Roberto Carlés parece tener el pensamiento ordenado y una calma oriental inalterable. Su departamento en una esquina de Caballito es todo lo contrario. Diminuto, atiborrado de adornos, muebles, juguetes de bebé desperdigados por el living, libros de todos los rubros, películas y series de televisión apiladas, una lámpara de pie ochentosa y las paredes revestidas con empapelado más antiguo todavía. “Es alquilado”, informa. En medio de su biblioteca desbordante están sus fotos con el papa Francisco: una de cuando tomó la confirmación con él, en 1993, y otra del año pasado, cuando hablaron, entre otras cosas, del anteproyecto del Código Penal, cuya redacción él coordinaba. Si el Senado le presta acuerdo para ser juez de la Corte será, con sus 33 años, el más joven supremo de la historia argentina. Rechaza los comentarios y acusaciones que circularon en los últimos días sobre su currículum y explica por qué “carecen de sustento”. En esta entrevista propone que los jueces de la Corte tengan un mandato acotado en el tiempo, alienta la participación y el control ciudadano en la Justicia, defiende la reforma procesal, reclama el juicio por jurados a nivel nacional, clama por un nuevo Código Penal, pide que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias y habla del caso Nisman, la disolución de la ex SIDE y las relaciones carnales de los servicios de Inteligencia con los jueces.

Tiene puesta una remera de la Universidad de Salamanca, zapatillas deportivas y usa una pulserita. Se describe como un eterno buen alumno, “obsesivo”, que se crió en Ciudadela, fue a una escuela católica en Mataderos, se recibió de abogado con diploma de honor a los 23 años y se considera discípulo de Raúl Zaffaroni. Siempre se volcó a la vida académica y a la investigación. Vivió en Italia, se doctoró con un análisis sobre “la responsabilidad penal de las jerarquías políticas y militares en los crímenes contra la humanidad” y también en Guatemala, con un estudio sobre “panoptismo y sinoptismo”, “dos formas de control social en la posmoderidad, que se ejercen, por ejemplo, con pautas de consumo y medios de comunicación”, explica.

–¿No se siente demasiado joven para ser juez de la Corte?

–No, y estoy dentro de la edad que establece la Constitución, que son treinta años, y ocho de matriculación. No creo que la edad sea de por sí un valor o un disvalor. Hay que valorar la capacidad, la formación técnica, la calidad moral y el compromiso con los derechos humanos. La edad no es un dato relevante. Por eso tampoco estoy de acuerdo con que a partir de los 75 años se considere en forma automática que una persona ya no es apta para el cargo. La cuestión no son los 75 años, sino si esa persona luego de cierta edad continúa reuniendo las condiciones que tenía al momento en que fue elegida. Y para los que critican la falta de experiencia en el Poder Judicial, abundan los ejemplos de ministros de la Corte que nunca ejercieron la magistratura, incluso en la composición actual. Han provenido de la academia, de la profesión e incluso de la política.

–¿Le parece bien el carácter vitalicio del cargo de juez de la Corte?

–Si yo fuera elegido para la Corte, no voy a ser juez 42 años. Me parece que es contrario al principio republicano, es propio de los monarcas. Hay que alentar y apoyar una reforma de la Constitución que establezca un período limitado para ese cargo, de nueve o doce años. En Italia es de nueve, en Alemania es de doce. Nadie puede ser ministro de la Corte ni 42, ni 20 ni 30 años. El período tiene que estar limitado por la Constitución sin posibilidad de renovar.

–¿Se había imaginado como juez alguna vez?

–Sí, pensaba concursar quizás al terminar la tarea del Código Penal. Pero como juez de la Corte fue una sorpresa la postulación. Es lo máximo a lo que puede aspirar un jurista.

–¿En alguna ocasión concursó para un cargo?

–No, porque desde que volví de Europa, salvo por unos tres primeros meses, me dediqué a la reforma del Código Penal, que fue un trabajo bastante arduo. Me convocó (Raúl) Zaffaroni en un principio para que lo asesorara a él y luego surgió la necesidad de que alguien coordinara el trabajo. Me eligieron con consenso de todos los miembros.

–¿Qué le atrae de ser juez de la Corte?

–Esta Corte ha sido muy buena y ha recibido pocos cuestionamientos. Ha hecho muchos cambios positivos, por ejemplo en el modo de resolver causas como el caso “Verbitsky” (sobre condiciones de detención y los presos en comisarías en la provincia de Buenos Aires) o “Mendoza” (por la contaminación del Riachuelo) con una cierta apertura a distintos modos de participación popular, ya sea con mesas de diálogo o audiencias públicas. Eso habría que profundizarlo y expandirlo. Cualquier cuestión que tenga un interés público para la sociedad debería resolverse de ese modo. Con canales que permitan el control de la ciudadanía de las decisiones de los jueces. Creo que también hay que revisar la cuestión del ingreso, no sólo a la Justicia sino a la propia Corte, con algún instituto de formación que tenga carácter federal y que se concurse para ingresar. Sería un semillero extraordinario. Pero más allá de qué me gustaría hacer o no, hay una cuestión fundamental, que es que hoy la Corte está incompleta. Tiene cuatro miembros, cuando la ley establece que deben ser cinco. Las decisiones se deben tomar por mayoría absoluta, la mayoría absoluta de cuatro se parece mucho a la unanimidad.

–¿La Corte no puede funcionar con cuatro?

–No, porque evidentemente hay muchos fallos que se resuelven citando a precedentes que tenían una mayoría o una relación de fuerzas que ya no existe. No está esa cantidad de votos. Tendría que cambiar el voto algún ministro o postergar la resolución.

–¿Qué número de integrantes sería apropiado?

–Una Corte de cinco me parece reducida. Es poca gente no sólo por el volumen de trabajo y la concentración de poder. Originariamente nuestra Corte era de siete, 1853. Luego se la reduce a cinco. Pero la experiencia reciente de siete fue muy buena, también podría ser de nueve. Tengo mis dudas sobre la división en salas (como plantea Zaffaroni en una Corte más grande). El control de constitucionalidad lo debe ejercer la Corte en pleno, como establece la Constitución.

–¿Usted qué imagina que le puede aportar a la Corte?

–Primero, que soy un penalista (tras el fallecimiento de Carmen Argibay y la salida de Zaffaroni ya no hay penalistas en el tribunal), y que tengo una visión de que los procesos de elaboración y toma de decisiones de los jueces deben ser abiertos: con más participación de la ciudadanía y transparencia. Algunas de esas ideas tal vez tengan que ver con mi juventud y con el hecho de no provenir de la carrera judicial.

“Acusaciones sin sustento”

–Si lo designan, ¿piensa enrolarse en alguna asociación, como la de Magistrados o Justicia Legítima?

–No tengo hoy en día contacto con ninguna, no lo tuve nunca a pesar de que han dicho que soy miembro de Justicia Legítima, nunca participé siquiera de una reunión. Sí estoy a favor de que los funcionarios judiciales se involucren y transparenten sus ideas, sus opiniones. Me parece muy saludable.

–El presidente de la Asociación, Ricardo Recondo, dijo que no sabían quién era usted cuando lo postularon.

–Tengo ahí guardada la invitación de la Asociación de Magistrados para ir a dar dos charlas sobre el Código Penal. Entiendo que el presidente no sea penalista, pero podría informarse de las actividades de la entidad.

–El Colegio Público de Abogados de Capital Federal dice que lo va a impugnar porque usted mintió en su currículum, que dijo que fue asesor de esa entidad y no lo fue. ¿Fue asesor?

–Sí. En diciembre de 2003 Germán Bidart Campos me propuso ante el entonces presidente del Colegio de Abogados, que era Hugo Germano. La agrupación que controlaba el colegio era afín al radicalismo. Germano me ofreció un contrato en la dirección de asuntos jurídicos. Ahí nos llamaban a todos “asesores”. Es verdad que la forma de contratación era una pasantía, pero quizá para no poner en evidencia la precariedad de la forma de la contratación no nos llamaban “pasantes” sino “asesores”, quizá para levantarnos la autoestima. Mi currículum dice enero de 2004. Antes de cumplir el mes en el Colegio me fui porque conseguí un trabajo que me interesaba más en la Procuración Penitenciaria. En ningún momento falté a la verdad, pero no podía omitir un dato. Tengo que poner todas las relaciones laborales que tuve. ¿Me contrató el Colegio de Abogados? Sí. ¿Fue una pasantía? Sí. ¿Cobré? Sí, por las semanas que trabajé.

–Un dato que le han señalado que omitió es qué área lo contrató como asesor en el Senado y qué tareas cumple.

–Me contrataron en la Dirección de Obras y Servicios Públicos en enero de 2012 para trabajar en cuestiones legales, que tienen que ver con la gestión. Desde un principio sabía que iba a prestar auxilio en todas las dependencias que pidieran asesoría o colaboración. Esto duró poco, porque en mayo de 2012 Za-ffaroni me requirió en el Senado para que fuera a trabajar a la comisión (de Reforma del Código Penal), y eso fue lo que hice y sigo haciendo hasta que esté el texto definitivo. Como empleado jurídico del Senado no era del todo descabellado, pensando que el plazo que tenía la comisión para hacer el Código Penal era de 180 días, y cumplidos esos días lo más lógico era que se enviara el proyecto a una comisión bicameral, de modo que como empleado del Senado seguiría trabajando en esa bicameral. Creo que esto lo cuestionan porque hoy en día todo contrato vinculado a la política es sospecha de algo. De esto no me duele tanto el cuestionamiento como los dichos de Margarita Stolbizer (dijo que era un “ñoqui” del Senado), una persona que respeto y aprecio mucho, y que me podría haber consultado antes de hacer una acusación. Pero entiendo que son cosas de la política. Todos los integrantes de la comisión Pinedo, Arslanian, Gil Lavedra, Barbagelata, además de Zaffaroni, puedan dar fe de cuánto y cómo he trabajo en estos años. Pinedo y Arslanian ya lo han hecho públicamente.

–¿Cree que va a conseguir acuerdo del Senado?

–Sí. No me dedico a contar votos, pero me cuesta imaginar con qué argumentos podrían cuestionarme en una audiencia. El de la edad lo mencioné: Julio Oyhanarte fue elegido ministro de la Corte por Frondizi con 37 años, no creo que cuatro años hagan una gran diferencia. A mi modo de ver, fue uno de los diez mejores de la historia. Las acusaciones que me están haciendo carecen de sustento.

–¿De dónde viene su relación con el papa Francisco?

–Me confirmó en 1993, cuando recién era obispo auxiliar de Buenos Aires, he ido a la Catedral en varias oportunidades por ser abanderado de un colegio católico, actos y eventos, y tenemos amigos en común, como sacerdotes, curas villeros y Alicia Oliveira, que fue la persona que me puso en contacto con él. En el último tiempo, el Papa me invitó para hacer una alocución a todas las cinco asociaciones de derecho penal y criminología en Roma el año pasado. El fin era concientizar sobre algunos problemas mundiales: pronunciarse contra la pena de muerte, contra la tortura, de las extraordinary renditions de la CIA, se habló de populismo punitivo. Estas asociaciones han buscado referentes. Una persona con enorme influencia es el Papa, que para mí también es un referente espiritual.

–¿Influyó o impulsó su postulación?

–No me consta.

Cuestión de Códigos

–¿Por qué fracasó el anteproyecto del Código Penal?

–No fracasó. Lo que hubo fue un ataque mediático y político de un sector a principios de marzo de 2014, y tuvo un efecto beneficioso para nosotros, que fue el de generar interés y alimentar un debate que nos llevó a discutirlo en todo el país, y no en ambientes académicos cerrados. El resultado fue la presentación de varias decenas de impugnaciones y propuestas, que suman 2000 mil páginas y que con Zaffaroni estamos terminando de analizar. Veremos cuáles son atendibles y propondremos modificaciones a la versión original del anteproyecto.

–¿Ve chances de que sea debatido en el Congreso?

–No veo impedimentos. Es una ley que no requiere mayorías especiales. El anteproyecto tuvo una finalidad modesta, que es ordenar el caos normativo. Las penas propuestas son similares a las del código vigente, a veces más altas, en todos los delitos sobre corrupción se elevan. Se ha intentando devolver razonabilidad. Robar cinco cabezas de ganado tiene la misma pena que una violación, es como decir que el Estado protege por igual cinco vacas que la integridad sexual de una menor. No hay una jerarquía de bienes jurídicos. Eso está mal. Los disparates de hablar de que es un código abolicionista no resisten el más mínimo análisis. Y se habla mucho de garantismo pero se sabe poco. Las garantías están en la Constitución, garantías de los individuos frente al Estado no sólo en materia penal. El derecho a la defensa es garantismo, y lo es que la persona que le reclama al Estado una pierna ortopédica y quiera presentar un amparo pueda hacerlo en forma inmediata. Es la defensa de las garantías constitucionales, penales o no penales. Distinta es la discusión sobre las penas altas o bajas.