Las maniobras de funcionarios judiciales de Bahía Blanca a favor de la impunidad de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, están en la mira del Consejo de la Magistratura. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia recusaron por falta de imparcialidad en las causas de lesa humanidad al juez subrogante Santiago Martínez y a su secretario Mario Fernández Moreno, caras visibles del ardid que le permitió al defensor del empresario apartar al juez Alvaro Coleffi cuando debía pronunciarse sobre la situación de Massot y de Hugo Sierra, íntimo amigo de Martínez. También los recusaron la APDH e Hijos, entre otros organismos, que anoche marcharon para denunciar la negativa de la corporación judicial a investigar a los civiles partícipes del terrorismo de Estado. Familiares de Enrique Heinrich, dirigente gremial asesinado en 1976 tras enfrentar al multimedio, se presentarán hoy ante el Consejo para reclamar la designación de un juez ad hoc de otra jurisdicción.

La recusación fue producto de “circunstancias falsificadas y distorsionadas” con “el único fin” de apartar a Coleffi, denunciaron los fiscales. La invocación de Fernández Moreno a la “violencia anímica” que le produjo verlos en la oficina del juez es “una maniobra deliberada y oportuna” para “obstruir los procesos”. “Es obvio que Fernández Moreno (como ladero implacable) coincide con el curso que siguen los trámites de Martínez”, sostuvo días atrás el propio Cole-ffi. Consideró “sugestivo” que al secretario no le haya generado violencia moral que horas antes de la indagatoria a Massot se hayan enterado por su radio de una denuncia en su contra. “Tampoco le causó abatimiento moral” que por decisión de Martínez hayan tenido que buscar otro edificio para indagarlo. “Tampoco lo vi moralmente desecho” cuando Martínez “evidenció su fastidio con la citación y el procesamiento de monseñor Guillermo José Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca”, abundó.

Los fiscales recusaron a Martínez por su “generalizada práctica de obstaculización que pone en riesgo los procesos”. Recordaron su “intento de fragmentar y descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos”, revertido por la Cámara, y su rechazo a investigar delitos sexuales aun cuando la Cámara se lo ordenó. Las evidencias más claras surgen en los casos de civiles. En el de Sierra se inhibió por su “directa y estrecha relación”. También por amistad se apartó en el caso del ex juez Francisco Bentivegna. A Gloria Girotti, otra ex secretaria judicial, le dictó falta de mérito. Para fundarla dio por falso el relato de una víctima, ignoró la firma de la imputada en un acta y recurrió a “elucubraciones y falacias”, señalaron los fiscales. En el caso del capellán Aldo Vara rechazó la acusación y, cuando la Cámara le ordenó detenerlo, se apartó de la causa.

En el caso de Massot, primero sugirió que el diario sólo había hecho uso de su libertad de expresión. La Cámara revocó la decisión, los fiscales lo recusaron y lo reemplazó Coleffi. El 11 de noviembre la indagatoria de Massot debió posponerse por “falta de espacio” (sic) en sus oficinas. En la segunda cita, 20 de noviembre, fue cuando la radio de Massot informó sobre su denuncia contra Coleffi por supuesta violación de secretos ocho meses antes. El 27 los fiscales ratificaron el pedido de detención y procesamiento. Horas después Fernández Moreno presentó el escrito en bandeja a Diskin. Resulta “patente la coordinación de las maniobras”, remarcaron, y recordaron sanciones al secretario por demorar apelaciones en beneficio de imputados. Su actuación, concluyeron, es “tan grave, intensa y maliciosa como la del juez subrogante al cual responde”.