La causa que investiga la apropiación de Papel Prensa llegó ayer a la Cámara Federal de Apelaciones. El fiscal federal Leonel Gómez Barbella se quejó ante ese tribunal de alzada por el doble rechazo del juez federal Julián Ercolini a citar a declaración indagatoria a los directivos de los diarios Clarín y La Nación como sospechosos de los delitos de extorsión y persecución. Para Gómez Barbella, las negativas del magistrado ocasionan un “gravamen de imposible reparación ulterior en tanto que le impide ejercer su mandato de promover la actuación de la Justicia”, entre ellos, “perseguir y juzgar posibles crímenes contra la humanidad”. Antes de que la Sala 1 de la cámara considere el tratamiento de la queja –es la que trató temas referidos a la causa desde sus comienzos–, será el fiscal de esa instancia, Germán Moldes, quien dé su opinión sobre el asunto.

“Lo que está aquí en juego es la responsabilidad del Estado por un posible incumplimiento de sus obligaciones internacionales” en materia de derechos humanos y la persecución de delitos que los violenten, consideró Gómez Barbella en el escrito en el que se quejó de las negativas de Ercolini a avanzar en la citación a indagatoria a la directora y al CEO del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto; al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre; a Raymundo Podestá, ex secretario de Estado durante la última dictadura cívico-militar; y al abogado Guillermo Gaínza Paz. Las reticencias del magistrado a acceder a la medida, que a principios de mes fue solicitada por la Fiscalía Nº 5 y en ocasiones anteriores por las querellas, genera, señala el escrito, una obstrucción “particularmente grave, ya que se trata de un delito de lesa humanidad” al Ministerio Público Fiscal “en tanto que le impide ejercer su mandato de promover la actuación de la Justicia”.

El fiscal recurrió en queja a la cámara federal luego de que Ercolini rechazara en dos oportunidades su reclamo de citación a indagatoria a los denunciados. En el pedido que presentó el 11 de marzo pasado al magistrado a cargo de la investigación, aseguró que la prueba existente en el expediente, de 26 cuerpos, era “bastante” para considerar que esas cinco personas obligaron “mediante intimidación” al grupo Graiver –dueños de la papelera– a transferir la empresa a favor de las suyas –Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA S.A.) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria– “en un contexto de terrorismo de Estado”. Entonces, Ercolini no coincidió: para él, no había pruebas “suficientes” para “sospechar de los denunciados” y, además, decidió esperar los resultados del peritaje histórico sobre la contabilidad de Papel Prensa, al que consideró la prueba más importante de la causa. La misma postura exhibió el 20 de marzo, para rechazar la apelación de Gómez Barbella.

El fiscal también criticó la decisión del magistrado de esperar los resultados del peritaje contable sobre la compañía, medida que busca determinar cuánto valía exactamente al momento del traspaso de la propiedad de los Graiver a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón. Gómez Barbella sostuvo en su queja ante la cámara que “supeditar el avance de la investigación únicamente a la posibilidad de que el peritaje concluya demuestra un apartamiento del objeto procesal delimitado, ya que la investigación no gira en torno de un delito económico o financiero, sino ante maniobras extorsivas y persecutorias en el marco del terrorismo de Estado”. Con la “alteración” del objeto procesal señalada por la Fiscalía Nº 5, “el expediente se podría transformar en instrumento de impunidad”, advirtió. Tal como publicó este diario, el estudio ordenado en 2013 comenzó durante la primera mitad de 2014 y aún no ve la luz.

Por último, la queja resaltó la “falta de argumentación” de los rechazos de Ercolini, a quien acusa, en el texto, de no analizar los motivos planteados por la fiscalía para considerar necesarias las citaciones a indagatoria. “No contesta mínimamente las cuestiones planteadas”, denunció Gómez Barbella sobre las negativas del juez a sus dos insistencias, lo cual “la descalifica como acto jurisdiccionalmente válido”. Para el fiscal, Ercolini “prescindió de las constancias actuariales”, es decir, de las pruebas consideradas por el Ministerio Público Fiscal de “un estándar extremadamente elevado” para avanzar en las indagatorias.

La determinación del juez es, según el fiscal, “equiparable a una sentencia definitiva por sus efectos y por el gravamen que ocasiona”, por lo que la causa tiene un “indudable interés institucional suficiente” para que la Sala 1 tenga en cuenta el análisis de la queja. El recurso fue directamente a la sala que conforman los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, sin sorteo previo, debido a que el expediente pasó por allí en ocasiones anteriores –fuentes judiciales indicaron por lo menos dos–. Si la Sala 1 rechaza el recurso, los caminos quedan cerrados para el Ministerio Público Fiscal respecto de los pedidos de indagatoria que realizó a Ercolini a principios de mes. Si, en cambio, le hace lugar, el magistrado deberá aceptar la apelación presentada hace 10 días, con lo cual serán los camaristas, nuevamente, quienes definan la pertinencia de las indagatorias. Antes de que se sienten a analizar la queja, no obstante, será Moldes quien dé su opinión.