La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sumó dos reportes de operaciones sospechosas a la causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias contra el ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso. La presentación está basada en documentación revelada por la Unidad de Información Financiera (UIF) que –con los mecanismos habituales– fue alertada por bancos y empresas sobre movimientos dudosos de dinero ligados a Stiuso y otros ex agentes. Ahora está a estudio del fiscal federal Ramiro González.

La Procelac, que conduce Carlos Gonella, llevó el viernes último nuevos datos al juez Sebastián Casanello, quien tiene a cargo una causa sobre el patrimonio de Stiuso y otros ex integrantes de la SI que se abrió por una denuncia del legislador porteño Gustavo Vera, titular de la ONG La Alameda. En rigor, es un expediente incipiente: el fiscal González todavía no pidió que se abra la investigación, sino que solicitó algunas medidas previas para que la Secretaría de Inteligencia le diga si la información en juego se puede desclasificar o en qué medida está ligada a la actividad del organismo.

Los reportes surgidos de la UIF, entregados por la Procelac, fueron enviados por Casanello a sorteo como una nueva denuncia, y casualmente le tocó a su propio juzgado. Es probable que, tarde o temprano, se investigue todo junto. Todo apuntaría a una suerte de gran estructura paralela de la SI que se habría utilizado para lavar dinero. El fiscal González debe decidir si impulsa una investigación (o dos), si desestima el caso o si se declara incompetente.

Stiuso fue un hombre poderoso en la SI, y fue desplazado en diciembre último, junto con la cúpula del organismo y otros agentes. Formaba parte de su estructura desde 1972. En las últimas semanas su nombre estuvo en el tapete por su relación estrecha con Alberto Nisman y porque algunas de las últimas llamadas que hizo el fallecido fiscal del caso AMIA antes de su muerte fueron a un celular a nombre de Stiuso. Luego se supo que tenía 277 celulares a su nombre y cuando fue a declarar como testigo ante la fiscal Viviana Fein dijo que él no hablaba con Nisman desde la Navidad y que el celular que registra una llamada suya el sábado previo a la muerte lo usaba otro agente, también removido de la SI, Alberto Massino.

Según la denuncia que presentó el legislador Vera (Bien Común), Stiuso no podría explicar su situación patrimonial ni sus movimientos de dinero con un sueldo de 15 mil pesos mensuales. Su presentación original apunta sospechas también contra Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, quienes habrían participado en la conformación de una red de empresas mientras se desempeñaban en la ex SIDE. Menciona siete empresas y entrega resoluciones del Boletín Oficial, resúmenes de Nosis sobre esas compañías y domicilios. Menciona a American Tape, donde vincula a Stiuso con Horacio García; también a American Vial, Construcciones y Tecnología, Avícola De la Cruz SA y Cabaña Don Enrico. “Presentamos todos los movimientos de los últimos veinte años de las empresas, por lo tanto es incontrastable que los agentes denunciados son dueños o directivos fundadores”, había planteado Vera, quien aludió a que, por ejemplo, American Tape tuvo en 2013 un crecimiento abrupto: de 6000 pesos a 6 millones.

Según explicó Vera en su momento, el punto de partida de su denuncia fueron denuncias anónimas e investigaciones de La Alameda sobre una red de trata de personas atribuida al ex agente de inteligencia Raúl Martins (denunciado por su propia hija, Lorena Martins).