“Acá hay una persecución policial no sólo contra la Corriente (Clasista y Combativa) sino contra los jóvenes de Libertador General San Martín”, afirmó a Página/12 la abogada Mariana Vargas, que representa a los familiares del militante de la CCC Cristian Ibáñez, que apareció muerto en una comisaría, y de Marcelo Cuellar, asesinado durante la pueblada de repudio por ese hecho. “Queremos que todos los que dispararon vayan presos por tentativa de homicidio”, expresó la letrada. Es posible sostener esa acusación porque el jueves 9 durante la movilización popular varios policías dispararon con balas de plomo, según surge de los propios testimonios de los uniformados que declararon hasta ahora, aunque el gobernador de Jujuy Eduardo Fellner opinó que la utilización de esa munición le parece “una cosa bastante extraña”. Ayer, en esa ciudad jujeña unas cuatro mil personas marcharon en repudio a la represión. El rechazo a la violencia que costó la vida de Cuellar e Ibáñez y el pedido de esclarecimiento de los asesinatos se hizo sentir en 16 cortes de ruta en la provincia de Jujuy, y en un acto en Capital Federal (ver aparte).
Cristian Ibáñez, 20 años, militante de la Corriente Clasista Combativa (CCC), fue encontrado muerto el 4 de octubre en la comisaría 39ª. La policía dijo que se trató de un suicidio, aunque dio dos versiones distintas. El jueves pasado hubo una movilización masiva en Libertador General San Martín, la población atacó la comisaría y la policía reprimió incluso con balas de plomo, una de las cuales hirió mortalmente a Marcelo Cuellar, de 19 años. La abogada Vargas explicó que la familia de Ibáñez estaba en la comisaría cuando empezaron los disparos. “Habían ido la madre, la tía, la abuela y una amiga, y el comisario Cari les dijo que iban a quedar todos detenidos si no se entregaba (el dirigente de la CCC) Quique Mosquera”, relató la letrada. En ese momento se produjo una discusión, ya venía llegando la manifestación en repudio por la dudosa muerte de Ibáñez y, según Vargas, desde adentro de la comisaría atacaron a la gente. “Ahí se escucharon los primeros tiros”, completó. Cuellar se desplomó a 150 metros de la comisaría, frente a una escuela secundaria. Los familiares declararán hoy en la causa que investiga las muertes y coincidirán en acusar a los policías Juan Carlos Quispe y Daniel Orlando Suvia. Antes de morir, Cuellar habría llegado a decirle a un amigo que fueron ellos quienes le dispararon. Según explicó a este diario la abogada, algunos jóvenes venían teniendo problemas por el acoso de los uniformados, que los sábados dicen “salir a divertirse y se llevan presos a 100 pibes”. Vargas agregó que ya venían denunciando los quince atentados que sufrió el dirigente Mosquera.
Ayer fueron liberadas todas las personas que habían sido detenidas durante la pueblada del jueves y viernes porque el juez Argentino Juárez levantó la imputación por los delitos de “robo en poblado y en banda”, aunque quedan implicados por “atentado y resistencia a la autoridad”. El magistrado comprobó que ninguno de ellos participó del robo a un supermercado de la zona, tal como habían afirmado los dirigentes de la CCC. El ministro de Gobierno de Jujuy Armando Berrueso afirmó ayer por Radio América que el juez Juárez “dispuso la detención de los cinco policías que estaban a cargo de la comisaría” y pidió que “sean especialistas de Gendarmería nacional los que realicen las autopsias y pericias correspondientes, para evitar suspicacias”. El funcionario había anticipado que no iba a haber represión de las marchas que se realizaron ayer, y afirmó que “no hay clima de tensión” en la provincia. Berrueso evaluó que el relevo del jefe policial de Jujuy, el coronel retirado Carlos Carrizo Salvadores, “también sirve a las investigaciones, para dar mayor tranquilidad a las familias de las víctimas”. El ministro describió que Cuellar falleció de “un solo disparo, de un calibre alto, que provocó un orificio de entrada y otro de salida”.
La movilización en Libertador General San Martín partió desde la iglesia San Francisco, encabezada por las madres de las víctimas, familiares,vecinos y amigos, junto a dirigentes de la CCC y de organismos de derechos humanos. Exigieron la renuncia del nuevo jefe de policía, y que la administración central “garantice el cese de las persecuciones y criminalización de las protestas y la libertad y el desprocesamiento de los 3000 luchadores sociales”. Ana de Cuellar manifestó que “el jefe de policía (Néstor Caffaggi) que nombraron ahora es peor que el anterior, tiene antecedentes muy malos acá en Ledesma”. La mujer, por Radio Mitre, pidió que “nos atienda” el presidente Néstor Kirchner porque aseguró que “acá no tenemos ninguna seguridad”. También hubo marchas de repudio en Salta, Chaco, Misiones, Mendoza, Neuquén y Mar del Plata.