El jueves al mediodía, el presidente Néstor Kirchner abrevió los prolegómenos de su canciller Rafael Bielsa y encaró al presidente oriental Jorge Battle, en la estancia erigida donde Aarón de Anchorena y Jorge Newbery aterrizaron su globo Pampero en 1907, después de cruzar por primera vez el Río de la Plata. Le dijo que el interés oficial de su gobierno por el hallazgo de los restos de la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman no había disminuido. Le pidió que se pusiera al frente de la búsqueda y ordenara excavar en el regimiento donde estaría sepultado el cuerpo de la adolescente, asesinada hace un cuarto de siglo luego de dar a luz una criatura que fue entregada a un jefe policial uruguayo, amigo del ex presidente Julio Sanguinetti. El presidente oriental, quien hasta ahora había sostenido una posición reticente, comprometió su apoyo. Aceptó que Juan Gelman viajara a Montevideo en compañía de Bielsa (“de modo que no irá solo sino con la República Argentina”, dijo Kirchner), y prometió que él mismo lo llevaría en su auto al lugar de las excavaciones. “Yo sé que tengo que resolver esto”, dijo como para sí mismo. Otra de las imprudencias de Kirchner destrababa un conflicto que se veía cerrado y sin salida. Más que a un estilo personal parece obedecer a una lectura del momento histórico en el que el azar lo puso en el sitio menos pensado. La ruptura con lo convencional y lo previsible puede ser la condición de subsistencia de su gobierno. Cuando comenzó, se decía que atacaba muchos frentes al mismo tiempo. Casi un semestre después queda más claro que prueba por distintos lados de un frente único, cuyas conexiones trabadas a lo largo de décadas llegaron a sofocar la vitalidad del sistema institucional y bloquear su relación con la base popular que debe representar. Debe ganarse así la respiración de cada jornada.
Suspicacias
En los doce minutos del vuelo de regreso Kirchner le explicó a Eduardo Duhalde sus razones para anular el decreto que modificaba el contrato de concesión de los aeropuertos federales a una empresa que no ha cumplido ni con las obras ni con el pago del canon comprometido. El ex Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, se había reservado la renegociación de ese contrato y del de Correo Argentino, al margen del Ministerio de Economía y de la comisión creada ad hoc para esa tarea. “Atanasof no te hizo ningún favor al llevarte a la firma la renegociación de ese contrato cinco días antes de la entrega del gobierno. Eso se presta a todas las suspicacias. Hicimos lo que teníamos que hacer al anularlo”, dijo. Pero esperó varios meses, muchas elecciones difíciles ganadas y un día especial para su predecesor. Duhalde escuchó sin hacer comentarios, como si con la provincia de Buenos Aires y su rutilante cargo en el Mercosur tuviera suficiente. Mientras busca un departamento adecuado para alojarse en Montevideo, Duhalde habita en una mansión prestada por el ex gobernador misionero Ramón Puerta, abrazado a quien cayó en los comicios del mes pasado. La residencia está en la zona naval del barrio de Carrasco, junto a las casas de los hijos de Alfredo Yabrán. Puerta la puso en condiciones cuando Duhalde todavía moraba en el Polideportivo de Olivos, lo cual incluyó la erección de puestos de vigilancia. “Se hace el uruguayo”, comentan los vecinos que ven pasear a Duhalde por la rambla con la patrona.
Desprestigio
Ya en su despacho, Kirchner leyó un cable de una agencia de noticias. Decía que el coronel Horacio Losito, uno de los diez militares procesados por la masacre de Margarita Belén, en El Chaco, había regresado a su destino como agregado militar en la embajada argentina en Italia. Se comunicó con los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores. Cuando José Pampuro y Rafael Bielsa le confirmaron que la información era cierta, les preguntó sus razones para ello. Le dijeron que Losito había sido desafectado de la causa y que lo beneficiaba la presunción de inocencia. Losito, que iba en el último vehículo del convoy en el que fueron trasladados los prisioneros, fue procesado por el juez federal Carlos Skidelsky por desaparición forzada de personas y por homicidios agravados por alevosía, cometidos por el concurso premeditado de otras personas. La Cámara Federal de Resistencia no lo absolvió ni lo desafectó de la causa, apenas ordenó su libertad alegando que Skidelsky debía ceder su competencia a la Cámara Federal de Rosario, que ya la había declinado. Esta decisión ha dado lugar a una solicitud de juicio político contra los camaristas y contra la fiscal subrogante que consumaron ese golpeantijurídico. Por ahora en libertad, Losito sigue bajo proceso por aquel crimen horrendo. Es jurisprudencia pacífica que las cuestiones de competencia no se pueden dirimir en un recurso de hábeas corpus. Kirchner aceptó que la presunción de inocencia rige mientras no haya una condena judicial, pero replicó que era un desprestigio para la República el que la representara un procesado por tan graves delitos. No fue prudente, sino justo.
Sin eufemismos
Esa misma tarde el Senado discutía la suspensión del hombre fuerte de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Moliné O’Connor. Su defensa técnica tuvo altibajos, entre la sobriedad de Gregorio Badeni y el efectismo del ex ministro de la dictadura militar Eduardo Aguirre Obarrio. Pero su alegato personal tuvo la misma baja altura de su desempeño en la Corte. Con el tono agrio del resentimiento, intentó diluir responsabilidades en sus colegas del tribunal, aunque para ello debiera faltar en forma abierta a la verdad. Por ejemplo, dijo que todos ellos y no sólo él habían reivindicado el 3 de diciembre de 1998 en la Acordada 52 las facultades disciplinarias de la Corte Suprema, por considerar que las del Consejo de la Magistratura no eran excluyentes. Pero omitió que desde la primera vez en que la Corte ejerció esas presuntas atribuciones, los jueces Enrique Petracchi y Gustavo Bossert votaron en disidencia por la remisión de todos los expedientes disciplinarios al Consejo de la Magistratura, creado por la reforma constitucional de 1994. La Corte tenía a consideración la apelación del juez federal Jorge Urso a una sanción que le había impuesto la Cámara Federal que era su alzada. Petracchi, que había firmado la Acordada 52 escribió seis meses después, el 30 de junio de 1999 que “es justo y razonable, cuando se lo advierte, no aceptar del error la porfía y enmendar sus consecuencias sin tardanzas”. No sólo no lo dijo en la audiencia. Como responsable de jurisprudencia, tampoco lo publicó entre los fallos de la Corte. Por otra parte, a Moliné no se lo juzga por la reivindicación teórica de ciertas discutibles facultades, sino por su uso en el caso concreto del juez Mario Magariños, a quien sancionó por haber opinado sobre un fallo de la Corte ante una consulta de la Defensoría General que había llevado una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Invocando la división de poderes y la Constitución reformada en 1994, uno de los subloques de senadores radicales anunció que se opondría. La senadora Cristina Fernández de Kirchner le replicó que la división de poderes fue atropellada por el Pacto de Olivos, que instaló el toma y daca para el reparto de asientos en la Corte Suprema de Justicia y que lo que les molestaba era que Kirchner se había negado a negociar con la oposición su apoyo al alejamiento de un juez a cambio de ocupar la vacante con uno de los suyos. Todos quienes escuchaban sabían que el destinatario del mensaje era el heredero de Alfonsín en la conducción del bloque, Carlos Maestro, quien había gestionado el plan trueque ante el Poder Ejecutivo. Contra lo que se preveía, la suspensión de Moliné fue votada no por una mayoría simple sino por los dos tercios de los senadores, el mismo porcentaje que se requiere para su remoción que, a esta altura, parece inevitable. Tal vez el logro se deba a esa otra imprudencia de llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos.
Provocación
El día anterior, en la sala de audiencias de la Comisión de Acuerdos del Senado, en el edificio anexo de Hipólito Yrigoyen, Raúl Zaffaroni había respondido durante siete horas un centenar de preguntas sobre su vida y obra, sus fallos como juez, sus tratados, su patrimonio y susdeclaraciones de bienes. Antes de llegar a esta instancia, el Poder Ejecutivo había abierto un proceso de impugnaciones que duró veinte días, de acuerdo con el decreto 222/03, más otros tantos en el Senado. En ese proceso surgieron legítimas dudas sobre las cuentas y los bienes del candidato, que quedaron aclaradas durante el interrogatorio. Ni la Oficina Anticorrupción ni la AFIP entendieron que Zaffaroni haya cometido ilícitos ni evadido impuestos. No es seguro que la flamante fundación menemista liberal Bicentenario, que capitaneó las impugnaciones a Zaffaroni, soporte un examen equivalente sobre su contabilidad, salvo que el matutino La Nación le haya cedido sin cargo el espacio para los agresivos avisos en contra del candidato postulado por Kirchner.
En contraste con este procedimiento vale la pena recordar cómo ingreso Moliné a la Corte: su pliego, y el de los otros cinco integrantes de la flamante mayoría automática, fue enviado un jueves al Senado por el ex presidente Carlos Menem. El cuerpo les dio acuerdo sobre tablas 24 horas después, en una sesión secreta que duró siete minutos, a la que no asistieron los representantes de la oposición. Nadie preguntó nada al personaje, del que sólo se conocía su parentesco con el jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y su autoritario desempeño como dirigente de una asociación de partidos de tenis. Hasta el día de hoy no se ha podido conocer un solo dato de su estado patrimonial, porque se niega a revelarlo. Junto a Zaffaroni se sentó en el estrado un abogado con el que comparte el estudio, Jacobo Grossman. Eso permitió que un diario de negocios publicara una versión novelesca de su prontuario. Grossman cumplió las dos terceras partes de una condena a veinte años de prisión por secuestro extorsivo, luego de lo cual estudió derecho y cambió de vida. Dentro y fuera del gobierno hubo quienes calificaron ese acompañamiento como una provocación, aunque no haya consenso acerca de en qué consistiría. Quienes vieron a Kirchner en estos días afirman que estaba más intrigado que inquieto por el episodio. Una vez disipados los gestos de asombro o de escándalo, cuando llega el momento de verbalizar un cuestionamiento, no hay palabras capaces de articularlo. Para un defensor consecuente de los derechos y garantías constitucionales, como se supone que todo juez de la Corte Suprema debe serlo, no es un demérito exhibirse junto a un ciudadano que cometió un delito y cumplió su pena. Zaffaroni jugó al límite, exponiendo sus convicciones en el momento y el lugar más incómodos. Tal vez este tipo de desafíos no le hagan mal a la democracia argentina y sean complementarios de la brillante explicación que Zaffaroni hizo sobre el sentido de la pena en nuestra organización institucional.
Narcodemocracia
El mismo día el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, dijo ante una audiencia policial que durante la década pasada la Argentina vivió al borde de la “narcodemocracia”, que se compraban y vendían leyes en el Congreso, que hubo funcionarios que “llegaron al poder con el afán de enriquecerse”, para lo cual fueron cómplices de “la corrupción y el narcotráfico” y “lavaron dinero sucio”. La tormenta de respuestas indignadas que cosechó incluyó la clásica invitación a presentar las pruebas de lo que conociera a la Justicia. Olvido o hipocresía, las pruebas están en la Justicia, que ya condenó por lavado de dinero proveniente de la comercialización de sustancias psicotrópicas de uso prohibido por las autoridades sanitarias al vicepresidente de Eduardo Duhalde en el partido justicialista de Buenos Aires, Mario Caserta, a su vez tesorero de la campaña presidencial de Carlos Menem en 1989. Caserta cumplió su pena, pero el concuñado presidencial Ibrahim Al Ibrahim sigue prófugo y Amira Yoma fue sobreseída en una resolución con la que se profundizó el descrédito de los tribunales. La designación del sirio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un cargo para el que no estaba capacitado y desde el cual hacía pasar el equipaje de los de funcionarios sin que fuera revisada, fue firmada por Duhalde, en ejercicio de la presidencia durante un viaje de Menem. La condena en Estados Unidos al lavador argentino Emilio Jaján, después de haberle dicho a un agente encubierto del gobierno de los Estados Unidos que podía lavar dólares en valija diplomática y que tenía acceso a la agenda presidencial tampoco es una hipérbole de Beliz. La compra de votos en el Congreso, durante las presidencias de Menem y Fernando de la Rúa ha dado lugar a varias causas judiciales, lo mismo que el lavado de dinero. Precisamente Moliné, como ministro de la Corte, consiguió que una de esas causas, que afectaba al banquero de confianza de Menem, fuera sustraída del juzgado que le había dictado la captura y que se anularan todas las pruebas ya producidas, de modo que pudiera recuperar su libertad ambulatoria y su capacidad empresarial. Fue el entonces diputado duhaldista Raúl Alvarez Echagüe, quien clamó en el Congreso cuando avanzaba el proceso de desguace del Estado: “Hemos votado honestamente la ley de reforma del Estado, pero jamás imaginamos que iba a servir para hacer lo que están haciendo. Dicen que se están repartiendo valijas”.
La frase de José Luis Manzano “Robo para la Corona”, no se refería a un juego de mesa. María Julia Alsogaray, Matilde Sbatetz de Menéndez, Raúl Granillo Ocampo, Hugo Toledo, Emir Yoma, no frecuentan los tribunales por amor a la Justicia. El Grupo Meller, en cuyo favor firmó Moliné uno de los fallos por los que ahora se lo juzga, representó la cuotaparte presidencial en la privatización de Obras Sanitarias, una de las que están ahora en la cuerda floja. A esa larga lista se sumó la semana pasada el comisario Roberto Giacomino, cuya carrera hasta llegar a la conducción de la Policía Federal se hizo bajo la protección de Duhalde y Carlos Rückauf. Giacomino también cree que Beliz fue apresurado e imprudente por relevarlo en cuanto tuvo la prueba de que había contratado servicios para el hospital policial Churruca con empresas de familiares, en concursos simulados de precios. Su opinión no mejorará a medida que se profundicen las investigaciones sobre los planes policiales de viviendas. Tampoco tranquilizará al duhaldismo el conocimiento más detallado sobre los sistemas de contratación del Churruca.
Peaje
También se formaron varias causas judiciales a raíz de las concesiones de rutas nacionales por peaje. La última de ellas fue iniciada por una denuncia de la Oficina Anticorrupción, que determinó una defraudación de 420 millones de dólares al Estado, que mediante indexaciones prohibidas por la ley 23.928 pagó deudas inexistentes a las empresas concesionarias. Ese perjuicio fue confirmado por un peritaje que ordenó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que instruye el expediente. Según la Oficina Anticorrupción el modus operandi consistió en cooptar la voluntad del Estado mediante la colocación de hombres de las empresas en los puestos clave. Un capítulo especial de ese despilfarro lo constituye Servicios Viales, del grupo Macri, cuyo beneficio indebido habría llegado a 76 millones de dólares, que cobró cuando ya tenía crónicos atrasos en el pago del canon del Correo Argentino. Durante el gobierno de Menem, su ministro Roberto Dromi y su viceministro Rodolfo Barra (luego compañero de Moliné en la mayoría automática de la Corte Suprema), los Macri pusieron a sus hombres en los cargos estratégicos para el otorgamiento de las concesiones. Cuando ya gobernaba Fernando de la Rúa con su ministro -Nicolás Gallo consiguieron la designación de otros de sus gerentes en los cargos decisivos para la renegociación de los contratos. Si esto no es compraventa de leyes, decretos y resoluciones, que la Real Academia de la Lengua se lo demande al imprudente Beliz. Con esta información, que loslectores de estas páginas conocen a fondo desde hace muchos años, el temerario Kirchner está analizando otras medidas que además de procurar la sanción penal de los responsables, permita reparar el daño patrimonial. Para ello podría ampliar las facultades de la Oficina Anticorrupción, de modo que también pueda accionar para la recuperación de esos fondos o bien ordenar a la Procuración del Tesoro que inicie las acciones civiles con ese propósito. El reclamo se extendería a las empresas controlantes de las beneficiarias (en el caso Servicios Viales, el Grupo Socma) e incluiría intereses a partir del ilícito. Quedaría pendiente de una decisión política si esas empresas o grupos económicos podrían participar en nuevas licitaciones de obra pública o concesiones de peaje.
Pulseada
A la anulación del decreto que blanqueaba los incumplimientos del concesionario de los aeropuertos se suman la preparación de las acciones civiles contra el Club del Peaje y la probable rescisión de los contratos con Aguas Argentinas y el Correo Argentino. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, se inclina por el mecanismo del “cram down” incluido en la ley de quiebras, que permite a los acreedores tomar el control de la empresa. Kirchner prefiere la lisa y llana rescisión por los incumplimientos sistemáticos del concesionario. Estos episodios son los más estridentes dentro de un paquete conflictivo, que es la renegociación de cinco docenas de contratos con empresas privatizadas. También en este tema la opinión presidencial tiene algunas diferencias con la del ministro de Economía. Pero ninguna de ella puede sustentar la especulación sobre propósitos de reemplazo. El Poder Ejecutivo entiende que los ataques que en estos días han llovido sobre el ministro de Planificación Julio De Vido (una tapa de un semanario, con un título feroz, sin sustento en ninguna información) responden a la frustración de las privatizadas que no han conseguido apartar al Gobierno de una decisión que mantiene desde el primer día: la verificación del cumplimiento de los compromisos contractuales es prioritaria sobre cualquier recomposición de tarifas. Ni Kirchner ni De Vido están maquinando el relevo de Lavagna. Todos ellos, en cambio, estudian el mejor modo de responder al desafío de las privatizadas. Los únicos aumentos que se autorizarían en un plazo todavía no determinado serían los del gas en boca de pozo, licuado a partir de la devaluación, y los de las generadoras eléctricas. Pero en ambos casos habría condicionamientos y discriminaciones cuidadosos y políticas tendientes a que el Estado no quede como rehén de las empresas. Los precios de la energía se incrementarían sólo para los mayores consumidores, aquellos que pagan en pesos y exportan en dólares. Pero además, el Gobierno estudia una inversión de alrededor de 500 millones de dólares para optimizar la capacidad de generación de Yacyretá (lo que le permitiría controlar la oferta y regular así los precios de la energía) y la construcción de un gasoducto que a lo largo de mil kilómetros abastecería al noreste con el gas boliviano de Tarija, en el que habría prometido participar la mayor transnacional italiana que actúa en el país lo cual, por cierto, no provocaría ningún conflicto entre Kirchner y Lavagna.