La aplicación del protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y, de inmediato, la creación de una unidad fiscal especializada en la temática fueron, a fines de 2012, un paso fundamental que la Procuración General dio en el plano judicial para afilar su rol en la búsqueda de bebés robados a desaparecidos durante la última dictadura. El rol de esa estructura, en su segundo año de funcionamiento, superó las tareas desarrolladas en sus primeros pasos: multiplicó varias veces su asistencia en casos de presuntas apropiaciones, fortaleció la coordinación entre organismos de derechos humanos y otras instituciones públicas dedicadas a la temática y logró la aplicación correcta del protocolo –determinadas formas de proceder ante casos de robo de bebés durante el genocidio–. Pero fue por más y comenzó a realizar investigaciones propias para encontrar a más víctimas. Al cierre de su segundo ciclo, 17 fueron los casos que llegaron a la Justicia a partir de análisis de la unidad.

En diálogo con Página/12, Pablo Parenti asegura que la estructura que en el Ministerio Público Fiscal se dedica específicamente al robo de bebés durante la dictadura, y que él dirige, llegó para “completar y reforzar” los pasos que en la materia dieron y dan Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), entre quienes la “coordinación está cada vez más aceitada”. Pero los desafíos avanzan. “Nos propusimos desarrollar investigaciones autónomas.”

–¿Por qué decidieron dar ese paso?

–Se trata de aportar caminos de abordaje del universo de víctimas con las que trabajamos que complementen los históricos, las campañas que apuntan a gente que tiene dudas o a gente que tiene datos. Esas vías seguirán existiendo y es importante que lo hagan. Pero entendemos que no todos los hijos de víctimas de la última dictadura que faltan encontrar van a ser jóvenes que se presenten con dudas o se podrán resolver a partir de denuncias radicadas por terceros. Si no iniciamos investigaciones proactivas, corremos el riesgo de dejar nietos afuera. La pregunta fue el cómo: cómo hacemos para tratar de detectar las probables apropiaciones en el mar de millones de inscripciones que hubo en la dictadura. En esos años hubo cuatro millones de nacimientos, más decenas de miles de adopciones. Es un trabajo enorme, pero hay que intentar un camino.

El intento comenzó a dar resultados: de los 241 casos en los que se investiga el presunto robo de identidad que contaron con la intervención de la unidad especializada en apropiaciones, diecisiete surgieron del trabajo específico de ese equipo, que desgrana hasta el mínimo la información preexistente: datos surgidos de casos resueltos, registros de organismos de derechos humanos, documentación pública. Un mapa conceptual que busca llegar a lo específico.

–¿Cómo lo llevan a cabo?

–Lo primero fue realizar una caracterización del fenómeno a partir de los casos ya resueltos. Notamos que la enorme cantidad de casos que falta resolver son de bebés nacidos en cautiverio y que, de los casos de ese tipo resueltos, el mecanismo tradicional de llegada a las familias apropiadoras era mediante la inscripción como hijo biológico. Decidimos priorizar el trabajo sobre las partidas de nacimiento. Conseguimos las partidas digitalizadas de la Ciudad de Buenos Aires y empezamos a estudiarlas, en principio, concentrándonos en cierto período en que tenemos información de que hubo más nacimientos en cautiverio: entre 1977 y 1978. Estamos también revisando registros de Casa Cuna, cruzando libros de nacimientos de hospitales.

–¿Se pueden determinar patrones de acción?

–Es complicado plantear la existencia de matrices de acción concretas y establecidas. Sin embargo, hay ciertas características, ciertos rasgos que tratamos de determinar. Uno de ellos es la inscripción de nacimientos realizados supuestamente en domicilios. La mayoría de los casos resueltos en la ciudad estaban inscriptos de esa manera ya que así se evitaban la explicación sobre la ausencia de la historia clínica. La edad de la supuesta madre también es un elemento indicador: más de 40 genera sospechas. Entonces, vamos tratando de juntar esos elementos, caso por caso. Trabajamos con los testimonios de los juicios, de todos, no sólo de los procesos por apropiaciones. Le pedimos información a la Iglesia, para chequear la identidad de los padrinos de los niños. En muchos casos, los padrinos de los bebés robados eran sus propios entregadores, en su mayoría torturadores, secuestradores de sus madres. Esa es una hipótesis de investigación clara con la que se trabajó mucho tiempo y se sigue utilizando. La idea de entrecruzar información es ganarle al plan sistemático, poder descubrirlo, poder darle el marco.

–¿Suelen cambiar las maneras de actuar según las diferentes regiones del país?

–Hacemos una caracterización general que luego ajustamos a cada provincia, según lo que conocemos del lugar. Hay una tendencia a que los bebés hayan sido entregados en el mismo lugar en el que fueron robados a sus madres. En ese sentido, es raro lo que sucedió con el último caso: un bebé nacido en la ESMA que apareció como nacido en Corrientes. El vivió en Capital, no sabemos todavía por qué lo anotaron en Corrientes. Pero hay particularidades. En Tucumán, por ejemplo, se dio un par de casos de apropiación de chicos ya nacidos al momento del secuestro. Hay un chico que tenía cuatro años cuando fue robado. Ahí alteramos un poco el foco de las partidas y nos centramos también en el sistema de adopción. La mayoría de las provincias no tiene casos resueltos. La mayoría es de la Ciudad de Buenos Aires.

–La unidad también trabaja con casos que comenzaron en otros espacios: denuncias presentadas en Abuelas, en la Conadi, datos que llegan del Fondo de Recompensas del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas.

–Sí, desarrollamos más de 200 investigaciones preliminares este último año. Se trata de una especie de fortalecimiento de las causas antes de llegar al juicio: reforzar antes de denunciar. Antes, Abuelas iba con la denuncia ante un juez y un fiscal, de quienes dependía el curso de la investigación. Según las ganas que le ponían, cuánto sabían... se demoraban muchas veces por estas cuestiones, pedían mal la información. Cuando Abuelas o Conadi o un particular u otro organismo de derechos humanos nos acerca un caso, complementamos la información que ya trae el expediente y recién cuando está firme lo denunciamos ante la Justicia, la mayoría de las veces con un pedido concreto de ADN debido a que la cantidad de información que cuenta lo amerita. De los casos en los que trabajamos, 85 llegaron a la Justicia con un pedido concreto de que se efectúe la toma de muestras biológicas para el cotejo de ADN. Es un período en el que hay expectativa no sólo de que la gente se acerque, ya sea jóvenes con dudas sobre su identidad u otras personas con datos que tenían guardados. También es un buen momento porque logramos profundizar el trabajo coordinado con otras instituciones, con Abuelas y Conadi nos pusimos de acuerdo en muchas cosas, en cómo dividir y coordinar el trabajo. Fue muy bueno.