El Gran Bonete judicial que protagoniza la denuncia presentada por Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte se detuvo ayer en el juzgado de Daniel Rafecas, que en estos días está de vacaciones y es reemplazado por Sebastián Ramos. Así lo resolvió el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, quien tampoco dio por cerrado el destino del caso: dijo que primero hay que ver si el fiscal, que en este caso es Gerardo Pollicita, dictamina a favor de abrir una investigación y cómo define los hechos. Recién entonces se verá adónde va a parar el expediente, que ya había pasado por los juzgados de María Servini de Cubría y Ariel Lijo, que lo rechazaron. Se hace evidente, otra vez, que nadie quiere quedarse con el pedido de Nisman de indagatoria de Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que tanto el juez Rodolfo Canicoba Corral (a cargo de la causa del ataque terrorista), Servini y Lijo señalaron como endeble y falto de pruebas. Todo hace pensar que la Fiscalía tendrá una decisión la semana que viene.

En plena feria judicial, al volver de Europa, Nisman llevó su denuncia al juzgado de Lijo, quien desde hace una década tiene a cargo la investigación sobre el encubrimiento del atentado. Como el juez estaba de licencia, intervino Servini de Cubría, quien rechazó habilitar días de las vacaciones por no encontrar ninguna razón de gravedad. No bien Lijo regresó, esta semana, también se desprendió de la denuncia y elogió lo que llamó el “buen criterio” de su colega y coincidió en que “no se acompañó a la denuncia los elementos que daban sustento a las afirmaciones, requisito esencial para evaluar cualquier caso”. Además planteó que los hechos que él investiga se remontan al año 2000, mientras que los que Nisman describe son más recientes, de 2011 al año pasado, y por ende tampoco coinciden los imputados. Lijo ya mandó a juicio al ex juez Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros.

En el limbo, la causa fue a sorteo y le tocó a Rafecas. En su ausencia, pero en sintonía con su postura, el juez Ramos también ayer se inhibió. Dijo que en lo esencial coincidía con Lijo, pero que mejor que se lo quede él, que conoce bien el expediente principal, que tiene 120 mil fojas, y la maniobra inicial que se utilizó para “desviar el camino que llevaría a dar con los responsables del atentado a la AMIA”. “Se trataría de hechos delictivos tendientes a desviar la investigación de una de las causas de mayor trascendencia del fuero”, dijo Ramos. Al rato nomás, Irurzun resolvió que todo vuelva a Ramos/Rafecas y que el juzgado le pida, como es habitual, opinión al fiscal para que “delimite el objeto procesal y permita conocer la dirección de la investigación”.

En los tribunales federales olfatean que Pollicita impulsaría la apertura del expediente. Suponiendo –por improbable que sea– que desista y diga que no hay elementos para abrir una causa, se le podría pedir opinión al fiscal de Cámara. Lo concreto es que hasta ahora nadie se quiso hacer cargo del escrito de Nisman y entre los propios jueces hubo quienes lo cuestionaron. Aun en vida del fiscal, Canicoba Corral la descalificó. Deslizó que había tratado de hacer “forum shopping” (elegir el juez) y señaló que en todo el tiempo que supuestamente estuvo detrás de esta presunta maniobra de encubrimiento, Nisman nunca le notificó nada. Como es ya conocido, su teoría era que hubo un pacto con Irán para dar impunidad a los funcionarios de ese país sospechados y con pedido de captura. Según Nisman, se buscaba un intercambio de petróleo iraní por granos (que nunca existió) y el acuerdo era levantar los alertas rojos para capturar a los iraníes, para lo que se habían hecho gestiones tras el memorándum de entendimiento. Esto fue desmentido abiertamente por el ex secretario general de Interpol Roland Noble. A Canicoba Corral se sumaron Servini y el propio Lijo, que advirtieron falta de sustento. Y un grupo de prestigiosos juristas (León Arslanian, Julio Maier y Raúl Zaffaroni) que sostuvo que no encuentra delito alguno en la denuncia. Hay que ver si Pollicita piensa lo mismo.