En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se tratará hoy el caso del homicidio del subcomisario Jorge Gutiérrez, asesinado porque presuntamente estaba investigando un caso de narcotráfico en el marco de la llamada Aduana Paralela. A Gutiérrez lo mataron de un disparo en la nuca mientras viajaba en un tren que salió de Constitución. Inicialmente fue acusado por el asesinato un policía que habría actuado con la complicidad de otro uniformado a quien nunca buscaron ni detuvieron. Para colmo, el juicio oral contra el único policía apresado terminó con la absolución del acusado por existir “una duda insalvable”. La CIDH ya declaró admisible el caso y hoy expondrán en Washington el diputado Francisco “Barba” Gutiérrez, hermano del subcomisario asesinado, y Nilda Maldonado de Gutiérrez, la viuda.
Los familiares del subcomisario Gutiérrez reclaman la reapertura del caso y la realización de un nuevo juicio oral por cuanto consideran que hubo privación de justicia. En la presentación ante la CIDH fueron acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). En febrero, la CIDH hizo un primer gesto aceptando el caso porque se encuadraría dentro de los derechos reconocidos por la Convención Americana.
El caso Gutiérrez llega a la CIDH porque el proceso de investigación judicial evidenció irregularidades llamativas. Al subcomisario lo mataron en un vagón del Ferrocarril Roca: no le robaron nada, ni siquiera la pistola 9 milímetros que llevaba encima. Una primera búsqueda permitió encontrar dos testigos, quienes apuntaron a dos miembros de la Policía Federal apodados Chiquito y Colorado. El primer testigo, Gabriel Silva, se retractó parcialmente durante el juicio, pero tiempo después admitió ante una comisión parlamentaria que lo habían llevado a una oficina de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria donde lo torturaron. Por esa razón, Silva se retractó en el juicio oral. Además, se presentaron en el juzgado otros dos testigos que dieron una versión distinta del crimen. Ambos terminaron reconociendo que también los habían torturado en Seguridad Ferroviaria.
El diputado Gutiérrez, del Polo Social, concluyó que la investigación y el juicio habían sido manipulados por la Policía Federal, por lo que hicieron los trámites para apelar ante la CIDH. El Estado argentino, durante el mandato de Fernando de la Rúa, respondió en forma burocrática a la acusación de obstrucción de justicia y sostuvo que el proceso judicial fue normal y que todavía podían continuarse las investigaciones. La CIDH, en cambio, concluyó que la causa estaba cerrada y por eso convocó a la audiencia de hoy en la que los familiares de Gutiérrez pedirán que la causa se reabra y haya una nueva investigación.
Aparentemente relacionado con el sórdido caso Gutiérrez este año se produjo otro asesinato con tiros en la nuca. Al comisario retirado Jorge Piazza lo secuestraron en la avenida más transitada de Quilmes. Lo bajaron de su auto, lo subieron a una Trafic y horas más tarde le pegaron un tiro en la nuca en un basural. Por ese crimen está preso un hombre de 60 años, Obdulio Sartirana, que no tiene antecedentes y exhibió una sólida coartada. Además fueron procesados dos jóvenes de una villa, sobre la base del testimonio de la esposa de un policía y la aparición de un testigo de identidad reservada que describió desde el secuestro hasta el asesinato. Más que un testigo pareció un integrante de la banda que mató a Piazza. El crimen del comisario y la investigación dejaron toda la sensación de que a Piazza lo secuestraron policías y que -.tal vez por el caso Gutiérrez, que Piazza investigó-. terminó en una ejecución en el basural.