El juez federal Ariel Lijo procesó ayer al presidente de la Cámara de Casación bonaerense, Federico Domínguez, por el delito de extorsión, en el marco de la investigación de las irregularidades cometidas en el caso AMIA. Domínguez es uno de los jueces de mayor rango en la Provincia de Buenos Aires y en su momento era funcionario del Ministerio de Seguridad. En ese marco, presionó a tres policías bonaerenses para que declararan que vieron la camioneta Trafic –luego usada como coche-bomba– en una brigada policial de Lanús, pocos días antes del atentado. El objetivo fue desviar la causa AMIA. También Lijo procesó a un mediático comisario retirado, Luis Vicat, y a la abogada de uno de los policías, Marta Parascandalo.

La Cámara Federal, con una conformación especial, le había ordenado a Lijo que definiera la situación de Domínguez y los demás imputados en esta vertiente. Y, además, había instruido al magistrado para que no demorara más las cosas, dado que pasaron ya muchos años del atentado y de la denuncia por desviar la investigación.

En 1994, después del atentado, el principal sospechoso, Carlos Telleldín, filtró la idea de que entregó a policías bonaerenses la camioneta Trafic que él mismo armó con partes robadas. Según el Tribunal Oral, ese vehículo fue el usado como coche-bomba. En sus diálogos, entre otros con este diario, Telleldín contó que los policías lo extorsionaban porque él estaba en el mundo de los autos robados y que, para que no lo metieran preso, les dio la Trafic.

La movida llevó a la detención de un grupo de uniformados de la Bonaerense, entre ellos a Bautista Huici, Diego Barreda y Claudio Araya, que fueron alojados en el Departamento Central de la Policía Federal, en la calle Moreno. Domínguez –según sostiene Lijo en el procesamiento– le ofreció ventajas a Huici para que declarara contra el grupo de policías bonaerenses, cuyo líder era el comisario Juan José Ribelli. Vicat fue parte de la maniobra y Parascandalo era la abogada de Huici y también intervino. Efectivamente, después Huici terminó beneficiado: fue el único de los policías bonaerenses que consiguió la libertad.

La pista de la Bonaerense no parecía descabellada. Telleldín tenía un vínculo estrecho y había antecedentes claros de que lo extorsionaban porque él vivía en el delito con el visto bueno de los uniformados. Lo que Lijo sostiene es que ésa fue la base para armar después una pista falsa, porque no sólo le pagaron a Telleldín, sino que le indicaron qué fotos de policías debía marcar diciendo que ésos se llevaron la camioneta del atentado. Y, en el caso del procesamiento de ayer, se le ofrecían ventajas a policías para que señalaran que otros de la Brigada habían tenido el vehículo antes del ataque.

Lijo dictó un embargo de 500 mil pesos al titular de la Casación.