La jueza Sandra Arroyo Salgado habló en el Congreso: interpeló a todos los poderes del Estado y a los medios de comunicación. Es la madre de las hijas del fallecido fiscal Alberto Nisman y, en cuanto tal, querellante en la causa que investiga su “muerte dudosa” y violenta. No es una litigante promedio o cualunque. Como magistrada conoce el paño y tiene un respeto profesional, usual entre colegas, de quienes también integran el Poder Judicial.

Hasta ahora, la prudencia signó su conducta. Minimizó las apariciones públicas. Eligió para su representación a la Defensoría General, un organismo oficial que es, a su sensato ver, una garantía institucional. De-sechó la alternativa (tal vez algunas ofertas) de profesionales del fuero penal, reconocidos y mediáticos.

La ex mujer de Nisman cuestionó la “sobreexposición mediática” en un párrafo que alertaba a toda la dirigencia política, tanto como a los medios de comunicación. Incluyó un párrafo específico, severo, para la fiscal Viviana Fein. Arroyo Salgado deplora que se vaya divulgando información sobre un trámite que está en la etapa de secreto del sumario.

Ese punto es una de las mochilas que cargan sobre las espaldas de Fein, quien interrogó a la jueza.

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Fiscal de instrucción de prolongada trayectoria, Fein está habituada y capacitada, según señalan varios de sus colegas, para investigar una muerte cuyas calificaciones posibles son suicidio u homicidio. En eso es más ducha que la mayoría de los pobladores de Comodoro Py, aspecto sobre el que se volverá.

Pero la magnitud y relevancia de la cuestión trascienden su experticia y desempeño precedente. Una de las facetas más complejas es la relación con los medios. No debería ser la preponderante, como bien subrayó Arroyo Salgado, pero suele usurpar ese lugar.

Los requerimientos son constantes, múltiples. Prolifera una cantidad exorbitante de pescado podrido, filtraciones falsas, hipótesis descabelladas, “pericias” hechas de parado en la tele por quienes no acceden al expediente. Surfear esa marea sin caerse es un desafío mayúsculo.

Fein viene optando por un método mixto, que es combinar la difusión de datos concretos con desmentidas o corroboraciones de versiones periodísticas.

Este cronista cree que no es la mejor táctica, aunque desoladoramente piensa que no hay forma perfecta y sin contraindicaciones de comunicar bien (que es poco y por escrito) sin exasperar a los medios. La falta de data los “motiva” (se subrayan las comillas, si eso es posible) a la narrativa fantástica.

Cuentan los que conocen a Arroyo Salgado que sus reproches a Fein van más allá, que alcanzan al interrogatorio que le hizo.

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La lentitud de la investigación es un factor común entre los cuestionamientos a la fiscal, desde varios sectores, periodistas o dirigentes políticos. De cualquier modo, nadie ha puesto en tela de juicio su imparcialidad, que es un valor altísimo en el tórrido y turbio contexto político que rodea al juicio. Puesto en términos futboleros, redondeando conversaciones con intérpretes calificados, el cronista sugiere que es como si un equipo argentino de mitad de tabla para abajo debiera disputar una final contra el Barcelona en el Camp Nou. Su compromiso es peliagudo, el mayor de su carrera, cualitativamente distinto a todo lo pasado. Su primera virtud es que es profesional, quiere jugar bien el partido y no ir a menos. Puede parecer poco aunque, comparativamente a las alternativas reales disponibles, es bastante, o mucho, mucho.

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En el bien poblado serpentario de Comodoro Py cunde la ambición de “atraer” el expediente. Uno de sus cultores es el juez Luis Rodríguez, aduciendo conexidad con las denuncias por amenazas deducidas por Nisman y por la propia Arroyo Salgado que tramitan en su juzgado. La idea es forzada, no resiste una lectura a los códigos... pero cuando la voluntad está en Py, todo milagro es posible.

Por ahora, la carátula es “muerte dudosa”, lo que impone que sea la fiscal quien instruya y no la jueza Fabiana Palmaghini. Si se decidiera que hay homicidio, el expediente podría cambiar de juez y de fuero. La Justicia federal no trata, como regla, esos delitos. Pero sí podría corresponderle el juzgamiento de un crimen –aun común en principio– cometido contra un ex fiscal federal en el de-sempeño de su cargo. Hay mucha jurisprudencia de la Corte Suprema que avala la interpretación. Si se recaratulara como homicidio, el expediente debería mudarse.

Seguramente no sería lo mejor para el progreso de la pesquisa. Primero por la manifiesta parcialidad de varios jueces y fiscales federales que han llegado a la exorbitancia de prejuzgar en un pleito en que no intervienen. También lo hizo el fiscal de Cámara Alberto Sáenz, poniéndose a tiro de eventual recusación fundada si el expediente fuera elevado a su conocimiento.

En segundo lugar, los “federales”, ya se dijo, están formateados para abordar delitos complejos, pero no un homicidio. No tienen práctica ni saber adquirido.

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Fein va despacio para la percepción de los protagonistas y, se intuye, del sector minoritario de “la opinión pública” que sigue el caso día a día. Claro que los tiempos de “la Justicia” son prolongados: en ese terreno no está en falta, por ahora. El deplorable Código Procesal vigente le otorga cuatro meses para expedirse. Por las dudas, el artículo 207 la habilita a prorrogarlos en supuestos de “extrema gravedad” o de muy “difícil investigación”.

En el cotidiano, esos plazos, de por sí extendidos, no suelen respetarse.

De cualquier manera, en algún momento deberá expedirse. Las pruebas conocidas hasta ahora condicen con un suicidio. Nada hay que induzca a la hipótesis de homicidio, salvo las especulaciones políticas o teorías contextuales.

Falta producir muchas pruebas y hay ya zonas oscuras, como la falta de información cabal de la vigilancia privada del edificio Le Parc. Las pericias sobre rastros de pólvora en las manos de Nisman tampoco arrojaron conclusiones rotundas. La carencia no comprueba un asesinato, aunque no ayuda a redondear la idea del suicidio.

Si no se sumaran evidencias sólidas nuevas, en algún momento debería dictaminarse que hubo posible suicidio. Puesto de otra manera, ése sería el primer desenlace si todo continúa como hasta hoy, cuando la prueba está incompleta. Lo sensato sería ordenar el archivo del expediente, que dista de equivaler a una sentencia condenatoria o absolutoria contra un procesado. En tal caso habría decisión definitiva, “cosa juzgada” cuando se agotaran todas las instancias. El archivo, por decirlo en lenguaje común, deja la causa pendiente, hibernando. Cualquier ofrecimiento de prueba ulterior permitiría su reapertura.

En términos políticos, todo indica que un veredicto de suicidio generaría un torrente de repudio a la fiscal. Se supone que ella debería pronunciarse según su saber y conciencia. Debería... pero sus derivaciones previsibles podrían condicionarla. Es muy improbable que no sienta la presión, consciente o inconscientemente. Prolongar la investigación puede ser un rebusque para zafar de un escenario difícil de soportar.

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Gils Carbó difundirá mañana los nombres de los fiscales que se harán cargo de la Unidad AMIA que estaba a cargo de Nisman. La elección tenía sus bemoles, por la cantidad de fuego cruzado que acecha a la procuradora. Por añadidura, hubo potenciales aspirantes que no quisieron aceptar por ser amigos de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que serán acusados (entre otros) en el juicio oral por encubrimiento que, se espera, tendrá inicio en junio. Otros se despegaron por cautela o temor. Se suman las presiones, feroces, para que Gils Carbó no nomine a fiscales “muy cercanos a ella”.

Superando esas vallas, la procuradora nombrará un equipo de fiscales, y su criterio osciló entre tres y cinco. Hay un mérito al encargar una causa tan compleja e importante a un conjunto y no a un solo funcionario. Va a contrapelo de los criterios de la “corporación judicial” a la que le encanta que uno solo de sus integrantes acumule el poder de ser amo y señor de un expediente, aunque conspire contra la dilucidación de los hechos.

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Coexisten dos causas por posibles encubrimientos: ésa y la que inició Nisman basada en el Memorándum de Entendimiento con Irán. Un encubrimiento ronda la llamada “pista siria”, otro versa sobre la “pista iraní”. Una persona atenta podrá replicar que la dualidad no es muy cartesiana; habría que refrescarle que el gran pintor de la lógica judicial no fue René Descartes sino Franz Kafka.

Todo ocurre en paralelo con la inminencia de la marcha convocada por un grupo de fiscales. Varios de ellos entorpecieron o impidieron el avance del expediente sobre la AMIA, en mal ejercicio de sus funciones.

La concurrencia determinará el sentido cabal de la movilización. Para los promotores es un escudo protector contra su impericia y una compensación cuando han perdido conexión con la Secretaría de Inteligencia. Antonio Stiuso depondrá como testigo, ha sido desplazado de su cargo: los aliados reaccionan a su manera.

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