En abril de 1994, en un cuartel de Zapala, apareció muerto el soldado Omar Carrasco. Se había incorporado hacía menos de un mes a la colimba. Sus superiores dijeron que se había suicidado o había muerto de frío, pero la autopsia estableció que había sido sometido a una terrible golpiza. Cuatro meses después, el presidente Carlos Menem dispuso por decreto la suspensión del Servicio Militar Obligatorio, una medida reclamada por organizaciones sociales y de derechos humanos y dirigentes políticos de amplio espectro. Faltaban nueve meses para las elecciones presidenciales. El Congreso acompañó: aprobó una amnistía para desertores y quienes habían optado por la prórroga y la creación de la conscripción voluntaria. Votaron a favor desde el Modin al Frente Grande, la UCR y el peronismo.

Hace diez días, el fiscal Alberto Nisman apareció con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Las circunstancias en las que se produjo su muerte todavía son un enigma, pero nadie duda de que de una forma u otra la trama (la muerte y/o la denuncia que había presentado contra la Presidenta) está vinculada con internas de los servicios de Inteligencia. El lunes, Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviaría el Congreso un proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia, la vieja SIDE, y crear una Agencia Federal de Inteligencia, con pretensiones más profesionales y transparentes. Señaló, con razón, que se trataba de una deuda de todos los gobiernos desde el regreso de la democracia. Era, también, una medida reclamada por organizaciones sociales y de derechos humanos y dirigentes políticos de amplio espectro.

Alguna de las novedades que trae la iniciativa es que la designación del director y subdirector de la nueva agencia la realizará el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y que el sistema de escuchas telefónicas quedará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Especialistas en la materia elogiaron la decisión oficial. El ex juez y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian apuntó que no había que desesperarse por la mano de obra desocupada que podría quedar en la calle. El temor, de todas maneras, existe. Y no es infundado. Resta ver los últimos acontecimientos. La oposición se apresuró a descartar el proyecto de plano, aun antes de que se conociera completo. Una de las objeciones fue que el director y subdirector del organismo eran nombrados por cuatro años (como se había interpretado en un principio), cuando al Gobierno le queda menos de uno. Otra fue que la “ojota”, desde donde salen las “pinchaduras”, quedará en manos de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Y una tercera se refería a que la medida era tardía y oportunista: “Lo hacen después de diez años”, “Lo hacen ahora porque les estalló el problema a raíz de la muerte de Nisman”. La primera crítica era razonable. Si cambia el gobierno, es lógico que quien llegue quiera poner alguien de su confianza en un lugar tan sensible. El tema quedó zanjado al conocerse el texto completo del proyecto. De allí surge que el Poder Ejecutivo podrá disponer “el cese” de esos funcionarios.

El rechazo al cambio de destino del sistema de escuchas está vinculado con quién es la cabeza de la Procuración actualmente. Cerca de Gils Carbó cuentan que ella y sus colaboradores se enteraron del “paquete de regalo” que recibían mientras la Presidenta hablaba en cadena y que incluso no les hacía mucha gracia que se les abriera un nuevo frente de conflicto.

La procuradora fue designada con acuerdo del Senado con 63 votos a favor y sólo 3 en contra. Pero comenzó a ser atacada por su liderazgo en la agrupación Justicia Legítima. Los miembros de ese colectivo no son militantes políticos ni acríticos del Gobierno. Justicia Legítima se gestó como oposición a un modelo de Justicia que pretendía hacer pasar como independencia política la defensa del poder económico. En este aspecto, la procuradora, en todo caso, debería considerarse una kirchnerista avant la lettre (véase, por ejemplo, su dictamen de 2007, en el que cuestionó la fusión de Cablevisión con Multicanal).

Gils Carbó tiene un record de causas penales en su contra. Le objetan, por ejemplo, la designación de fiscales subrogantes o ad hoc, medida de la que sus antecesores en el cargo hicieron uso sin problema. En un expediente se cuestiona un concurso con el argumento de que quienes obtuvieron los primeros puestos en el examen escrito se habían copiado entre sí, cuando los involucrados hicieron su prueba en diferentes edificios. Ante la respuesta, se adujo que habían obtenido las preguntas, aunque en rigor no había tales sino que había que elaborar un dictamen y el tema fue sorteado en el momento. La causa sigue adelante, aunque el orden de mérito varió luego del examen oral. Otro de los reproches que llegaron a tribunales señala que obró mal al no dar trámite al pedido de inicio de juicio político contra el fiscal de la unidad especializada en lavado de dinero, Carlos Gonella. Pero no hubo ninguna presentación judicial ni tapas de diarios cuando con el mismo mecanismo desestimó una acusación contra el fiscal Carlos Brito, quien investiga al jefe del Ejército, César Milani.

Gils Carbó no es de “la familia” y está pagando un precio por eso. Su demonización, iniciada en el Poder Judicial y acompañada por los grandes medios y la oposición, fue exitosa. Muchos legisladores invocan su nombre como si eso bastara para denostar el proyecto oficial. Pero desde el punto de vista del diseño institucional no parece haber mayores objeciones. La procuradora, mientras tanto, ya comenzó a hacer consultas con distintos sectores políticos y del Poder Judicial para encarar la tarea que viene con todo el consenso y resplado que le sea posible.

En países en los que rige el sistema acusatorio, como ocurrirá aquí cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, no es raro que las escuchas estén bajo la órbita del Ministerio Público. Por otro lado, los fiscales no podrían disponer a gusto y piacere de las intervenciones telefónicas. Los jueces deben ordenarlas y controlarlas. La implementación está por verse, pero en estos días de búsquedas apresuradas de ejemplos y posibles comparaciones, un conocedor contó que en España, por dar un caso, el Ministerio Público regula el sistema informático de las escuchas, en el que figura la autorización del juez, el expediente y otras cuestiones, pero la “pinchadura” en sí misma se ejecuta a través de los distintos cuerpos policiales. “El hecho de que la oficina esté en órbita del Ministerio Público no significa que las escuchas las hagan empleados de Gils Carbó”, señaló el experto.

El hecho de que la iniciativa de reformar la SI llegue después de once años de kirchnerismo puede ser una crítica política válida, pero no pareciera una razón suficiente para oponerse a debatirla. ¿El oficialismo lo hace porque estalló la guerra de servicios que de una u otra forma llevó a la muerte de un fiscal? Claro. Lo dice en los fundamentos del proyecto. Se asegura allí que, a partir de la firma del memorándum con Irán, en 2013, integrantes de la ex SIDE “comenzaron a actuar en contra de la decisión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

Menem terminó con el Servicio Militar después del asesinato de Carrasco y Eduardo Duhalde intentó reformar la Policía Bonaerense luego del asesinato de José Luis Cabezas. Son infinitos los ejemplos de medidas importantes antes postergadas tomadas a partir de hechos traumáticos. La creación del Ministerio de Transporte y el impulso a la política ferroviaria tras el accidente de Once se inscribe también en esa línea. Y aunque la oposición reclame una autocrítica más explícita, podría decirse en ese caso, al igual que con la ex SIDE, que se trata de la forma en que el Gobierno admite una equivocación. A veces fuga hacia delante. O, como decía Leopoldo Marechal (ya que la Presidenta nombró a Ariadna), sale del laberinto por arriba, como con la ley de medios y el matrimonio igualitario luego de la crisis del campo. Pero, con la reforma de la SIDE admite una falta o, en sus palabras, “una deuda pendiente”. De una forma u otra, el Gobierno se mueve. Es nutrida la literatura sobre la iniciativa política del kirchnerismo. Los que esperaban que no hiciera nada estuvieron en otro lado estos últimos diez años. Lo mismo corre para el pedido de que el Gobierno no proponga el reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema. Por más críticas que reciba, está claro que CFK no se resignará a la inacción en el último año de su mandato.

Las reformas del Código Penal introducidas luego de la muerte del joven Axel Blumberg también podrían ser incluidas en la lista de iniciativas propuestas luego de una crisis, aunque, en ese caso, como contraejemplo. Son la muestra de que no porque se tome una medida a raíz de un hecho traumático ésta es buena per se. En cambio, la disolución de la ex SIDE parece como mínimo digna de tratarse. No se necesita mucho para mejorar el estado actual de la situación. Pero, dado que están la oportunidad y la decisión política, sería bueno que se tengan en cuenta las opiniones de los especialistas. Que el control de los fondos reservados sea en serio y que el acceso a la información sea todo lo transparente que pueda ser en un organismo por definición opaco. A primera vista, hay varias de estas cuestiones poco definidas que quedarían libradas a la reglamentación de la ley. El debate parlamentario podría enriquecerlas.

Finalmente, una aclaración: los cambios en el sistema de Inteligencia corren por cuerda separada de la investigación sobre la muerte de Nisman y la causa AMIA. Está claro que es necesario conocer la verdad sobre estos hechos y que impulsar reformas en la ex SIDE no implica abandonar aquellos asuntos. Es obvio, pero al parecer necesita ser dicho. Es el nivel de debate actual.