Argentina acaba de suspender el ejercicio militar Aguila III, previsto para fines de octubre en Mendoza, por los reparos que surgieron en el Gobierno a partir del pedido de inmunidad de las tropas de los Estados Unidos que participarían de esas maniobras. Esa discrepancia se suma a otras que está manifestando el Poder Ejecutivo en torno a los deseos de la política exterior en materia de Defensa y Seguridad de George Bush para la región. Justamente, entre el 27 y el 28 de octubre se realizará en México la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica, con la participación de los cancilleres y ministros de Defensa de América: en ese escenario Estados Unidos insistirá con su propuesta de ampliar las atribuciones de la Junta Americana de Defensa (JID) a temas de seguridad interior. La Argentina, cuya legislación prohíbe esa asimilación, junto con la mayor parte de los países latinoamericanos, rechazan esa alternativa.
El lunes y martes pasado, en la Cumbre de Ministros de Defensa de América que sesionó en Chile los representantes de Estados Unidos ya anticiparon ese criterio. “Argentina dejó muy claro que las Fuerzas Armadas no actúan en el área de seguridad”, repite el ministro José Pampuro releyendo los apuntes de ese encuentro. La idea original de la Argentina estaba en los antípodas de la posición estadounidense: postulaba la supresión de la JID. Finalmente se acordó con Brasil que la Junta tiene que remitir políticamente a la Organización de Estados Americanos y ocuparse sólo de temas militares. Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y la mayoría de los países centroamericanos –Uruguay estuvo ausente– respaldarán en México esta alternativa. En Defensa explicaron que Estados Unidos actuó de común acuerdo con Canadá y México.
En rigor, el gobierno de Bush viene batallando desde hace años con la idea de volver a indiferenciar los criterios de defensa y seguridad, una visión que retrotrae a la Doctrina de la Seguridad Nacional que primó en América Latina en los ‘70 de la mano de las sangrientas dictaduras militares. La JID fue creada a instancias de Estados Unidos después de los atentados a la base militar de Pearl Harbor en 1941 y se enmarcó en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Ese acuerdo continental tiene por fin la defensa territorial frente al ataque de una potencia extranjera. En los hechos, su inutilidad quedó en evidencia durante la Guerra de Malvinas, puesto que Estados Unidos neutralizó su aplicación. La JID tiene sede en Washington y es presidida por el general norteamericano Carl H. Freeman. La Argentina ocupa la vicepresidencia a través del general Parodi, quien llamó desesperado a Pampuro al enterarse por los medios de la postura argentina en la reunión de Chile. La sorpresa también fue para el ministro, que recién con el llamado se anotició de que el país ocupaba ese cargo en la conducción de la JID.
El 8 de setiembre de 2001, apenas tres días antes de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la JID aprobó un informe titulado “Hacia un Nuevo Sistema de Seguridad Hemisférica”, en el que avanza hacia la remilitarización de la región impulsando la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad a partir de la ambigüedad en la definición de las denominadas “Nuevas Amenazas”. Bajo esta categoría define al terrorismo motivado por “el fundamentalismo religioso” hasta “determinados grupos sociales que buscan la renovación de los gobiernos e inclusive el cambio de sistema”. Entre esas “amenazas” enumera las armas nucleares y de destrucción masiva, las drogas ilícitas, la degradación del medio ambiente, la corrupción, el HIV/Sida, la pobreza extrema, la violencia ciudadana, entre otras. Y, explicita sin complejos otra de las obsesiones de Estados Unidos, el avance de la justicia universal, al señalar como causa de conflictos “la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por parte de magistrados de distintas nacionalidades respecto de imputados ciudadanos de diferentes países, con relación a hechos acaecidos en cualquier lugar y sin límite alguno de retroactividad”. Los documentos de la JID no hacen más que prenunciar las prioridades de lapolítica de defensa estadounidense. Prioridades que hacen caso omiso en el caso de la Argentina, por un lado, de las leyes de Defensa y Seguridad Interior que impiden la asimilación entre ambas áreas y, por otro, de la postura del país en favor del avance del Tribunal Penal Internacional y más aún de los juicios contra los genocidas.
“Están tratando de convertir a los ejércitos en guardias nacionales”, especulan en Defensa al profundizar los lineamientos de política que bajan desde Washington. Y, detallan como aspectos de la nueva “geopolítica de defensa de intereses y espacios” definida por los hombres de Donald Rumsfeld, “esta historia de proteger los llamados ‘espacios libres o no ocupados’ que en el caso de América Latina son la Amazonia, la Patagonia y la Triple Frontera”. En buen romance, territorios ricos en recursos naturales o puestos en la mira por supuestas actividades terroristas que para Estados Unidos requieren un status especial, en este caso sí una especie de jurisdicción supranacional, en función de sus propios intereses devastadores de cualquier soberanía que no sea la propia.
La semana próxima, el canciller Rafael Bielsa y Pampuro tienen previsto un encuentro para acordar criterios con vista a la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica de la OEA. En Defensa dan por descontado que “en estos temas estratégicos con respecto a la JID no va a haber diferencias”. En el Palacio San Martín dijeron que todavía no están analizando el tema porque están ocupados en el viaje a Cuba y en la visita del presidente de Brasil Inácio Lula da Silva. En el Gobierno esperan que la suspensión del Aguila III no tense la relación con los Estados Unidos. Ese país pretendía la inmunidad total para sus tropas, mientras que la Argentina estaba dispuesta a otorgarles inmunidad parcial sólo aplicable a las actividades de los ejercicios militares. La polémica se trasladó al Congreso, que apuntó contra Bielsa por la forma en que presentó el tema, y finalmente el Gobierno anunció que no había tiempo para resolver legalmente la cuestión. Un atajo que no pudo ocultar las desavenencias en torno al planteo norteamericano. Discrepancias que reaparecerán en el encuentro de México.