulsión de los inmigrantes que se encuentre delinquiendo”, una de las propuesta que enarbolaron los partidos más conservadores (como el massismo y el macrismo) y que generó mayor resistencia dentro del oficialismo, de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos, y cuya redacción final, aunque morigerada, no terminó de satisfacer a muchos legisladores. Las mujeres (38,2), los mayores de 50 años (35,2) y entre quienes tienen el primario completo (37) consideraron esa propuesta como la “principal” de la reforma.

La contrapartida para los diputados oficialistas fue que el 52 por ciento de los encuestados destacó la sanción a jueces y fiscales que retrasen los juicios (28,8) y la reducción de los tiempos judiciales (23,1) como los ejes más importantes del nuevo Código Procesal Penal. Otro de los ejes valorados por el oficialismo, “la participación de las víctimas en el proceso penal”, se ubicó cuarto, con el 7,8 por ciento de opinión favorable entre los consultados.