La sede de la Secretaría de Inteligencia, a metros de la Plaza de Mayo.
Imagen: Rafael Yohai.

Fiscales y jueces cooptados por agentes de Inteligencia. Fondos reservados por los que nadie rinde cuentas. Dineros públicos para sobornar a legisladores, inventar testigos, armar causas o gestionar impunidades. Una comisión de control que nada controla. La muerte del fiscal Alberto Nisman y su denuncia de encubrimiento del atentado a la AMIA fundada en escuchas telefónicas elevaron a la superficie la crisis del sistema de Inteligencia, un micromundo opaco con sede central a metros de la Casa Rosada que desde las sombras supo adaptarse a las épocas y convivir tanto con dictadores como con presidentes democráticos.

Especialistas consultados por Página/12 coinciden en la necesidad de reformarlo, limitar su autonomía, establecer controles políticos, parlamentarios y sociales, regular el manejo de los fondos reservados, la clasificación y desclasificación de información y, sobre todo, terminar con la relación espuria de los servicios de Inteligencia con la Justicia Federal.

“Es indispensable avanzar en una reformulación profunda de los servicios de Inteligencia, que combine retoques legales para aclarar puntos que favorecieron la distorsión fenomenal de funciones con decisiones políticas y rediseño institucional”, afirma Alberto Binder, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed). “Lo primero es terminar con los vínculos entre la Justicia Federal y los servicios de Inteligencia. La Ley de Inteligencia establece que no deben meterse en problemas judiciales pero abre una puertita cuando dice ‘salvo ante requerimiento específico’ de autoridad judicial. A partir del caso AMIA se convirtió en práctica habitual, muchos jueces y fiscales se dejaron cooptar por los servicios y permitieron que su injerencia en la administración de Justicia fuera mayor. De hecho, una de las trabas más grandes para avanzar en la reforma de la Justicia Federal era que afectaba los intereses de la Secretaría de Inteligencia”, recuerda.

“Gran parte de los debates que se están dando en el fuero federal –y no sólo– están cruzados por este contexto”, coincide la abogada Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Hay que repensar el modo en el que la política y la Justicia se relacionan con el mundo de la Inteligencia en general, no sólo con la Secretaría de Inteligencia (SI)”, plantea. Directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Litvachky advierte sobre “una colonización de la Justicia Federal”, que incluye designaciones de jueces y fiscales, subordinación a la SI en investigaciones y participación directa en delitos, como el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín en la causa AMIA o la gestión de sobornos para mejorar la situación procesal del sindicalista José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.

“Son asignaturas pendientes de la democracia. La transición democrática tiene que resolver el problema de la reorganización de las fuerzas policiales y de Inteligencia sobre la base de un nuevo paradigma: el del control civil de estas organizaciones”, señala Carlos Arslanian, ex juez y ex ministro de Seguridad bonaerense. “Los recursos de Inteligencia deben estar destinados fundamentalmente a la defensa nacional, a hechos de gravedad extrema que indiquen la existencia de criminalidad organizada o delitos complejos que puedan afectar el orden público”, destaca. “Hay que tener cuidado en no desviar el poder. Cuando hablamos de Inteligencia fuera de la hipótesis de la investigación delictiva es cuando más cuidadosa debe ser la utilización de ese recurso. Se necesitan controles extraordinarios para que no se utilice ese poder de modo peligroso y violatorio de reglas constitucionales”, advierte Arslanian.

“Para hacer investigaciones complejas en la Justicia Federal hace mucho que se reclama la creación de una agencia federal de investigaciones, que implica convertir a la Policía Federal en una policía de investigaciones especializada en casos complejos”, explica Binder. “El gobierno de (Néstor) Kirchner tuvo el proyecto en su agenda desde el comienzo, en la gestión de (Gustavo) Beliz, y a eso se opuso también la SIDE de (Antonio) Stiuso”, jefe de operaciones de la Secretaría hasta diciembre, a quien el entonces ministro de Justicia definió como “un señor al que todo el mundo le tiene miedo, porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar”.

Los especialistas coinciden en la necesidad de activar la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que según la Ley de Inteligencia sancionada en el 2001 tiene “amplias facultades para controlar e investigar de oficio”. “El control parlamentario tiene que funcionar de modo activo”, destaca Arslanian. Consultado sobre la causa de la parálisis, señala “responsabilidades compartidas”. “A veces hay un exceso de confianza”, sugiere. Litvachky advierte que “ahí hay una cuestión no sólo relativa a la ley sino de decisión política para poner en funcionamiento instancias de control que ya existen”. Binder apunta un “pacto conjunto” de peronistas y radicales, que de hecho controlan la comisión bicameral, sumado a “la desidia del Congreso”. Como ejemplo cuenta que hace dos años, desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi), presentó junto al grupo de especialistas que redactaron la Ley de Inteligencia un pedido de informes para verificar que la bicameral cumpliera las tareas asignadas. No les dieron “ni el número de entrada del pedido de informes”, remarca.

Otro punto de acuerdo es la necesidad de controlar las escuchas. “La Ojota –oficina de observaciones judiciales–, que hoy está fuera de todo control, tiene que salir del área de la SI y pasar al ámbito del Poder Judicial, preferentemente a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que tener un control judicial, ya que sus hallazgos deben estar al servicio de la investigación judicial”, señala Arslanian. “Es una locura que todas las escuchas del país, inclusive las que piden fiscales y jueces provinciales, las concentren los Servicios de Inteligencia. Va en contra de la propia Ley de Inteligencia, producto de la política de la SI de ocupar espacios y de la debilidad de las provincias”, advierte Binder.

Entre los puntos que se deberían regular por ley, Litvachky menciona el manejo de fondos reservados y el acceso a la información. “Es importante discutir el tema de la clasificación y el acceso a la información. Más allá de que sea una actividad secreta, por su relación con el resguardo del interés nacional, hay aspectos que pueden regularse”, señala la abogada del CELS (que desde 2006 reclama sin éxito la desclasificación de legajos de los agentes de la SIDE durante la dictadura) y recuerda que en otros países existen “regulaciones tasadas” que permiten desclasificar documentos después de determinada cantidad de años.