Convocados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actores estatales y de la sociedad civil que participan en los procesos judiciales por los delitos de la última dictadura se reunirán el miércoles en el marco de la Mesa de Diálogo Institucional y Social creada el año pasado por la Procuración General de la Nación. Fiscales, querellantes, abogados de organismos de derechos humanos y funcionarios de los tres poderes tratarán las demoras que atraviesan los juicios en varias jurisdicciones, la resistencia de la corporación judicial a avanzar con las imputaciones de civiles que participaron del terrorismo de Estado, como empresarios o jueces, y también el modo de encarar las causas elevadas que esperan turno en tribunales orales de todo el país. “Hay más de cien juicios en agenda y hay que prepararlos. Pero necesitamos una respuesta de la estructura judicial que realmente nos permita avanzar y concretar todos los procesos”, explicó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría. “La sensación de impunidad se volvió a instalar y eso motiva una legítima preocupación de querellantes y víctimas”, admitió.

La Mesa de Diálogo nació con el fin de fortalecer y ampliar las relaciones de la Procuraduría con distintas agencias estatales y de la sociedad civil. En los hechos reemplazó a la Comisión Interpoderes que había creado en 2009 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y que tuvo un rol destacado al interpelar a los magistrados que obstaculizaban el avance de los procesos. Durante 2014 se realizaron dos encuentros en Buenos Aires y el tercero en Tucumán, desde donde se había demandado federalizar las discusiones. En noviembre recibió a querellantes y familiares de víctimas de Santiago del Estero que habían reclamado sin suerte ser recibidos por la Interpoderes.

“En esta oportunidad el encuentro coincide con la preocupación que tienen los querellantes y nosotros con respecto a los últimos fallos”, explicó Auat en referencia a las resoluciones que beneficiaron a empresarios imputados por delitos de lesa humanidad como Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca. “Estos fallos muestran una especie de selectividad que implica una ignominia para el proceso de memoria, verdad y justicia. Pareciera que otra vez vuelve a alcanzarnos esta época nefasta de la impunidad y eso no podemos aceptarlo”, advirtió.

“Lo de Blaquier es inentendible”, sostuvo Auat sobre la falta de mérito con la que la sala IV de la Cámara de Casación benefició al hombre fuerte de Jujuy. “Esa resolución tiene un déficit estructural desde todo punto de vista, desde la dogmática penal y desde la propia jurisprudencia: no hay antecedentes, o si los hay son escasísismos, de alguien que venga con procesamiento confirmado, sin prisión preventiva, y reciba una falta de mérito”, explicó el fiscal chaqueño. “Habilita la suspicacia, es la dolorosa realidad”, admitió Auat y manifestó su esperanza de que prosperen los recursos que los fiscales Javier de Luca y Ricardo Wechsler presentaron ante la Corte.

Otra preocupación de la Procuraduría por las demoras en el inicio de algunos procesos, las audiencias por goteo de los que están en curso y los privilegios que reciben algunos imputados. “Hay muchas formas, directas e indirectas, de consagrar la impunidad. Una es prolongar los procesos, dilatarlos. Otra es cuando los imputados burlan las prisiones preventivas o reciben arrestos domiciliarios sin que se cumplan requisitos mínimos”, recordó Auat. “Nosotros nos ajustamos a derecho. Lo que no aceptamos es que se conceda la domiciliaria como martingala para instalar la impunidad, burlándose y profanando este proceso de verdad y justicia. Eso no se puede aceptar. Nuestro rol es pelear por la legalidad, pero en el sentido más acabado del concepto”, explicó.

Consultado sobre la parálisis de la comisión impulsada en su momento por la Corte Suprema, Auat explicó que “no está funcionando, prácticamente se paralizó”. “Evidentemente esto también va a ser parte de la agenda de temas a tratar. El discurso del comienzo de año judicial de Lorenzetti y las referencias a que los juicios forman parte del contrato social de los argentinos y son una política de Estado no puede agotarse en un discurso, necesitamos que se verifique en los hechos”, explicó.

Al encuentro convocado por la Procuraduría para el miércoles en el auditorio Nelly Ortiz concurrirán fiscales, querellantes y representantes de organismos de derechos humanos de distintas jurisdicciones, representantes de la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia, el programa Verdad y Justicia, y el propio Ministerio de Justicia, entre otros.