A pesar de la ausencia opositora en el debate en comisión, y la presencia solamente del peronismo disidente en la sesión de ayer, el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo al Congreso para reformar la Ley de Inteligencia sufrió múltiples cambios. El primero, tras las exposiciones del CELS y del ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Sain, en el plenario de comisiones. El segundo, tras una reunión de los senadores kirchneristas con el titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli; su segundo, Juan Martín Mena; y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Así, la versión aprobada ayer por el Senado estableció nuevos mecanismos de control y transparencia de las partidas destinadas a la nueva Agencia Federal de Inteligencia, se limitó su rol de “auxiliar de la Justicia” y se abrió la puerta para iniciar una depuración del personal a través de una “jubilación extraordinaria” de sus agentes. También se acortó el plazo de desclasificación de los archivos de 25 a 15 años y se estableció que toda persona que acredite “interés legítimo” podrá solicitar documentación.

La última serie de modificaciones incorporadas en la sesión de ayer respondieron centralmente a los pedidos del Centro de Estudios Legales y Sociales y a correcciones de técnica legislativa realizadas por senadores como Marcelo Guinle. Además de diferenciar entre “Inteligencia criminal” e “investigación criminal”, se fijó que las tareas de investigación criminal sólo podrán ser realizadas con requerimiento “específico y fundado” de una autoridad judicial competente y que le serán aplicadas “las reglas procesales correspondientes”. De esta manera, se buscó restringir la autonomía con la que se manejan actualmente los agentes.

Se cambió el criterio de publicidad de los fondos de Inteligencia, que serán reservados como excepción. La media sanción del Senado establece que “sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de Inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”. Además, se pasa de 5 a 3 las clasificaciones de los archivos: “Secreto”, “Confidencial” y “Público”.

Se amplió de 90 a 120 días el plazo para la creación de la nueva AFI y se fijó que hasta tanto la Procuración General de la Nación cuente con el personal propio para hacerse cargo de la Dirección de Observaciones Judiciales podrá solicitar en comisión los servicios del personal necesario a la AFI para garantizar su funcionamiento.

Si bien se traspasa todo el personal y los bienes de la Secretaría de Inteligencia a la AFI, se faculta al actual titular del organismo para disponer “la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios”. El haber jubilatorio se calculará en base al último mes de trabajo.