El ex juez federal mendocino Carlos Martín Pereyra González deberá volver a prisión tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de anular el fallo que revocó su preventiva hace tres años, en el marco de una causa en la que está acusado de no haber asistido a una víctima de la última dictadura militar. El ex magistrado ignoró en 1976 a una joven que había sido torturada por el terrorismo de Estado y que luego fue asesinada.

La sala II de Casación –compuesta por los camaristas Angela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar– anuló un fallo de primera instancia de 2011. Ledesma votó en disidencia al considerar que ese tribunal no debería intervenir en este tipo de causas.

La resolución señala que “el plan sistemático de represión contó con un aporte jurisdiccional que garantizó no sólo la impunidad de los ejecutores del plan (al no perseguir penalmente a sus autores y partícipes), sino también su clandestinidad, pues el silencio cómplice del Poder Judicial impidió que la población civil tomara conocimiento de los secuestros, las torturas y las desapariciones que ocurrían en el país”.

Pereyra González fue camarista federal en Mendoza hasta que en 2009 un testigo lo vinculó al caso de la militante peronista Graciela Fiochetti. Después de eso renunció a su cargo y estuvo prófugo.

Según la acusación, a mediados de septiembre de 1976, cuando el ex magistrado todavía era secretario de un juzgado de San Luis, estuvo presente en la comisaría de la capital de esa provincia durante los últimos minutos de vida de la joven, que en aquel momento tenía 19 años.

En la comisaría, Fiochetti tenía el rostro desfigurado por los golpes de las torturas que había sufrido. Su cuerpo apareció días después, quemado y con las manos amputadas, en las salinas de Bebedero, ubicadas a unos kilómetros de la ciudad.

Luego de estar prófugo, Pereyra González finalmente se entregó a la Justicia y quedó detenido unos meses con prisión preventiva, hasta que a mediados de 2011 se vio beneficiado con un fallo de primera instancia que se la revocó. Ahora, tras el fallo de la Cámara Federal, deberá volver a la cárcel.