La Cámara de Apelaciones en lo Criminal revocó el viernes el sobreseimiento del ex ministro Carlos Corach en la causa en que se investiga el desvío en la causa AMIA. La decisión es clave. Hubo un momento del expediente en que se decidió echarle la culpa del atentado a un grupo de policías bonaerenses. Todo indicaba que la orden partió del gobierno de Carlos Menem y, en concreto, que se transmitió a través del ministro Corach. El dato provino de la declaración testimonial del secretario del juez original de la causa Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, quien contó que cuando el juez volvió de hablar con Corach en la Casa Rosada cambió todo el rumbo de la investigación. Pese a ese elemento y a otros, el juez Ariel Lijo había beneficiado a Corach con el sobreseimiento porque consideró que no había evidencias suficientes. Ahora la cámara revocó lo decidido por Lijo. Los camaristas también echaron atrás el sobreseimiento de los secretarios del juez Galeano en aquella época y de tres jefes policiales de la Bonaerense. Todos vuelven a quedar en la mira por las maniobras que se hicieron en la causa AMIA.

Un concepto llamativo del fallo del viernes es que, al pasar, la Cámara sugiere como hipótesis que toda la maniobra del caso AMIA se hizo para desviar la investigación de la llamada pista siria, un razonamiento que proviene de asociar dos hechos: primero, que se le pagara una coima a Carlos Telledín para que inculpara a los policías bonaerenses; segundo, que se hayan puesto obstáculos en la investigación del ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul. La Cámara dice al pasar que “esta solución (hipótesis) no ha sido cuestionada”.

El papel más activo en la causa denominada Encubrimiento en el caso AMIA lo tienen los familiares y amigos de las víctimas agrupados en Memoria Activa, representados por el abogado Rodrigo Borda. Pero también actuaron como querellantes otras agrupaciones de familiares, cuyo abogado Pablo Lanusse tuvo un papel trascendente en la audiencia. También estuvieron el Estado nacional, a través del jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena; la propia AMIA y, en este caso particular, los abogados de uno de los policías que estuvo preso por la causa del atentado, Juan José Ribelli.

Un dato asombroso es que en la audiencia ante la Cámara, el abogado de Corach fue Mariano Cúneo Libarona, quien antes fue defensor de quien ahora acusa a Corach, el ex comisario Ribelli. Pero la cuestión es más asombrosa aún: en su momento, supuestamente, Ribelli “apretó” a Galeano con un video en el cual aparecía el juez negociando dinero con Telleldín, principal acusado en el caso. Por ese hecho, estuvo preso el propio Cúneo Libarona. O sea que ahora Cúneo defiende a Corach, que debe ser investigado porque estuvo detrás de la maniobra que, de una u otra manera, llevó a la cárcel a su ex defendido, Ribelli, y a él mismo.

En su resolución del viernes, los camaristas Jorge Luis Rimondi, Carlos González y Gustavo Bruzzone fueron categóricos y sostuvieron que el juez Lijo no investigó como correspondía el vínculo de Corach con el caso AMIA. Por ejemplo, dicen que Lanusse pidió un entrecruzamiento de llamadas entre Corach, la entonces camarista Luis Riva Aramayo, la SIDE y Galeano. Esa era una forma de verificar si Corach estuvo vinculado al desvío de la causa, porque Galeano fue el protagonista, la camarista Riva Aramayo el nexo con Telleldín (lo fue a ver a la cárcel) y la SIDE quien aportó el dinero del pago a Telleldín. La Cámara amonesta a Lijo por la demora en realizar estas diligencias porque sostiene que las ordenó de forma inmediata hace ya siete años pero se hizo mal y en forma incompleta.

La Cámara reiteró varias otras medidas de prueba. Que declare otro personal del juzgado de Galeano para corroborar lo dicho por Lifschitz en cuanto a que el juez cambió la orientación de la causa después de volver de la Casa Rosada de una reunión con Corach. También se ordena que declaren testigos de lo que fue la supuesta reunión de la camarista Riva Aramayo (ya fallecida) con Telleldín. Y, además, la cámara ordena expresamente que se le dé acceso a todas las partes de las planillas de entrecruzamiento de llamadas.

La Cámara, por último, revocó también el sobreseimiento de los secretarios de Galeano Carlos Velasco, Javier De Gamas (hoy juez en Tierra del Fuego) y Susana Spina. Los camaristas le ordenaron a Lijo que les tome declaración indagatoria porque –dicen– los secretarios no podían desconocer el pago a Telleldín y las demás maniobras “ajenas al derecho”. Es más, la cámara instruye al juez para que desgrabe en forma completa los videos en los que Galeano negoció con Telleldín porque de allí pueden surgir más elementos respecto de los que colaboraron en la maniobra. Algo más suave es la postura de la Cámara respecto de tres oficiales de la Bonaerense que participaron de algunas partes de la investigación del caso AMIA. La Cámara también revoca su sobreseimiento, pero ordena que haya una definición sobre si está prescripto el delito en el caso de ellos, por haber tenido un papel menor.

Un punto neurálgico señalado por Rimondi, González y Bruzzone es la demora en el caso. En esto los camaristas coinciden con los familiares, el fiscal Alberto Nisman, las instituciones judías AMIA y DAIA y el Estado nacional: ya pasaron casi 21 años del atentado y no puede ser que este expediente se siga dilatando. En concreto, le plantean al juez que realice las medidas pendientes antes de fin de año.

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