Pasada la medianoche, el Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados lograron convertir en ley en la Cámara baja el proyecto Argentina Digital con 131 votos a favor y 97 en contra de la oposición representada por la UCR, PRO, Frente Renovador y Unen, que rechazó con variados argumentos el nuevo marco regulatorio. Su postura central fue que la iniciativa estuvo escrita “por y para Telefónica y Telecom”. A su vez, cuestionaron el diseño de la autoridad de aplicación, a pesar de que fueron los que reclamaron su inclusión en el texto y presentaron algunos argumentos para impugnar judicialmente la norma. Este fue el caso de Graciela Camaño (FR), que a su vez desconoció algunos de los cambios realizados durante el debate en la Cámara de Senadores, al igual que Felipe Solá, de la misma bancada. El espíritu de la norma apunta a que los grandes jugadores –las telefónicas y Cablevisión– puedan abrir sus redes para que otras empresas ingresen en el mercado. Aquí radica el núcleo central de la ley, además de establecer parámetros para la neutralidad de la red. Estos aspectos fueron cuestionados por las grandes corporaciones, a pesar de la negación opositora. Con esta sanción se modifica un marco normativo vigente desde 1972.

“Los desarrollos TICs son imparables y el Estado debe conducir el proceso regulatorio para no dejarlo en manos del mercado. El Estado viene incrementando la inversión en infraestructura, esto incidirá en el desarrollo de las telecomunicaciones. Queremos fortalecer a los actores locales (pymes y cooperativas) y respetar las incumbencias y convenios de los trabajadores”, aseveró Mario Oporto, titular de la Comisión de Comunicaciones. La mención del respeto de los convenios colectivos de trabajo fue un guiño para los sindicatos que se mostraron preocupados por la aplicación de la ley.

Uno de los aspectos más discutidos del proyecto fue su autoridad de aplicación. El texto enviado por el Poder Ejecutivo no lo definía. A partir del debate parlamentario y de las objeciones de la oposición y las empresas del sector, se incluyó el diseño de una Autoridad Federal de Servicios TICs a imagen y semejanza de la Afsca, que regula a los medios audiovisuales.

“Hay un abuso de facultades extraordinarias al transferir a la nueva Afstic el Correo, Arsat, la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae)”, sostuvo Camaño. Sin embargo, la Conae quedó afuera de esta regulación, según la modificación realizada en el Senado. Solá, por su parte, sostuvo que la nueva autoridad de aplicación carecerá de directores de la oposición, cuando el texto de la norma reserva dos asientos para las minorías parlamentarias, además de habilitar el control de una comisión bicameral.

“Esta ley incluye un impuesto, por lo tanto fue una grave falta haber ingresado el proyecto por el Senado. Además, nadie dice qué se hará con el dinero recaudado por ese fideicomiso (Servicio Universal)”, agregó la renovadora Camaño. Esa cuestión procedimental podría utilizarse para impugnar la iniciativa. El antecedente es lo ocurrido con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando el diputado Enrique Thomas consiguió una cautelar que frenó el avance de todo el proyecto.

“En Europa se debate cómo proteger a sus industrias y servicios locales respecto de los gigantes tecnológicos norteamericanos. Reeditan una batalla económica y un choque de valores contra el falso emprendedorismo capitalista, que utiliza las banderas del librecambio para reeditar relaciones de dependencia. En este marco, América latina también recibe presiones desde las grandes empresas tecnológicas. Por esto, Argentina encara estas situaciones estratégicas con un Estado fortalecido, con una legislación actualizada, que enfrenta el desafío de la convergencia”, sostuvo Liliana Mazure (FpV), quien insertó su discurso en la versión taquigráfica.

El proyecto define “de interés público” los servicios TICs y como servicios públicos en competencia al acceso entre y para los operadores. Este último punto es clave, ya que el Estado será el responsable de regular la interconexión entre empresas, lo que permitirá, según el espíritu de la norma, la apertura de las redes locales. En la actualidad, los contratos de interconexión –lo que una empresa debe pagar para acceder a la infraestructura de otra compañía– eran definidos por los actores privados.

Durante el debate en el Senado, el presidente de la Asociación Santafesina de Televisión por Cable, Héctor Delloni había narrado una serie de casos en los que las telcos llegaron a cobrarles a las pymes más de 1000 dólares el mega de conexión, sumado a las dilaciones para la interconexión con las redes troncales. El Estado buscará evitar este tipo de situaciones, extendidas por todo el país según las denuncias de los pequeños prestadores y enmendar la falta de regulación de los últimos 14 años.

“Este proyecto modifica la reglas de juego peligrosamente para la población. El ingreso de las telefónicas en el audiovisual representará una competencia desleal. Las premiamos (a las telefónicas) con una ley hecha a su medida”, manifestó Miguel Angel Giubergia (UCR). Por su parte, Claudio Lozano reclamó declarar servicio público la telefonía móvil como así también el acceso a Internet.

Por su parte, el macrista Federico Sturzenegger reclamó que el nuevo marco regulatorio permita la aplicación de subsidios cruzados para financiar la operatoria de las grandes corporaciones. Según el texto de la norma, los subsidios cruzados favorecerían la concentración. Por eso se los prohíbe. En este sentido, una de las modificaciones introducidas en la Cámara alta fue que las empresas de telecomunicaciones y las audiovisuales deberán conformar unidades de negocio separadas, llevar contabilidad diferenciada y facturar por separado las prestaciones correspondientes, no incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas unidades de negocio.

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