El Senado arranca hoy el debate del proyecto que disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con la presencia del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el actual titular de la SI, Oscar Parrilli, y su segundo en el área, Juan Martín Mena, ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. El oficialismo intentará buscar adhesiones más allá de su propia tropa y la de sus aliados más firmes, con la posibilidad concreta de habilitar modificaciones al texto elaborado por el Ejecutivo. La oposición definirá en varias reuniones y encuentros de las diferentes bancadas si logra trazar una estrategia común, que incluye la propuesta de “boicotear” el debate si el Frente para la Victoria “insiste en un tratamiento express” de la iniciativa oficial.

El plenario de comisiones está citado para hoy a las 14 en el Salón Arturo Illia del Senado, donde Zannini, Parrilli y Mena expondrán sobre el proyecto del Gobierno, que decidió cambiar las autoridades del SI, desplazar a varios agentes y modificar la estructura de Inteligencia luego de que los propios desplazados aparecieran vinculados a la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta y su canciller –por el supuesto “encubrimiento” de los acusados iraníes por la voladura de la AMIA– y en la posterior muerte del fiscal.

El debate continuará el miércoles, donde el oficialismo convocó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que apoyó la decisión de modificar la estructura de inteligencia, pero cuestionó varios aspectos del proyecto. El CELS valoró la “absoluta trascendencia política” de la propuesta y la “conveniencia de avanzar sobre una estructura autonimizada” pero que se podría tornar “ineficaz” (...) si se aumentan las competencias de la AFI y se superponen tareas de investigación e inteligencia criminal. El organismo también afirmó que el proyecto no “reformula la relación promiscua que existe (del SI) con la Justicia federal” y consideró insuficientes las “modificaciones relativas a la incorporación de nuevos controles políticos, parlamentarios y judiciales que se requieren para transparentar su actividad”. Temas que el propio oficialismo estaría dispuesto a evaluar para analizar posibles modificaciones al texto original de la iniciativa.

La invitación del CELS fue confirmada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador oficialista Marcelo Fuentes, quien dirigirá el debate, del que también participarán los senadores que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el también oficialista entrerriano Pedro Guastavino. Aunque Fuentes dijo que aún está a la espera de las propuestas de invitados que pudiera realizar la oposición parlamentaria, como él mismo le había transmitido a los distintos bloques opositores. El senador neuquino también aseguró que no habrá tiempo para demoras: el miércoles buscará emitir el dictamen de mayoría para llevar el debate al recinto el próximo martes 11 de febrero. Lo que rápidamente habilitaría a la Cámara baja para su aprobación dentro del período de sesiones extraordinarias que el Ejecutivo convocó a lo largo de este mes, ya que el 1º de marzo comienza el período ordinario de la actividad parlamentaria.

El debate opositor, en tanto, pasa por si todas sus bancadas logran establecer una estrategia común ante el proyecto, aunque aún no está nada definido. Habrá encuentros y conversaciones entre los distintos bloques por la mañana y otros previstos para el mediodía, minutos antes de que comience el debate en el plenario. Los últimos son los convocados por la UCR, que reunirá a sus senadores a las 13 para analizar los detalles que sobre el proyecto original realizaron sus asesores, pero especialmente el intercambio de opiniones con el resto de las bancadas de la oposición. A esa misma hora, también harán lo mismo los seis senadores que integran el interbloque del FAP.

Una de las propuestas más firmes es la posibilidad de esquivar el debate dejando al oficialismo solo con la iniciativa. Tanto desde la UCR como del FAP coincidieron ante Página/12 en la necesidad de una discusión sobre el papel de los Servicios de Inteligencia y su reformulación, que consideran “una deuda de la democracia”. Pero afirman que no avalarán “un tratamiento express” del proyecto, que a su juicio requiere de un “debate arduo” y “el consenso mayoritario para aprobarlo”.

De todas maneras, evaluarán los pro y los contra de la decisión, como reconocieron ante este diario. Admiten que rehuir al debate podría ser tomado como una forma de facilitarle el camino al oficialismo. Otros, en cambio, prefieren esperar a ver el grado de dificultad con que se podría encontrar el kirchnerismo para obtener quórum propio y ahí, recién, tomar la decisión, que podría incluir un mix: dar el debate en el plenario de comisiones y no asistir al recinto. Una definición que se tomará hoy contrarreloj a pocos minutos de comenzar la discusión en el Senado.