“Esto no es contra mí sino contra las políticas institucionales de la Procuración, es un tiro por elevación a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”, advirtió el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Antilavado, conocida como Procelac. Acababa de enterarse de la decisión del juez Claudio Bonadio de declararlo en rebeldía, prohibirle la salida del país y pedir su de-safuero para llevarlo por la fuerza a prestar declaración indagatoria. Ayer Gonella tenía su quinta citación judicial, pero presentó temprano un escrito donde decía que no declarará hasta que estén dadas todas las “garantías” y estén resueltos los planteos en los que lo señala como un juez parcial que actúa con animosidad. Bonadio le adjudica el delito de violación de secretos por la difusión a través de la página web del Ministerio Público de un dictamen que involucraba a la jueza María Gabriela Lanz en una causa sobre lavado de dinero, derivada de la condena por narcotráfico contra su pareja, el empresario español Valentín Temes Coto, quien vendía cocaína escondida en cajones de manzanas. “Está en juego el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno y el acceso a la información judicial de acuerdo con los parámetros de la Corte Interamericana”, insistió el fiscal cuestionado.

Gonella afirmó que la medida de Bonadio es “un disparate” y que se trata de “imputación estrafalaria”, que si prospera “podría comprometer internacionalmente al país”. “Es una paradoja –dijo– que los fiscales que investigan el lavado del narcotráfico terminan denunciados por una jueza que está siendo investigada por lavado.” El fiscal considera que todo es parte de la guerra de jueces federales contra funcionarios designados por la gestión actual de la Procuración, en la que los primeros usan las indagatorias y procesamientos como método de presión. “Los utilizan con fines espurios –enfatizó–, de lo cual tenemos muestras concretas en las últimas semanas.” Más aún ahora, que están disconformes porque el nuevo Código Procesal Penal terminaría con esas prerrogativas y dará el poder de investigación a los fiscales.

La primera citación de Bonadio a Gonella estaba prevista para el 23 de octubre. A partir de entonces, el fiscal hizo diversas presentaciones judiciales: pidió la nulidad del llamado a indagatoria, recusó al juez y cuestionó que le impidan presenciar los testimonios en la causa. La Sala II de la Cámara Federal rechazó todos sus reclamos, por eso los llevó a la Cámara de Casación Penal, que todavía debe expedirse. En el ínterin, el juez Bonadio volvió a convocarlo a la indagatoria el 11, el 18 y el 25 de noviembre. Luego le dio un ultimátum que vencía ayer. “No he ido a las indagatorias porque hay planteos pendientes de resolución en las instancias superiores, por el accionar arbitrario del juez. No me ha permitido el acceso a la causa ni a la documentación, ni participar de los testimonios que dispuso, lo que ya denota que no estoy ante un juez imparcial como exige la Constitución. No están dadas las condiciones para que me indague”, le dijo Gonella a Página/12.

La causa que instruye Bonadio se inició con una denuncia de la jueza Lanz, quien se molestó porque la página web www.fiscales.gob.ar informó que su nombre figuraba en un dictamen del fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff como una de las personas que debían ser investigadas y eventualmente indagadas en un importante expediente sobre lavado de dinero que se había abierto como derivación del juicio oral donde su pareja, Temes Coto, recibió el año pasado una condena a 20 años de prisión por el tráfico de más de tres toneladas de cocaína. Fue la pena más alta que se haya aplicado en el país por ese delito. El operativo se conoció como Manzanas Blancas.

A raíz de ese caso, la Unidad de Información Financiera (UIF) envió a la Procuraduría antilavado, al mando de Gonella, un informe con reportes sospechosos bancarios y detalles sobre el entorno de amigos y familiares de los acusados en aquel juicio. Ahí apareció Lanz, entre otras sesenta personas, treinta con chances de ser indagadas. Gonella presentó esa información en el fuero en lo penal económico. En función de eso, el fiscal Guerberoff hizo el requerimiento de instrucción de rigor, que es el primer paso para abrir una investigación cualquiera, y eso fue publicado en la agencia de noticias del Ministerio Público, equivalente a la que tiene la Corte Suprema para las resoluciones de los jueces, llamada Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar), que ayer dio cuenta de la declaración de rebeldía dictada por Bonadio.

Lanz considera que tanto Gonella como Guerberoff incurrieron en violación de secretos por haber dado difusión, a través de la web, al dictamen que la incluía. A Gonella, además, lo cuestionó por reproducir el tema en Twitter. La jueza considera que el dictamen era secreto. La Procuración lo entiende como un asunto de interés público.

Bonadio también acusa a Gonella de abuso de autoridad por haber sugerido (en función de datos de la Unidad de Información Financiera) que se investigue a la jueza, quien considera que la persiguen por haber respaldado las medidas contra Lázaro Báez que pedía el fiscal José María Campagnoli en un expediente que duplicaba medidas que ya tomaba la Justicia federal, como advirtió la Cámara del Crimen. Lanz dice que por el caso Báez la implicaron en el caso de lavado. Con el requerimiento de instrucción del fiscal Guerberoff, sin embargo, estuvo de acuerdo el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada, quien ordenó todas las medidas sugeridas, lo que implicaba investigar a la jueza.

Bonadio llamó a indagatoria a los dos fiscales en función de recortes periodísticos y de la denuncia de Lanz. Su decisión de declarar a Gonella rebelde, prohibirle la salida del país y pedir su desafuero se basa en que supone que omitió presentarse a declarar en cinco oportunidades en forma “maliciosa” y que todos los planteos judiciales que hizo sólo tienen el fin de “no comparecer a las audiencias” a las que fue convocado. No tuvo “graves y legítimos impedimentos” para presentarse, sostuvo Bonadio, y “siempre fue correctamente anoticiado” de las citaciones. “La conducta desplegada por Gonella no lleva más que a considerar su mala intención para resistirse a intervenir en el proceso y es por eso que se lo declarará contumaz”, afirma la resolución del juez. El juicio político, sostiene, es la única forma en que puede llevarlo obligado a declarar, ya que actualmente tiene fueros. El proceso de enjuiciamiento está a cargo de un tribunal de la Procuración y difícilmente prospere. “No tiene ningún sustento lo que resolvió el juez, ya que me puse a disposición, el rebelde se oculta, yo estuve trabajando todo el día. Voy a apelar”, refutó Gonella.

Gerberoff sí aceptó ser indagado ayer. Pidió la presencia del fiscal del caso, Carlos Stornelli, para que le explicara bien de qué se lo acusa, pero no tuvo suerte. Una secretaria del juzgado le preguntó si acostumbra a mandar sus dictámenes a la página web del Ministerio Público y contestó que sí, siempre en relación con sus causas, de narcotráfico y criminalidad económica, que le parezcan de interés público. Elogió incluso la difusión de información judicial que realizan tanto esta web como la de la Corte. También aclaró que él simplemente impulsó la apertura de una pesquisa y sostuvo que corre por cuenta de cada medio si presenta la información con más o menos escándalo. La secretaria judicial le preguntó también sobre el origen de la causa contra Lanz y señaló la información que había proporcionado la UIF y explicó que él hubiera incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones si no impulsaba la causa.

“A los jueces se les termina el negocio”, dijo Gonella la semana pasada, después de que otro juez, Marcelo Martínez de Giorgi, lo procesó por prevaricato, acusándolo de evitar investigar a Lázaro Báez. El fiscal, que encabeza una de las áreas más sensibles, otrora gobernada por jueces y por fiscales desplazados de la escena, se ha convertido en el foco de ataques. Tras la derogación de las calumnias e injurias, como forma de criminalizar la comunicación, la tendencia establecida por la Corte Suprema ha sido la de informar todas las actuaciones judiciales, más aún cuando son de interés público. Por eso también esta causa es llamativa. Sólo se considera secreto lo que puede perturbar el avance de una investigación o lo que sea señalado por ley. Pero nada prohíbe la difusión de dictámenes de fiscales. Para la Corte Suprema la “publicidad del proceso” ha sido la premisa. Un requerimiento de instrucción como el de Guerberoff es un acto de gobierno, y como tal es público. El CIJ ha publicitado todo el devenir de esta investigación.