La Procuración del Tesoro presentó ayer las pruebas que refutan la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Tal como adelantó ayer Página/12, la procuradora Angelina Abbona respondió cada una de las acusaciones y presentó las pruebas para controvertirla. Lo hizo ante el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien se reincorporará a sus tareas el 22 de febrero. Hasta tanto, el juez es reemplazado por su par Sebastián Ramos. Abonna presentó un escrito en donde sostiene que la acusación de Nisman impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, contra la presidenta Cristina Fernández y dirigentes del oficialismo, entre otros, por encubrir el atentado a la AMIA y liberar de responsabilidad a acusados iraníes, “no tiene sustento probatorio” y es un “entramado ficcional”.

Ese juzgado tiene a su cargo la investigación de la denuncia formulada el 14 de enero por el fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA, quien fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero cuatro días después.

En la presentación, que contiene 68 páginas y 15 documentos probatorios, la Procuración del Tesoro, en rigor, el organismo que nuclea a los abogados del Estado, sostuvo que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la Nación o a funcionarios del gobierno nacional susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales tipificados (...) en el Código Penal”. Y agregó que “resulta absolutamente claro que tales ‘indicios’, considerados por el denunciante a partir de la apreciación subjetiva de los hechos direccionada a la formulación de la incriminación que nos ocupa, no tienen entidad, siquiera, para constituir una mera pista o huella de un proceder delictivo”.

El texto firmado por Abbona, y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament, también precisó que “algunos indicios invocados como la supuesta prueba del fantástico plan delictivo no soportan siquiera un mínimo test”. Además señaló que “los documentos de carácter técnico” producidos por los ministerios de Planificación Federal y de Economía, y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “desbaratan las afirmaciones de la denuncia en el sentido de que la firma del Memorándum de Entendimiento (con Irán) habría tenido un móvil ilegítimo encubierto”. En tal sentido, el escrito enfatizó que “ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.

Entre otros argumentos, la Procuración del Tesoro destacó que la potestad de levantar los alertas rojos contra los iraníes acusados del atentado a la AMIA sólo estaba en poder del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. “En el texto expreso del Memorándum no aparece ninguna previsión que cercene las atribuciones del magistrado de la causa AMIA a fin de decidir el futuro del proceso; ni que contemple la cancelación de las notificaciones rojas de Interpol, por el mero hecho de la suscripción del aludido acuerdo bilateral”, detalló la presentación.

La Procuración también acompañó una serie de documentos para sostener su postura. Entre ellos, el intercambio de cartas entre el canciller, Héctor Timerman, y el secretario general de Interpol, Ronald Noble. La nota del 15 de enero de este año, firmada por Noble, desmiente a Nisman cuando afirma que el canciller Timerman buscó gestionar que se cayeran los alertas rojos. “El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo una conducta coherente y clara en el sentido de que la suscripción del Memorándum no había implicado cambio alguno en la vigencia de las notificaciones de Interpol” respecto de los iraníes, argumentó Abbona.

En los hechos, la presentación de la Procuración tiene por objeto sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo en relación con el Memorándum de Entendimiento con Irán, refutando la denuncia de Nisman acerca de un supuesto acuerdo para exculpar a los funcionarios de ese país sospechados de haber propiciado el atentado a la AMIA, a cambio de negociaciones comerciales entre ambos países.