Antonio “Jaime” Stiuso fue dispensado del secreto, pongámosle, profesional, mediante una veloz acción del Gobierno. Cuando comparezca ante la fiscal Viviana Fein deberá (debería) hablar sin tapujos, bajo juramento de no mentir ni ser reticente. Stiuso ha pasado de ser un hombre poderoso y opaco a un protagonista citado con asiduidad en la primera plana de los diarios. La muerte del fiscal Alberto Nisman, como otros episodios similares, tiene entre otras repercusiones hacer famosos y comidilla de las tertulias a personas conocidas por pocos. Fein es otra, el servicial informático Diego Lagomarsino, un tercero.

Interrogar como testigo a quien podría ser imputado o procesado es un dilema procesal: puede estar contraindicado. El testigo debe expresar la verdad bajo apercibimiento de incurrir en delito, el indagado puede negarse a declarar en su contra y no está bajo juramento. Tal vez Fein demoraba la citación, reclamada a gritos desde distintos sectores, con esa idea en la cabeza. La revelación de una llamada vía Nextel poco antes de la muerte de Nisman impone el trámite, que deberá extenderse a cualquier persona que se comunicó con él, en esas horas o días.

El superespía es patrocinado por un abogado ducho en esas lides, hábil o hasta taimado. Sacará ventaja de todos los ripios del trámite o los urdirá.

Stiuso mismo es un personaje avezado en mentir, simular, urdir operaciones, generar confusión. Creerle o no, en lo atinente a esa llamada y al hecho de sangre que se investiga, será cuestión de fe. Desde luego, habrá elementos pasibles de ser cotejados con otras evidencias. Las referencias al contenido de la conversación, todo lo indica, quedarán a su merced y control. Si es que se presenta, claro.

Es notorio y fue asumido por Nisman que Stiuso lo asesoraba o llevaba de la mano en todo sobre al expediente referido al atentado contra la sede de la AMIA. Esa rama de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) a su vez tributaba a la CIA y a la “embajada”. Todos ellos son partidarios de la llamada “pista iraní”.

El oficialismo actuó bien al dispensar del secreto a Stiuso. Claro que esa presencia en Tribunales abrirá otra caja de Pandora. Esa historia mitológica, de momento, funciona más asiduamente que el hilo de Ariadna aludido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un reciente discurso.

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Fiscales en marcha: Un conjunto de fiscales, que no todos aunque se asevere lo contrario, convocó a una “marcha del silencio” para el 18 de febrero. Es ocioso debatir si es o no “política” o cuestionar ese aspecto. Toda movilización en el espacio público es política y un derecho constitucional. Si se afina el análisis el punto es si es proselitista en términos electorales. No caben dudas: se trata de una movida opositora. Habrá dirigentes políticos que serán de la partida sin llevar estandartes ni cotillón pero esmerándose en “robar cámara”.

Varios de los convocantes tienen escasa legitimidad para hablar en nombre de “la Justicia” (ver páginas 2/3). Carlos Stornelli, de trayectoria política y tribunalicia zigzagueante, podría a su vez dictar un curso sobre investigaciones criminales patéticas. Era ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires cuando se produjo el trágico accidente que segó las vidas de la familia Pomar. La pesquisa se demoró meses, se nutrió de “carne podrida” entregada a los medios arrojando sospechas perversas contra las víctimas. Se urdieron y divulgaron fábulas varias que las enlodaban. En definitiva, tras semanas de trabajo penoso, el auto se encontró a pocos metros de la ruta que transitaba, estrellado.

Los fiscales expresan una lucha frontal contra el oficialismo, que en buena medida tramita en Comodoro Py. Cuando tanto se habla de Stiuso, a quien se transforma en una especie de superhombre, es bueno recordar que hay un túnel virtual, invisible a los ojos, que comunica la SI con Comodoro Py. En tiempos no tan remotos, sobres frondosos lo transitaban de punto a punto.

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La causa es mía, mía, mía: Tal vez la causa Nisman supere la capacidad de trabajo y la aptitud para tratar con los medios de Fein. Está por verse y por ponerse a prueba.

La fiscal estaba a punto de jubilarse y de tomarse vacaciones, desistió de éstas. Las presiones que recibe la abruman y se le nota. Su jefe y convocante a la marcha, el fiscal Ricardo Sáenz, finge arroparla mientras la “conduce”. Alega que el Gobierno quiere desplazarla de su labor pero los movimientos visibles para quitar el expediente del juzgado en que tramitan vienen de otro lado.

El juez federal Luis Rodríguez, como informó ya este diario, aspira a succionar el juicio ligándolo por conexidad con otro que tramita en su juzgado. Es una denuncia por amenazas presentada con anterioridad por la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las hijas de Nisman.

La táctica es alentada desde varias notas del diario Clarín. Es difícil exagerar el protagonismo del multimedios no como mero ejercicio del periodismo sino como conductor de la oposición política y judicial. Con Rodríguez a cargo del pleito, Clarín jugaría de local.

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El recuerdo de Isabel: El discurso de los medios dominantes es atronador y no repara en límites ni en el rigor profesional. El columnista de La Nación Joaquín Morales Solá escribió en dos ocasiones algo así: “En el caso de la AMIA, la Justicia argentina concluyó que fue el gobierno de Irán el que ordenó y financió el devastador crimen”. La afirmación es falsa: los tribunales sólo “concluyen” cuando dictan sentencias definitivas. En la causa AMIA, obstruida desde 1994 por gobiernos anteriores al kirchnerismo y por los servicios, no hay sentencia definitiva ni siquiera una de primera instancia apelada. Nisman pidió que se llamara a indagatoria a ex funcionarios iraníes, que sujetos a la ley argentina y no a los protocolos del Departamento de Estado, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. La citación no se pudo cumplir porque los sospechosos no se presentan e Irán no concede extradiciones. Esto no demuestra que la hipótesis sea incorrecta pero tampoco que esté comprobada.

En la edición de Clarín de ayer, el periodista Alberto Amato desarrolla una tesis que se ha puesto en boga. Compara los últimos tiempos del gobierno de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón con el actual. Cristina, en ese relato, “es” Isabelita. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich es la nueva versión de José López Rega. La nómina de paralelismos forzados es prolongada. Y no propone una conclusión, explícitamente. Pero una lectura atenta del mismo ejemplar y de todos los de estas semanas habilita una inferencia. A la nota le falta un párrafo final o un desenlace, sugerido en tinta limón. Es una obviedad, pero allá va. A pocos meses de elecciones de recambio presidencial (como hoy día) el gobierno de Isabel fue derrocado para instituir la dictadura más sanguinaria de nuestra historia. Se impuso el terrorismo de Estado y se implementó una política económica antinacional, antipopular y antiobrera. Para la sociedad en su conjunto, fue devastador. Clarín no corrió una suerte similar: en el tramo más brutal, la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla, adquirió Papel Prensa. Los vendedores pasaron de la negociación de prepo a la mesa de tortura, en cuestión de días.

La embestida es arrolladora y viene siendo exitosa en el corto plazo. El afán es posiblemente conseguir sacar al Gobierno. Por ahí en una doble acepción.

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Tácticas y desafíos: Se sabe: “sacar” en jerga cotidiana es conseguir enardecer al otro, enfurecerlo. El elenco gubernamental acusó el impacto. Las encuestas lo comprueban, más aún el clima de palacio. La conducta de Capitanich, ya comentada en estas columnas, fue más grave que un error: una actitud autoritaria, posible consecuencia de una furia que un dirigente avezado, un profesional al fin, debe saber controlar.

La falta de gestos y palabras hacia las víctimas de la muerte, la familia en particular, es otra carencia. El kirchnerismo tiene un patrimonio acumulado en reivindicar a las víctimas, enaltecerlas, “darles voz”, contenerlas. No se trata de rectificar las críticas al insostenible dictamen de Nisman ni cejar en ese debate. Está en juego un proceder que valoriza a las personas y que mucha gente de a pie espera y valora.

Cuando la plana mayor del PJ discutió un necesario documento de defensa de la Presidenta se analizó la posibilidad de incluir un párrafo alusivo a la familia de Nisman. No “coló”, aunque tenía promotores. Fue más que un error de comunicación: una incongruencia con los mejores principios del oficialismo.

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Repasos: Las distintas vertientes opositoras construyen un mito falso: el oficialismo como culpable cuando no ejecutor de un asesinato. Las pruebas materiales sobre la muerte no lo ayudan, la fragilidad del dictamen sobre el memorándum se corrobora día a día. No importa, se sigue azuzando con el afán de convertirlos en los ítem únicos de la agenda cotidiana y los principales de la campaña electoral.

Las gestiones kirchneristas produjeron años de paz social y estabilidad inusuales en la Argentina. Con el aditamento, que se puede considerar o no contradictorio, de una radicalización del verbo político y el conflicto como eje cotidiano del debate.

El kirchnerismo admitió movilizaciones en su contra desde sus albores. Juan Carlos Blumberg fue el adalid de la primera, las entidades agropecuarias organizaron la más lesiva y convocante. En tales casos, el oficialismo cayó en traspiés varios (que abarcan concesiones indebidas) pero jamás apeló a la violencia. Mientras “el campo” cortaba rutas, promovía desabastecimiento y apostrofaba a la Presidenta, la disputa se llevó al Congreso. Hubo, como estrafalaria excepción, un apresamiento del “melli” Alfredo De Angeli, tosco y transmitido en directo por tevé que duró un puñado de horas.

La gravedad de los cargos y su inconsistencia pueden atizar bronca, es uno de sus objetivos. El oficialismo haría bien en tomar nota y no dejarse envolver en la espiral del odio.

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Expedientes y campañas: Hay muchas teorías sobre las causas de la muerte de Nisman, ninguna está probada donde debe serlo. El kirchnerismo cree que “le tiraron un muerto” y construye un silogismo político-investigativo: un dictamen falaz que genera el clima, el homicidio a Nisman, a manos de quienes fueron sus aliados.

El razonamiento no es absurdo ni imposible, pero un crimen no se acredita con silogismos. Hacer todo lo accesible para facilitar la investigación es el medio más idóneo. El expediente penal es un universo propio con reglas prefijadas. Para la sociedad y el sistema democrático es necesario que la investigación se preserve dentro de sus fronteras.

La dispensa a Stiuso es una decisión potencialmente funcional a la pesquisa y a la vez riesgosa.

El episodio en torno de un borrador de Nisman permite una deducción no tan trillada. El Ejecutivo no dispone de información propia sobre el expediente: produjo (y sobreactuó) su desmentida en base a declaraciones equivocadas de Fein. En términos institucionales es valioso que el Gobierno no tenga acceso a la causa, en términos comunicativos debe motivarlo a ser cauto cuando la alude.

El escenario anticipa la campaña electoral más feroz de la recuperación democrática, acaso diferente cualitativamente a las anteriores. Eso intuye este cronista, basado en la mirada cotidiana, ojalá se equivoque. Dependerá de la templanza y calidad de los dirigentes políticos de todas las banderías.

Las historias continuarán, vaya si continuarán.

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