La Justicia ordenó la “inmediata reinstalación” efectiva de 28 trabajadores despedidos de la autopartista Lear. Fue una decisión de la sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a cargo de los jueces Enrique Brandolino, Daniel Stortini y Gregorio Corach, en consonancia con el dictamen del fiscal Eduardo Alvarez. “Es un gran triunfo no sólo para los despedidos de Lear, luego de más de seis meses de lucha, y de las organizaciones que los apoyamos, sino de todo el movimiento obrero porque sienta el precedente de que no puede haber despidos masivos arbitrarios”, dijo Edgardo Moyano, abogado de los operarios que pertenece al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. “También es un cachetazo para los dirigentes del Smata que apoyaron el accionar de la empresa”, agregó.

A través de una medida cautelar, los jueces ordenaron disponer que Industria Lear de Argentina deberá proceder a la inmediata reinstalación de los despedidos, bajo apercibimiento de disponer su ejecución con el Ministerio de Trabajo. La medida se fundamentó en que se trató de despidos masivos sin presentación previa del “procedimiento preventivo de crisis” que, según la ley 24.013, es un requisito “imperativo”, y sin el cual deben ser anulados por la cartera laboral. Los jueces cuestionaron al Ministerio de Trabajo que “se limitó a fijar audiencias y efectuar exhortaciones por una conciliación voluntaria”.

El conflicto en Lear comenzó el 28 de mayo, cuando la autopartista suspendió por tiempo indeterminado a 330 operarios. Luego, despidió a 240. La decisión empresarial derivó en sucesivos cortes en la autopista Panamericana, algunos de los cuales terminaron con choques violentos y represión de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, los trabajadores lograron también un fallo favorable que impidió a la Gendarmería actuar contra sus manifestaciones luego de que fueran denunciados miembros de esa fuerza por infiltrarse en las protestas, y por el episodio del “gendarme carancho”, que se arrojó contra el vehículo de un trabajador que circulaba a baja velocidad por la Panamericana para simular ser embestido y así justificar la brutal detención que tuvo lugar segundos después.

Durante el conflicto fueron reincorporadas 61 personas y 151 aceptaron indemnizaciones. Los 28 trabajadores restantes son los que ahora deben ser reinstalados en sus puestos.

El diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT) dijo que el fallo “muestra que la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Y el legislador porteño Patricio del Corro (PTS-FIT) recordó que “hubo trabajadores de Lear que rechazaron indemnizaciones de un millón de pesos para seguir cortando rutas, bancándose represiones y amenazas de la patota de Smata”. El abogado Moyano agradeció al CELS, a Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación de Abogados Laboralistas, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Elía Espen (Madre de Plaza de Mayo) y Victoria Moyano (nieta restituida) que presentaron un amicus curiae en la causa patrocinados por Beinusz Szmukler, Eduardo Tavani, José Massoni y Mariana Katz.