La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso que se realizara una nueva investigación sobre el crimen del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, asesinado en 1995 mientras indagaba hechos vinculados a la aduana paralela. Alicia Oliveira, directora de Derechos Humanos de la Cancillería, representó en la audiencia al gobierno argentino y admitió que la investigación debería haber recaído en la Justicia federal –en vez de la ordinaria–, ya que existía la presunción de que el homicidio estaba vinculado a delitos de narcotráfico y corrupción. En otra de las audiencias del día de ayer, Andrea Pochak, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó un escrito sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que la CIDH declaró en 1992 incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. El informe, entregado en representación de siete organismos de derechos humanos, destaca la derogación, por el Poder Ejecutivo, del decreto por el que se rechazaba cualquier pedido de extradición por crímenes ocurridos durante la última dictadura y la declaración de nulidad de las leyes de impunidad por el Congreso. También señala que jueces inferiores y cámaras federales avanzaron en las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, pero advierte que “la Corte Suprema aún se muestra reticente en avanzar en el juicio y castigo de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado”.