El juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ESMA, el mayor en términos de cantidad de imputados del que se tenga registro, se acerca a su fase final. Luego de recibir más de 400 declaraciones durante dos años, el 23 de febrero comenzará la etapa de alegatos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele. La particularidad del proceso que encabeza el Tribunal Oral Federal 5, que ya condenó en el juicio anterior a Acosta, Astiz & Cía., pasa por los casos de vuelos de la muerte, ya que por primera vez hay ex pilotos y tripulantes de aviones de la Armada y de Prefectura entre los acusados.

El proceso que concluirá en 2015 es el tercero por delitos de lesa humanidad en la ESMA si se contabiliza el que tuvo como único acusado al prefecto Héctor Febres, quien murió envenenado con cianuro en su prisión VIP de Prefectura antes de escuchar la sentencia. La mayor parte de los 63 acusados sólo estuvo presente en las audiencias iniciales, algunos volvieron a la sala para escuchar declaraciones puntuales y la marca distintiva la aportó Ricardo Cavallo, que tuvo asistencia casi perfecta y nunca dejó de tomar apuntes cual taquígrafo en su computadora personal.

La próxima semana los jueces Daniel Obligado, Adriana Pagliotti y Leopoldo Bruglia recibirán las últimas declaraciones testimoniales. Luego de la feria judicial de enero se realizará una inspección ocular a la isla El Silencio, una propiedad del Arzobispado de Buenos Aires en el Tigre a la que fueron trasladados varios secuestrados durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Después llegará el turno de los alegatos, primero de los fiscales y luego de los querellantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Justicia Ya!, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre y los abogados Pablo Llonto y Luis Zamora.

Una de las marcas distintivas de los alegatos será el ofrecimiento de pruebas sobre los vuelos de la muerte. Entre los acusados están los tripulantes del Skyvan de Prefectura acusados de arrojar al mar a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Enrique De Saint Georges, Mario Arru y Alejandro D’Agostino, y tres marinos que llegaron a juicio a partir de sus confesiones en privado: el capitán Emir Sisul Hess, el mecánico Rubén Ricardo Ormello y el teniente Julio Poch, extraditado a partir de una investigación del Reino de los Países Bajos. A los testimonios históricos de sobrevivientes sobre los “traslados” y a la confesión pública del capitán Adolfo Scilingo, que cumple condena en España, se sumó abundante prueba testimonial y también documental que ratifica el sistema aprobado por la jerarquía católica, según contó en su momento Scilingo.

Querellantes consultados por Página/12 apuntaron que hubo más de veinte sobrevivientes que declararon por primera vez como testigos y calificaron de abundante la prueba aportada sobre cada uno de los acusados, en su mayoría ignotos para la sociedad. Otro aspecto que se tornó evidente a lo largo del proceso y que se reflejará en los alegatos es la cantidad de oficiales y suboficiales que resta juzgar. En la represión ilegal hubo “una actuación institucional de toda la Armada”, declaró en 2012 el capitán Adolfo Donda, molesto por la ausencia de tantos compañeros. La instrucción sobre sus actuaciones continúa en el juzgado a cargo de Sergio Torres, donde también se trabaja en la imputación de los jefes de la Aviación Naval que encabezaron la estructura de los vuelos de la muerte.