El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó, tal como era previsible, la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otras personas. El delito es el de encubrimiento del atentado contra la AMIA. Pollicita insiste –siguiendo la denuncia formulada por Alberto Nisman antes de morir– en hechos inexistentes: dice que se pretendió levantar las alertas rojas contra los sospechosos iraníes, pero no se levantaron; afirma que se estaba por constituir una Comisión de la Verdad que iba a garantizar la impunidad de los iraníes, pero no se constituyó; sostiene que se iba a instalar una pista falsa de que el atentado fue cometido por “fachos locales” y no terroristas islámicos, pero esa pista falsa nunca se presentó. Y concluye en que todo se haría para concretar una mejora en las relaciones económicas, cosa que tampoco ocurrió. El juez Daniel Rafecas deberá ahora resolver qué criterio adopta frente a la denuncia “Debería desestimarla –señaló ayer el jurista León Arslanian–. No vemos ni siquiera el comienzo de ejecución, ni un acto preparatorio de un acto delictivo.” Arslanian explicó que “está claramente documentado, hasta en la propia denuncia, que el canciller insistía frente a Interpol que de ninguna manera las alertas rojas debían ser levantadas”. Pollicita pidió que la causa quede bajo secreto de sumario, no dio a conocer las 50 medidas que propuso –para no frustrar la investigación– y requirió colaboración de la flamante Unidad AMIA.

Fiscales

Pollicita –al que el oficialismo vincula con el macrismo porque tuvo cargos en Boca durante la presidencia de Mauricio Macri–, trató de enderezar sutilmente la denuncia de Nisman, porque ya percibió que en los últimos días de vida del fallecido fiscal sus argumentos habían sido demolidos por el ex secretario de Interpol, Ronald Noble; por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que dijo que “la denuncia de Nisman tiene nulo o escaso valor probatorio” y que se fundaba “en un trabajo de servicios de Inteligencia” y por la documentación que certificó que el canciller Timerman le recalcó a Interpol, desde el primer momento, que las alertas rojas no podían modificarse ya que cualquier cambio sólo era facultad del juez.

Pollicita casi no tenía otro camino que impulsar la causa: era impensable que dijese que la denuncia de Nisman carecía de fundamento. Menos aún ante la marcha que protagonizarán el miércoles los otros fiscales de Comodoro Py, muy cercanos a él.

Alertas rojas

El fiscal federal no podía escaparle a la cuestión central de la denuncia de Nisman: las alertas rojas. Lo formuló reiteradamente en el escrito que presentó ante Rafecas: “En base a ello, el fiscal Nisman interpretó que la notificación operativa e inmediata del Memorándum de Entendimiento fue la excusa para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas, esto entendido como una ayuda dirigida a evitar la detención de los prófugos”.

Como señaló la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, en el escrito presentado en defensa del Estado ante el juez Rafecas, cuando el canciller le informó a Interpol de la suscripción del Memorándum –en carta del 15 de febrero de 2013, dos semanas después de la firma–, sostuvo: “Cualquier cambio en los requerimientos de capturas sólo puede ser realizado por el juez argentino que entiende en la causa, doctor Rodolfo Canicoba Corral”. Y en la misma carta firmada por Timerman, un párrafo más abajo, dice: “La firma del Memorándum ni su entrada en vigor producen cambio alguno en el status en el procedimiento penal aplicado ni en el requerimiento de captura internacional arriba mencionado”. A raíz de esta carta –según declaró el ex secretario general de Interpol, Noble–, Timerman pidió una respuesta por escrito. Y un mes más tarde, el responsable legal de Interpol, Joel Sellier, un juez francés, contestó y ratificó que la firma del Memorándum, al que consideró un paso adelante, no implicaba ningún cambio en las alertas rojas.

De forma asombrosa, Nisman primero y Pollicita ahora saltean la existencia de la carta original de Timerman advirtiéndole a Interpol que no había cambios en las capturas y saltean también el pedido de que la organización internacional ponga por escrito ese concepto. Noble fue categórico en recordar todos estos pasos, considerando falsos los planteos de Nisman.

Juez

En el texto presentado por la Procuración del Tesoro (ver aparte), además se hace notar que ya en su momento el juez del caso AMIA, Canicoba Corral, se pronunció sobre el tema ante un planteo de AMIA-DAIA: “No se ha logrado probar en autos la existencia de la lesión referida a la cancelación de las alertas rojas”. O sea que el magistrado ya dijo en su momento que no se verificó ningún intento del Ejecutivo de levantar las alertas rojas. Y Abbona insiste en un concepto adicional: aun cuando la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum, lo hizo por considerar “la incidencia que podría tener la Comisión de la Verdad, pero no porque la firma del Memorándum pusiera en juego la plena vigencia de las alertas rojas”.

Pese a las evidencias, Pollicita –siguiendo a Nisman– argumenta que las alertas rojas no cayeron por la firmeza de Interpol, cuando la documentación y hasta el testimonio del norteamericano Noble indican que “el gobierno argentino se mantuvo firme y coherente en este tema”.

Pollicita pretende utilizar como fundamento que Teherán dice que “no le cumplieron” con el levantamiento de las alertas rojas y por eso desistió del Memorándum. Lo objetivo, en cualquier caso, es que “no hubo ayuda para los imputados”, como requiere el delito de encubrimiento, entre otras cosas, porque el canciller y la Presidenta le reiteraron a Interpol que la firma del Memorándum no cambiaba las órdenes de captura.

Ocultando

Pollicita se dio cuenta de que algún aspecto de la denuncia de Nisman no resistía el menor análisis. En concreto, por ejemplo, aquello del cambio de petróleo por granos. Es que ya quedó claro que la Argentina no tiene refinadoras de petróleo que puedan procesar hidrocarburos con tanto azufre como el iraní.

De todas maneras, para instalar la idea de la existencia de un canje de impunidad por mejora en la relación económica, Nisman y ahora Pollicita apelaron a las escuchas telefónicas entre Yussuf Khalil, un argentino de la comunidad chiíta, Luis D’Elía o Fernando Esteche, líderes de Miles y de Quebracho, y el supuesto espía Allan Bogado. Entre ellos hablan de negocios fabulosos y dicen que provienen de diálogos con la Presidenta, el ministro de Planificación, Julio De Vido, o el diputado Andrés Larroque. En ninguna de las escuchas aparece evidencia alguna y, como sostiene la procuradora del Tesoro, “se trata de terceros no investidos de ninguna representación del Estado argentino”. A esto se agrega que Bogado había sido denunciado por la propia Secretaría de Inteligencia.

Rebajando un poco lo de petróleo por granos, Pollicita lo transformó en que la Presidenta y el canciller buscaban “mejorar las relaciones económicas”. Lo real es que eso tampoco se verificó. El Ministerio de Economía y la AFIP, en documentación presentada a través de la Procuración del Tesoro, demostraron la inexistencia de crecimiento en el vínculo comercial. Con informes de la FAO, además, se explicó que los leves cambios en las compras a la Argentina tuvieron que ver con sequías en Irán y no con razones políticas. En todos los casos, las ventas de soja a Teherán se concretaron a través de empresas privadas, no del Estado.

Fachos

Uno de los argumentos de la denuncia de Nisman era que existía el plan de crear una pista falsa respecto del atentado. Se le iba a adjudicar responsabilidad a un grupo de “fachos locales”, para de esa manera sacar de la acusación a los iraníes. En el texto original redactado por el fiscal fallecido no se daban mayores explicaciones y se salteaba un aspecto decisivo: cualquier pista nueva debía pasar por el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman.

Además, lo cierto y concreto es que, pese a que supuestamente el plan empezó a elaborarse en 2011, hasta 2015 no se había presentado nada semejante.

En el escrito redactado por Pollicita se afirma que lo de la pista de fachos locales sería planteado por la Comisión de la Verdad, un cuerpo previsto en el Memorándum. Extrañamente, se habla de que estaría integrado por un par de iraníes, cuando el texto dice lo contrario: expertos en derecho internacional, ni argentinos ni iraníes. Pero ese cuerpo sería el que instalaría la idea de que el atentado fue cometido por argentinos de derecha. “Específicamente, Nisman advirtió sobre un cambio de hipótesis y un redireccionamiento de la investigación judicial del caso AMIA, hacia nuevos imputados, fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular definitiva y fraudulentamente a los acusados iraníes, lo cual sería materializado a través de recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuya observancia el Estado argentino estaba comprometido.”

Por lo que se sabe, no hay ninguna evidencia de eso: sólo surge de escuchas en las que hablan, por ejemplo, Khalil y D’Elía, siempre en tono elíptico. Pero, por ejemplo, no mencionan a nadie, ningún “facho local”; no existe un papel, un documento, algo concreto que indique que ese plan de la pista falsa se iba a poner en marcha alguna vez. Y es evidente que el primero que iba a tener que evaluar –y frenar– cualquier movida de ese estilo era el propio Nisman.

Comisión de la Verdad

En el texto entregado ayer, se le da a la Comisión de la Verdad, creada en el Memorándum, una relevancia completamente distinta de la que tenía. Se dice ahora que era el gran plan de impunidad.

La debacle de la mayor parte de los argumentos presentados por Nisman llevó a Pollicita a poner a la comisión en el centro de la escena. El más grave problema que tiene esa movida es que el Memorándum de Entendimiento, que incluye a la Comisión de la Verdad, fue votado por el Congreso Nacional, de manera que si su creación constituye un delito, participaron los diputados y senadores.

En realidad, el Memorándum no está en vigencia ni lo estuvo nunca, porque el paso clave consistía en la entrega de cartas reversales, es decir de cartas en las que ambos gobiernos aceptaban los términos firmados. Irán nunca terminó de convalidarlo, pese a que la oposición siempre sostuvo que le resultaba muy ventajoso. En el texto, la Comisión de la Verdad podía realizar recomendaciones, pero no vinculantes, es decir que de todas maneras las resoluciones judiciales sólo corrían por cuenta del juez argentino. Es curioso que hoy la oposición proponga una Comisión de la Verdad para investigar el caso Nisman.

“A la luz de lo sostenido en la denuncia –dice Pollicita–, en el caso se habrían realizado una serie de actos, en especial la creación de la denominada Comisión de la Verdad, orientados a la desvinculación de los imputados iraníes de la causa AMIA y a la creación de una hipótesis acusatoria falsa con entidad suficiente para que aquellos eludan cualquier tipo de responsabilidad.”

Esto significa suponer que una Comisión de la Verdad que nunca existió, que era parte de un texto aprobado en el Congreso pero que nunca entró en vigencia, iba a presentar una pista falsa que se nunca presentó y que de esa manera se iba desvincular a iraníes que nunca fueron ni desvinculados ni se les suprimieron las órdenes de captura con alertas rojas.

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