EL PAíS › QUIENES SON LOS DESIGNADOS POR GILS CARBO PARA ACOMPAÑAR A GERMAN MOLDES
Los dos nuevos fiscales de Cámara
Un fiscal con años en Comodoro Py
Por Adriana Meyer
Miguel Angel Osorio es uno de los 17 funcionarios designados por la procuradora general Alejandra Gils Carbó en las fiscalías generales creadas por el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, su despacho seguirá estando en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fue designado en 1995 como titular de la fiscalía federal de Instrucción 10, cargo que dejó en 2013 tras haber concursado para ocupar la fiscalía de juicio 7. De bajo perfil, Osorio esquiva las entrevistas pero no las charlas, y ayer se mostró complacido por su nombramiento como fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones. Con el también recientemente nombrado fiscal Miguel Palazzani ejercerán el control de las 12 fiscalías de primera instancia junto a Germán Moldes, con quien Osorio viene manteniendo históricas diferencias. En realidad, las fiscalías de cámara eran tres hasta que en septiembre de 1992 el ex presidente Carlos Menem suprimió dos y dejó todo el poder a Moldes, quien había sido secretario de Población en la gestión de José Luis Manzano en Interior.
Osorio –hincha de Boca y aficionado a la motonáutica– es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Ciencia Política en Flacso, ejerce como docente en la Universidad de La Plata y escribió un libro sobre el juicio por jurados. Al conocerse su nombramiento, algunos medios lo acusaron de ser oficialista y mencionaron que comparte platea en el estadio de Boca Juniors con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Resuelto a no responder en forma pública, el fiscal comentó en su entorno que jamás tomó siquiera un café con el funcionario kirchnerista, y que en la cancha se cruza con personalidades de todos los sectores políticos. Y recordó que cuando fue designado, el diario La Nación lo acusó de ser “peronista”, por lo tanto, “un ser desconfiable”. Sin embargo, durante su paso por la fiscalía 10 persiguió penalmente a Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo en las resonantes causas por lavado de dinero y la denominada “mafia del oro”. En la primera llegó a pedir información por exhort
o a los Estados Unidos, y en la segunda fue invitado por el gobierno de los Estados Unidos a participar de la detención de Enrique Piana.
“No está en mi personalidad ser oficialista, me río porque dicen siempre lo mismo y después se dan cuenta de que trabajo en forma imparcial y he imputado a funcionarios de los mismos gobiernos que me designaron”, dijo en confianza a un grupo de colegas. Uno de ellos recordó que a Osorio le enviaron una causa que había estado “paseando” por diferentes despachos de los tribunales federales tres días antes de que prescribiera. Era contra Menem, por el ocultamiento de una cuenta de 400 mil dólares que él mismo dijo tener en Suiza pero que no figuraba en su declaración jurada de bienes. La primera medida que pidió Osorio fue la indagatoria del ex presidente, quien tuvo que ir tres veces para cumplir con la orden.
Otro de los expedientes que lo tuvo como protagonista fue la causa Olivera Rovere, que ahora se denomina Cóndor, iniciada cuando aún estaban vigentes las leyes de impunidad. Osorio impulsó el planteo de los organismos de derechos humanos querellantes en base a la teoría del delito permanente, porque sin los cadáveres las personas por las que invocaban justicia seguían estando desaparecidas.
Hasta ahora la fiscalía de Cámara era ejercida por una sola persona con la potestad de frenar o activar las acciones de los fiscales de Instrucción, como sucedió cuando Osorio apeló dos decisiones que favorecían a Clarín. Según la interpretación de una alta fuente judicial, lo que está en juego es desgastar a Gils Carbó. “Hoy lo tienen de su lado (a Moldes) pero durante años esos mismos medios lo han castigado por haber sido garante de la impunidad del menemismo”, comentó.
Derechos humanos en Bahía Blanca
Por Diego Martínez
Designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó como fiscal general subrogante ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal porteña, Miguel Angel Palazzani se instalará en Comodoro Py el 2 de febrero después de haber protagonizado junto a su par José Nebbia un acontecimiento histórico en el proceso de justicia contra los partícipes civiles del terrorismo de Estado: la imputación por delitos de lesa humanidad del empresario Vicente Gonzalo Massot, hombre fuerte de Bahía Blanca como director y dueño del diario La Nueva Provincia.
Hijo de una maestra rural y de un empleado de la Junta Nacional de Granos, Palazzani nació hace 46 años en Villa Iris, en el sur bonaerense, aunque es pampeano por adopción. Después de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata se radicó en Guatraché, donde comenzó a ejercer como abogado, y más tarde en la capital provincial, Santa Rosa. Allí vivió y trabajó hasta marzo de 2013, cuando reemplazó a Abel Córdoba en la Unidad de Derechos Humanos bahiense del Ministerio Público Fiscal.
En 2014 participó en cuatro concursos y en todos encabezó la terna con mejores calificaciones. La Presidenta lo eligió fiscal general ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 y fue el único de los magistrados nombrados que obtuvo el respaldo unánime del Senado. “Preguntamos por La Pampa y nos dijeron que era muy buena persona. Y eso para nosotros es más importante que todo lo demás”, le confió el senador radical Ernesto Sanz después de apoyar su nombramiento.
Uno de sus mayores logros como abogado lo consiguió paradójicamente en una causa contra Mendoza, los pagos de Sanz. En 2010 inició una demanda por estrago ambiental y humano por el corte del río Atuel por parte del gobierno cuyano, que amparado en la emergencia hídrica convirtió en un desierto media provincia de La Pampa. La Corte Suprema de Justicia reconoció la legitimidad de Palazzani para promover la causa y el propio gobierno de Oscar Jorge se vio obligado a sumarse a la batalla judicial en una empresa que unifica a los pampeanos como Malvinas a los argentinos.
Entrevistado en 2008 por el diario La Arena, se definió como “hijo de la desmemoria y del olvido” y admitió como un quiebre en su carrera haber conocido a Raquel Barabaschi, sobreviviente de la Seccional 1ª de la policía pampeana. La representó en una causa contra el presidente del PJ provincial Carlos Aragonés por su colaboración con los militares y en el juicio por delitos de lesa humanidad en la Subzona 14. Otro referente pampeano que lo marcó fue el periodista Juan Carlos Martínez, director del mensuario Lumbre, a quien defendió ante una acusación del ministro de gobierno Juan Carlos Tierno para silenciarlo.
Designado junto a Nebbia como fiscal ad hoc en Bahía Blanca, logró la condena de siete represores en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad local y participa del tercero, en curso, con marinos y prefectos en el banquillo. En paralelo promovió la imputación contra los directivos de La Nueva Provincia, encabezó el allanamiento al diario naval y logró el procesamiento del arzobispo Guillermo Garlatti por encubrir al ex capellán prófugo Aldo Vara. En diciembre denunció una serie de maniobras de la corporación judicial bahiense, con el juez subrogante Santiago Martínez y el secretario Mario Fernández Moreno como caras visibles, para garantizar la impunidad de Massot y del abogado Hugo Mario Sierra, ex secretario del juez Guillermo Madueño durante la dictadura, con el fin de apartar a un magistrado que había dado muestras de independencia frente a los poderes fácticos locales. En cinco semanas asumirá su cargo en Comodoro Py. Podrá ir seguido a ver a San Lorenzo, aunque seguirá como coordinador de la unidad que permitió a muchos bahienses volver a creer en la Justicia.
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