El gobierno del presidente Kirchner viene anunciando el cese de la criminalización de la protesta social. Un planteo que reiteró el jefe de Gabinete Alberto Fernández con relación a la brutal represión policial sucedida en Ledesma el viernes pasado.
Diez mil personas se encuentran procesadas o condenadas durante los tres últimos gobiernos por reclamar trabajo, vivienda y salud.
Ese pasado ominoso aún no ha sido resuelto. La Cámara de Casación Nacional acaba de emitir un fallo, llevando a juicio a un grupo de manifestantes a quienes acusa de generar “violencia”. Según estos jueces, el desvío momentáneo del tránsito, controlado y ordenado por las propias fuerzas de seguridad del Estado, sería el generador de tal “violencia”.
Para los jueces, el hambre, la falta de trabajo, de educación y de salud no es causa suficiente para manifestarse en contra. Sí, en cambio, es un escándalo que durante un lapso relativo algunos ciudadanos tengan que desplazarse por una calle alternativa. El único derecho que tendrían los ciudadanos, sostiene el fallo, es el de “votar en las elecciones”. Cualquier otra forma de petición o manifestación, “incluyendo las encuestas” (sic), sería un acto “sedicioso”.
Esta decisión judicial ha sido impulsada por la Fiscalía General de Casación, dependiente del Ministerio de Justicia. El ministro Beliz debe explicar por qué, desde el aérea a su cargo, se insiste en penalizar a quienes expresan su disidencia. Por protestar, Choque, Verón, Rodríguez, Kosteki y Santillán fueron asesinados, sin que a la fecha se haya hecho justicia. No puede resolverse la impunidad del pasado si se mantiene la del presente.
El CAJ ha presentado un proyecto de ley para descriminalizar la protesta social. El mismo ha sido discutido con los principales juristas del país. Hemos coincidido en que de acuerdo a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales ratificados por Argentina la protesta es un derecho y no un delito.
Los habitantes de la Nación Argentina tienen todo el derecho a protestar, a reclamar y a proponer medidas de gobierno que resuelvan los graves problemas que tiene el pueblo argentino, como producto de una política económica que ha quebrado al país.
El CAJ exige el desprocesamiento y descriminalización de la protesta social, demostrando así que las palabras se concretan en los hechos.

* Comité de Acción Jurídica. Integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos. www.cajuridico.com.ar