Los debates en curso y las propuestas que se están conociendo en torno del reemplazo de la Secretaría de Informaciones por una nueva estructura, más eficiente y más al servicio del interés común y las necesidades de los argentinos, muestran, una vez más, que los resabios del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” están aún vivitos y coleando. Desgraciadamente, no es el único signo de la relativa vitalidad de dicho legado. Se nota también en las asociaciones de abogados que claman “justicia” para los mal llamados “presos políticos” y los profesores universitarios que reclaman hacerle sentir el rigor al gobierno nacional en sus emisiones por canales de cable. Qué decir de las carreras de Derecho o de Relaciones Internacionales de universidades privadas que aún incluyen en sus bibliografías obligatorias a autores “faro” de la justificación del terrorismo de Estado.

Tomar el control en el área de la Inteligencia del Estado es un paso para desembarazarse de este legado.

Para pensar que tenemos y que falta en materia del servicio estatal de Inteligencia, veamos un ejemplo actual y traumático, ocurrido en el Viejo Mundo. Los recientes atentados en Francia (Dammartin-en-Goële y Porte de Vincennes, 8 y 9 de enero de 2015) pusieron en evidencia las deficiencias del sistema de informaciones francés en materia de prevención del terrorismo. Los debates y las informaciones que se produjeron después de estos atentados mostraron que uno de los autores –fichado por los servicios antiterroristas– fue multado durante un control de tránsito un mes antes de que cometiera los asesinatos en el Hyper Casher de la Porte de Vincennes, sin que nadie reaccionara. Por otro lado, estos atentados se produjeron dos años después que un hecho similar hubiera ocurrido en el sur de Francia (asesinatos cometidos por Mohamed Merah en Toulouse y Montauban, marzo de 2012). En este caso, la Inspección General de la Policía Nacional francesa (la policía de la policía) presentó en marzo de 2013 un informe donde señalaba deficiencias en la investigación previa sobre el autor de los crímenes, ya identificado como un sujeto en proceso de radicalización.

Estas deficiencias no son anodinas. La sociedad civil francesa se enfrenta a un dilema que se anuncia difícil de dilucidar: mientras una marea humana desfiló por distintas ciudades del país en homenaje a las víctimas de los atentados y como reafirmación de la libertad de expresión en tanto valor republicano intocable, en varias escuelas se vivieron momentos de tensión cuando varios niños se negaron a guardar el minuto de silencio declarado obligatorio por el Ministerio de Educación con los mismos objetivos que las marchas; iguales situaciones se vivieron en el mismo ámbito cuando se organizaron jornadas escolares de debate y reflexión en torno de la matanza producida en la redacción del seminario Charlie Hebdo. Mientras esto sucede, la extrema derecha local (institucional e informal) sigue su avance reptil –lento y por lo bajo– en diferentes frentes y la Policía Nacional de Niza entiende que debe interrogar en la comisaría a un niño francés de ocho años que le espetó a su maestra y a sus compañeros “Yo estoy con los terroristas” y “hay que matar a todos los franceses” en medio de un debate sobre laicismo y libertad de expresión. La pregunta sería: Inteligencia sobre qué y para qué. La respuesta no está clara aún en Francia, si nos guiamos por las medidas adoptadas por el gobierno socialista, más preocupado por reforzar el valor de la laicidad que por enfrentar la radicalización de ciertos sectores juveniles en un contexto de pobreza, islamismo radical, exclusión social y delincuencia.

En nuestro país, las necesidades en estas cuestiones son diferentes, pero no menos urgentes. Sobre todo, porque esta autonomía de los Servicios de Inteligencia estatales, señalada claramente por el CELS en su reciente documento “Avances y retrocesos en la Ley de Inteligencia”, viene acompañando a la democracia desde su regreso en 1983. Las experiencias contemporáneas no indican que esto sea intrínseco a la naturaleza del Estado capitalista, como parece ser el caso en Argentina. Es, en realidad, otra herencia del último gobierno de facto, que mostró una gran capacidad para crear unidades especiales, entes autárquicos y otros engendros paraestatales que sólo profundizaron el debilitamiento del Estado y la corrupción de sus funciones. Los “grupos de tareas” mostraron una capacidad de operar de manera autónoma en relación con la planificación centralizada de la masacre que fue el terrorismo de Estado. Las trayectorias de los perpetradores Hoya (Causa Batallón 601) o Acosta (Megacausa ESMA y otras), reconstruidas por sus víctimas, y también por investigadores como Rita Rosemberg, Horacio Verbitsky, Patricia Marchak, Leigh Payne o Jorge Camarassa, muestran esta autonomización para matar y delinquir en beneficio propio y en nombre de la “defensa de la civilización occidental y cristiana”. Este maridaje sigue existiendo en el servicio de informaciones estatal. Hemos transitado hasta ahora por este esquema: laissez-faire en lugar del control político que se requiere en una democracia del siglo XXI. El ejemplo de la reforma de los planes de estudio de los institutos de enseñanza pertenecientes al ámbito castrense debería servir de ejemplo para las medidas a tomar en relación con esta urgente necesidad de tomar el control de esta área vital del Estado argentino. El ejercicio efectivo y político de este control es uno de los aspectos que diferencia a un Estado fuerte y democrático de un Estado débil. Los últimos tres gobiernos argentinos han dado muestras de querer ubicarse preferentemente en el primer modelo: es importante seguir en esa dirección empezando a desarticular la unión “natural” entre Servicios de Inteligencia y delito.

Cuando el Estado pierde el control, debe recuperarlo. Esperamos que los cambios que parecen anunciarse sean el preanuncio de la recuperación del control sobre una de las áreas que aún no ha sido reformada y actualizada después del retorno al estado de libertades.

* Instituto de estudios históricos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), Centre d’études et de recherches internationales (CAF/CERI Fellowship 2014) y Centro de estudios sobre memoria e historia del tiempo presente (CCM Haroldo Conti - Untref).