EL PAíS › OPINIóN
› Por Eduardo Aliverti
El caso que conmovió al país a comienzos de año sigue sin resolución de su porqué, pero la semana pasada se ratificó que es inadmisible la parte usada por prensa y oposición para obtener réditos políticos. Quedó atrás, prácticamente, el ardid de criminalizar al Gobierno. Y de paso, se marcó la diferencia entre provocar o movilizar mediante consignas de aliento corto y hacerlo desde convicciones mucho más sólidas.
El fallo de Cámara desechó la denuncia por encubrimiento que alegremente alcanzaba a la propia Presidenta, como cómplice de los iraníes con pedido de captura por el atentado a la AMIA. Lo hizo en un fallo dividido, del que los medios opositores –no todos– prefirieron rescatar la argumentación favorable a las acusaciones de Alberto Nisman. Clarín, por caso, tituló en portada que la Cámara resolvió no investigar a Cristina, lo cual supone una carga semántica envenenada que exime de mayores comentarios. El fiscal Germán Moldes, un antikirchnerista furioso que promovió la marcha del 18F, anunció que apelará ante Casación pero, con dos sentencias adversas del volumen de ésta y de lo dictaminado en primera instancia por Daniel Rafecas, su suerte está echada. Si no es así, será una sorpresa descomunal, que no entra en los cálculos de nadie. Es el mismo Moldes quien declaró que ya hizo todo lo que pudo, pero en particular el fallo del camarista Jorge Ballestero le advirtió que tanto esfuerzo, integrado al ventilador de basura que prendieron sus compañeros de andanzas, no alcanza ni siquiera para un atisbo de perpetración de ilícito. Como ya no se escucha una sola voz ni se publica una única versión de la realidad, los señalamientos de Ballestero tuvieron buena difusión, pero no está de más reiterar algunos. Por ejemplo, que “(...) los estrados penales no son las tablas de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película”, y que una persona no puede “(...) quedar sometida a los influjos de un proceso criminal sin otra razón que la publicidad de su figura”. El fallo –seguramente por razones de respeto hacia el muerto– se priva hasta donde puede de usar términos que dejarían más en evidencia la ridiculez del planteo de Nisman, basado en escuchas de protagonistas irrelevantes de una presunta diplomacia paralela y en especulaciones que contradicen lo que el propio Nisman había sostenido acerca del apoyo que siempre le brindó el Gobierno para sus tareas investigativas. Sin embargo, no faltan menciones como “pase de ilusionista”, “zigzag argumentativo” y otras varias que contribuyen a desmitificar el disfraz de superhéroe institucional que le calzaron al fiscal fallecido. Su vida privada, ya se dijo, es otra cosa, excepto por la mezcla entre manejos turbios y los generosos fondos que le proporcionaba el Estado. Es esta última una historia que continuará junto con otros aditamentos, a no dudarlo, y bien lo saben los medios que alentaron o se prendieron a estimular la imagen angelical de Nisman. Por eso algunos de ellos comenzaron a desandar el camino espurio que eligieron para corroer al oficialismo, a través de inventar su complicidad en la muerte del funcionario.
En la economía institucional hubo una nueva ronda de la danza con buitres, sin grandes efectos sobre “la plaza”, pero sí la sobresaliencia de haber suspendido al Citibank para operar en el mercado de capitales. Más un episodio que, como corresponde, casi no encontró cabida en la prensa hegemónica: se constituyó la comisión investigadora bicameral sobre la fuga de capitales, a través de una sucursal suiza del HSBC. Primero comparecerán el director de la AFIP y los principales funcionarios del banco, pero después deberán hacerlo los titulares de cuentas que fugaron una cifra estimada en 3500 millones de dólares. Se denuncia que las divisas provenían de la evasión tributaria, a través de la banca que nació en 1865 para administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio hacia China. El HSBC es la punta más gruesa del asunto, no la exclusiva. Entre los titulares de cuentas sospechadas hay directivos del Grupo Clarín, claro. La comisión tendrá que emitir dictamen en seis meses y en el mejor de los casos culminará su trabajo proponiendo modificar la Ley de Entidades Financieras, heredada de la dictadura e intocada desde entonces. Pero aunque eso no suceda, se habrá dado otro paso en el debate y descubrimiento sobre estrellas del gran capital que muy raramente sufren mella pública. Los avances en este tipo de revelaciones no suelen ser en línea recta, pero el primer requisito para progresar es que haya la decisión política y eso es lo que empezó a concretarse.
Ajena a estos avatares, una mayoría de la sociedad otea la repercusión del paro lanzado para pasado mañana. Será masivo, al parecer, porque afectará los colectivos urbanos y ómnibus de larga distancia, trenes, vuelos de cabotaje e internacionales, bancos, recolección de residuos, estaciones de servicio y dependencias estatales. Con la mirada de alguien extraviado respecto del escenario general argentino, podría decirse, con razón, que el país atraviesa un enfrentamiento grave, con un panorama social espantoso y una oposición sindical unida. Pero justamente hace falta vivir en un frasco muy chico para pensar eso. El reclamo de modificar el mínimo no imponible para los trabajadores es justo, aunque deba precisárselo con la progresión por escalas. Y, además de alcanzar al Gobierno en cuanto a los sectores que deberían afectarse para compensar la pérdida de ingresos del fisco, tendría que abarcar a una dirigencia opositora que no dice mu sobre el tema. Los alcanzados por el impuesto son alrededor de un 11 por ciento de la masa trabajadora en blanco. Ese número no implica cuestionar la justeza del pedido, pero explica que tendrán muy poco que ver la impresión de un paro general y los laburantes realmente comprometidos en la exigencia. Será ante todo una huelga de dirigentes gremiales en actividades que son las más beneficiadas por este modelo, y que deja afuera a los trabajadores más postergados. Sólo hay lo pragmático de hacer frente al oficialismo en un asunto puntual, del que no puede evitarse la comparación con el incendio que se vivía a comienzos de siglo. Discutir sobre salarios nada más que en este plano llama la atención. ¿Unicamente les interesa el mínimo no imponible?
Mientras tanto, el martes hubo realmente un suceso por el aniversario del golpe. La cuantía numérica que tuvo la marcha es uno de sus aspectos. Fue notable, desde ya, y más al tenerse en cuenta que no se esperaba semejante cantidad de gente debido a dos factores. La convocatoria no había sido especialmente vigorosa y se venía de otra manifestación estupenda, el 1º de marzo, conformada en su mayor parte por los mismos sectores orgánicos. También, la misma muchedumbre suelta y politizada. Haber vuelto a la calle con esa energía, a tan pocos días de distancia, revela una impactante disposición a movilizarse en defensa de valores concretos y fundamentales, que no son arrebatos destemplados contra una corrupción citada a la bartola y a favor de una necesidad de justicia exigida por los que deben proveerla. Esos valores reivindicados el 24 de marzo exceden al mero ejercicio de la memoria y condena por la masacre desatada hace 39 años. O mejor dicho: precisamente porque rige una ofensiva de los facciosos del privilegio, que en 1976 lanzaron el genocidio en defensa de sus intereses, es que los reflejos se mostraron tan activos. Extinto el brazo militar que en nuestra historia sirvió para proteger a las clases dominantes, un conjunto de potentes fuerzas mediáticas y judiciales, más porciones del agro, la industria y las finanzas, vuelven hoy por sus fueros de desgaste a la espera de alguna representación política que los contenga. Les es muy difícil, porque carecen de una figura que los sintetice con liderazgo y que sincere por completo la propuesta de volver a los ’90. Están en eso, de todos modos. En principio, acaba de favorecerlos la formalización hacia derecha de una parte del radicalismo, cuya medición es complicada. Sólo en principio. ¿A quién representa Ernesto Sanz, que además es desconocido por amplias franjas sociales, como no sea a un pensamiento conservador que Mauricio Macri encarna de manera largamente más eficaz? ¿Los radicales derrotados en Gualeguaychú se resignarán en manada a correr detrás del alcalde porteño, o en las primarias harán huelga de brazos caídos y en octubre fugarán a otro lado que tampoco se sabe cuál es (pero que nunca sería Macri)? El colega Ignacio Zuleta, en Ambito Financiero del jueves pasado, se hacía una pregunta más osada que original: ¿quieren ganar los radicales? Y los que todavía acompañan a Sergio Massa, vista su desvalorización salvo para esas encuestas que dan el resultado querido por quienes las pagan, ¿seguirán en ese barco o se irán a dónde?
Esas son algunas de las incógnitas –no las menores– que envuelven a una oposición con problemas severos de identidad. En el kirchnerismo, en cambio, hechos como la marcha del martes pasado volvieron a demostrar que sus dificultades no están ahí ni mucho menos. Pasan, entre otras, por acertar con el candidato y compañía que mejor sirvan para afirmar lo que ya tiene.
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