La Sala II de la Cámara de Casación escuchó ayer al Estado nacional reclamar la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA: “La causa se encuentra actualmente impune y el memorándum crea una herramienta para que el juez pueda avanzar”, expresó Luciano Hazan, que exigió la nulidad del fallo de la Cámara Federal que consideró al acuerdo como violatorio de la Constitución Nacional. Los representantes del Estado señalaron que la Cámara Federal quebrantó normas esenciales del proceso, ya que consideró la inconstitucionalidad del pacto sin que aquél comenzara a funcionar. “No puede atribuirse una actitud lesiva a algo que aún no está en vigor”, determinó el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez. Las querellas de los colectivos de familiares y víctimas de la explosión apoyaron esa línea, aunque sin demasiado desarrollo. El embate llegó desde el fiscal Raúl Plee y las instituciones de la comunidad judía, quienes solicitaron a Casación que ratifique la ilegalidad del acuerdo. Los jueces Juan Carlos Gemignani, Ana María Figueroa y Luis María Cabral pospusieron la decisión, que habían planificado para el 8 de este mes, pero no fijaron nueva fecha.

El Estado nacional fue la primera parte en intervenir en la audiencia convocada por la Sala II de la Cámara de Casación para oír los argumentos en torno de la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento. El expediente llegó a ese tribunal hace casi un año, en mayo de 2014, cuando esa parte apeló el fallo de la Cámara Federal en el que el acuerdo fue considerado violatorio de la Constitución.

Los representantes del Estado nacional solicitaron analizar el acuerdo con Irán en el marco de la situación de la investigación que intenta esclarecer el atentado. “La causa en este momento se encuentra impune” y “si bien la sentencia parece obviar la importancia de este acuerdo luego de años de falta de diálogo” con el país musulmán, su impacto en la causa sería “fundamental”: “Irán por primera vez admite que las autoridades judiciales argentinas viajen a Teherán a interrogar a los acusados”, remarcaron sus representantes. Los representantes de Memoria Activa y la agrupación 18J coincidieron. El representante de la primera agrupación, Pablo Jacoby, advirtió, no obstante, que para sus integrantes el memorándum resultó “inútil”, ya que “el ninguneo al que fue sometida la Argentina demostró que para Irán la verdad no tiene ninguna importancia”. Apemia estuvo ausente. Diez planteó que con la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, “han quedado gravemente quebrantadas normas esenciales del proceso”. Para el Estado nacional, el Poder Judicial no debió haber intervenido en la causa ya que “el memorándum no entró en vigor aún” porque Irán no lo aprobó. Así lo había entendido el juez que investiga el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, cuando las instituciones judías solicitaron por primera vez la nulidad del acuerdo.

Entre los fundamentos de la inconstitucionalidad del memorándum, la Cámara Federal entendió que la Comisión de la Verdad, que el acuerdo crea con cinco juristas internacionales –dos designados por cada país y uno más, por ambos–, interfiere en el trabajo judicial y no brinda garantías a las víctimas. “No puede atribuirse esa actitud lesiva a algo que aún no está en vigor”, respondió el Estado, que remarcó que la cámara actuó aun “cuando no se ha afectado ningún derecho tutelado por la Constitución”, postuló Diez y denunció que ese tribunal “ha quebrantado uno de los deberes más delicados del Poder Judicial, que es el de respetar las esferas de competencias jurisdiccionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Hazan también profundizó en las críticas hacia la interpretación que la Cámara Federal realizó sobre el acuerdo. En ese sentido, remarcó que fue concebido como un instrumento para el juez, que fue quien lo consideró idóneo, quien deberá decidir usarlo o desecharlo y el único que puede determinar su inconstitucionalidad al aplicarlo. “Recién cuando lo ponga en práctica se puede pensar en medidas para suspenderlo”, continuó.

En cuanto a la Comisión de la Verdad, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación citó como “imprescindibles en la lucha contra la impunidad” a la Conadep y a los juicios por la verdad que se desarrollaron entre fines de los ’90 y principios del nuevo siglo, que no tuvieron incidencia jurídica pero que sirvieron para debatir, con víctimas y victimarios identificados, sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Como no contaban con documentación escrita para aportar al expediente, el tribunal ofreció cinco días de plazo para que la sumen.

Los representantes de la AMIA y la DAIA fueron los últimos en exponer. El abogado Miguel Brofman felicitó al fiscal de Casación Raúl Plee por su monólogo y advirtió que el suyo compartiría varios de sus ejes. Hacia el cierre, deslizó la existencia de “otros intereses” en la firma del memorándum. “Sin entrar a analizar cuál fue el contexto y qué hubo detrás de su firma, este pacto es inconstitucional y absolutamente impracticable”, reclamó. En una breve intervención final, el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, coincidió: “Tenemos la obligación de señalar ante este tribunal que el problema no es la intención de firmar este memorándum, el problema es su inconstitucionalidad”, mencionó tras aconsejar que “los sufrimientos pasados deberán ser enseñanza para que no haya más atentados, pero nunca pueden justificar una ley absolutamente inconstitucional”.

Plee atacó duramente el acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán y solicitó a los jueces que ratifiquen la decisión de la Cámara Federal.

Centró sus críticas en la Comisión de Verdad. Brofman se quejó por la falta de participación de las partes en la constitución del acuerdo “pese que fue pedido por escrito, incluso por el fiscal (Alberto) Nisman” y por la “delegación de soberanía inadmisible” que supone la entrega de evidencia de la investigación a la Comisión de la Verdad y a las autoridades iraníes. Concluyó que con la firma del memorándum, el Poder Ejecutivo “está desconociendo las conclusiones de las actuaciones judiciales” ya que, dijo, “el caso en su buena medida está esclarecido”.