Los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, con una mayoría cada vez más reducida, eligieron como presidenta del tribunal para el año 2015 a la jueza Ana María Figueroa. Tras una extensa deliberación, definieron además la continuidad como subrogante de Luis Cabral, designado en 2011 sin sorteo, y volvieron a rechazar la posibilidad de que las cuatro vacantes en Casación fueran cubiertas con los jueces que formarán la Cámara de Casación Penal ordinaria; es decir que las subrogancias seguirán estando a cargo de integrantes de la actual Casación.

La elección de la máxima autoridad del tribunal reeditó un debate interno sobre el método utilizado. Hasta el año pasado, los jueces venían utilizando el criterio de rotarse en el cargo de acuerdo a su antigüedad, de manera que todos en algún momento estuvieran a cargo de la presidencia. Sin embargo, en el 2014 este acuerdo histórico se rompió porque una parte de los magistrados que integran la Cámara decidieron no apoyar la candidatura de Alejandro Slokar, que en ese momento debía acceder a la presidencia. El principal motivo fue la pertenencia de Slokar a Justicia Legítima.

Ayer, Figueroa consiguió ser designada con seis votos: los del presidente saliente, Mariano Borinsky, Luis María Cabral, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, además del propio. En cambio, se abstuvieron Slokar, Angela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y Pedro David, que no presentaron candidato, pero recordaron que el año pasado habían reclamado la presidencia para Slokar.

Con el nombramiento de la jueza, en un giro irónico, se retomó el criterio de que la presidencia sea rotativa por orden de antigüedad entre los integrantes de la Cámara. Como vicepresidente primero fue elegido Gemignani y vicepresidente segundo, Catucci.

La nueva presidenta de Casación viene de Santa Fe. Trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos en Rosario y es profesora de Derecho Constitucional. Al llegar a Casación, en 2011, compartió sala con Ledesma y Slokar, pero tuvieron fuertes diferencias y cambió a otra sala. Sus votos han sido de todo tipo, desde la cuestionada condena a Fernando Carrera (por atropellar a dos mujeres y un niño cuando la policía lo perseguía por un robo que él desconoce), hasta disidencias elogiadas como la que decía que la Procuración Penitenciaria debía fiscalizar los institutos de menores, y su rechazo a las domiciliarias masivas de los presos.

El acuerdo para elegir autoridades se inició con un revés para el presidente saliente Mariano Borinsky, al que le rechazaron el informe que en algunos medios se había presentado como Memoria Institucional de la Cámara. Sus pares entendieron que se trataba de una mera síntesis de su actuación, con datos estadísticos que no apuntaban al contenido cualitativo de las decisiones.

Por otra parte, los jueces rechazaron la posibilidad de que las subrogancias sean cubiertas por sus pares de la Cámara de Casación Penal ordinaria y designaron como subrogantes a Borinsky, Hornos y Cabral, al que volvieron a confirmar con el apoyo de Riggi y Catucci, aunque esta última también se opuso el método de computar las subrogancias. El resto de los magistrados planteó la cobertura de las cuatro vacantes con integrantes de la Casación Nacional, tras plantear que la subrogancia de Cabral debía ser dejada sin efecto. “La habilitación de la Cámara de Casación Penal ordinaria, conforme la acordada de la Corte Suprema, da prioridad, después de los integrantes de este tribunal, a los jueces de dicho cuerpo para ocupar las vacantes”, recordaron.

Las salas quedaron definidas con la siguiente integración: la Sala I por Hornos (subrogante), Figueroa y Cabral; la II por David, Slokar y Ledesma; la III por Catucci, Riggi y Borinsky (subrogante) y la IV por Hornos, Borinsky y Gemignani.