La megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán tuvo un nuevo impulso. Veintidós nuevos imputados –ex militares, ex gendarmes y ex policías– fueron detenidos la semana pasada como parte de los avances en la investigación a cargo del fiscal federal Pablo Camuña. Quince de ellos ya fueron indagados y, salvo en un caso de excarcelación, permanecen con arresto domiciliario.

Se trata de represores del Destacamento de Inteligencia 142, que estaba a cargo del centro de detención y torturas la Escuelita de Famaillá, y de un grupo de jefes y subjefes de unidades que participaron del Operativo Independencia, como el Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) de Jujuy y el RIM 28 de Tartagal.

De los veintidós arrestados, quince fueron llevados a Tucumán para prestar declaración ante el fiscal y el juez federal Daniel Bejas. Otros siete detenidos alegaron estar impedidos de ser trasladados por motivos de salud, por lo que el juzgado evaluará la situación y probablemente decida tomarles indagatoria en sus domicilios.

Esta es la segunda tanda de imputados de la megacausa. Los detenidos del grupo que se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 142, que manejó la Escuelita de Famaillá, son Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Máximo Viltes, Angel Fassola, Domingo Miguel Cruz, Marcelino Teodoro González, Gustavo Tomás Roque Cordero, Medardo Roberto Naranjo, Roberto Aquilino Barboza y Santiago Arriazu. Otros dos fueron oficiales de Gendarmería a cargo de la custodia y los traslados en el centro clandestino de detención, Casiano Pedro Burtnik y Enrique Pascual Avaca. A su vez, Manuel Rubén Vila y Eduardo Alfonso Pomponio habrían integrado el Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía.

La lista se completa con Omar Edgardo Parada –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28–, Julio César Meroi –segundo jefe de la Compañía de Comunicaciones 5 de Tucumán–, Julio Luis Teodomiro Bidone –jefe del grupo de Artillería de Montaña 5 de Jujuy–, Rolando Rodríguez Argumedo –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 20 de Jujuy–, Enrique Bonifacio –jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato–, Ernesto Alejandro Repossi –jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal–, Manuel Santos Véliz –del Servicio de Informaciones Confidenciales en la Jefatura de Policía– y Antonio Féliz Castelli –jefe de la Agrupación X San Juan de Gendarmería–. Los operativos de detención estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y abarcaron a diez provincias.

El centro clandestino que funcionó en la Escuelita de Famaillá fue para los investigadores el eje clave del Operativo Independencia, que comenzó durante el gobierno de Isabel Perón, en febrero de 1975, y se extendió hasta entrada la dictadura, en 1977, encabezado por el general Acdel Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi. Con el argumento de eliminar los “focos subversivos” del ERP en el monte tucumano, el operativo significó la ocupación militar de la provincia y la persecución de todo aquel que resultara sospechoso de simpatizar con la guerrilla. Por la Escuelita pasaron, según las denuncias acreditadas, al menos 1507 personas, acusadas por los represores de mantener una “relación estrecha con el enemigo”.

En esta misma megacausa hay otros dieciocho represores imputados para los que la fiscalía ya requirió la elevación a juicio oral. Ese grupo, encabezado por Mario Benjamín Menéndez, ya fue procesado por delitos como la privación ilegítima de la libertad y el uso sistemático de la tortura contra 270 víctimas. Este grupo de represores está así cerca de ser juzgado, aunque para que se fije fecha de inicio de las audiencias públicas y orales todavía resta que el juez Bejas responda a las apelaciones al requerimiento a juicio presentadas por sus defensores.

Por otra parte, el mes pasado el magistrado hizo otro avance en el expediente al procesar a Roberto Gordillo, “jefe de interrogadores” del Operativo Independencia, por los delitos de homicidio, torturas y violaciones. En su fallo, el juez señaló que los delitos “se cometieron en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra un grupo nacional argentino identificado como ‘enemigo’ del pensamiento ‘occidental y cristiano’, en el marco del delito internacional de genocidio”.

La fiscalía de Camuña investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra unas quinientas víctimas. Por el volumen de los hechos, en la fiscalía señalan que esta segunda tanda de imputados no será la última.