La jueza Lidia Lago le ordenó al gobierno porteño que demuela un muro construido ilegalmente en una calle pública, que linda con la planta impresora del Grupo Clarín. Luego de la presentación judicial del legislador Aníbal Ibarra, la gestión de Mauricio Macri se deshizo en argumentos para mantener el paredón en pie, pero la magistrada le ordenó que lo demuela en el plazo de diez días. “Le pedimos personalmente a Macri que demoliera el muro y no hizo nada. Hoy sale este fallo, que no es común, porque no suele haber muros en la ciudad levantados con ladrillo y cemento impidiendo la circulación de la gente”, sostuvo Ibarra.

El muro de cuatro metros de altura –que incluye una barrera y una garita del Grupo Clarín para controlar quién pasa y quién no por una calle pública– cierra la calle Ascasubi entre Luna y Magaldi, en el límite con la Villa 21-24 de Barracas. Del otro lado, funciona un playón de estacionamiento de la planta impresora del multimedios.

Como informó el periodista Eduardo Videla en este diario, hace dos años un grupo de vecinos de Barracas reclamó al gobierno de Mauricio Macri que lo demoliera, pero desde la gestión PRO contestaron que no habían construido el muro. Tras agotar la vía administrativa, presentaron un amparo ante el Juzgado 12 en lo Contencioso Administrativo. Los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo acompañaron el reclamo de los vecinos. Luego se sumó el legislador kirchnerista Juan Cabandié.

Los argumentos de la Procuración del gobierno porteño para no demoler el muro ilegal fueron antológicos: sostuvieron que no estaba probado que el muro existiera, tampoco que lo hubiera construido el Grupo Clarín e incluso sugirieron que tal vez fue hecho por los vecinos de la villa. De paso, les recomendaron a los demandantes que averiguaran quién había hecho el muro y fueran a reclamarle al responsable. Nada dijo el gobierno de Macri sobre el hecho de que cerraba una calle pública, impedía el tránsito normal y obligaba a los vecinos a hacer un rodeo.

En el amparo que presentaron, ciudadanos y legisladores advirtieron que “los vecinos se encuentran afectados en su derecho a la libre circulación (...) La presencia del muro se constituye en una ofensa discriminatoria” contra los habitantes de la Villa 21-24. Además, señalaron que “el perjuicio se hace más evidente cuando se trata de casos de emergencia de salud y las ambulancias ven impedido el normal acceso sin demoras. Todo esto sin perjuicio de que el muro es totalmente ilegal”.

La jueza Lago –que subroga el Juzgado 12– le recordó al gobierno de Macri que “las calles son bienes de dominio público del Estado, sobre el que recae la obligación de mantenerlas en buen estado”. “Existe en cabeza del Estado la obligación de mantener las calles en condiciones de ser utilizadas regularmente”, le señaló la jueza a la gestión PRO que, en otros casos, se muestra presurosa para defender la libre circulación de las calles. Frente a la falta de pruebas que pretextó el Gobierno de la Ciudad, la magistrada advirtió que las fotografías y el reconocimiento judicial llevaron a la conclusión de que “el muro que se denuncia existe y está bloqueando la calle Ascasubi, impidiendo el libre paso o tránsito”. La magistrada también pudo comprobar que detrás del muro se acumula material de la imprenta del Grupo Clarín y estacionan los autos de empleados de esa empresa.

Toda la prueba, señaló la jueza, “pone de manifiesto la omisión del ejercicio del poder de policía por parte del Estado local”. La magistrada indicó que es irrelevante quién y cuándo construyó el muro: es ilegal y, por lo tanto, ordenó que en el plazo de diez días sea demolido.

“La sentencia refleja el sentido común. La Ciudad de Buenos Aires no puede tener muros que impidan la libre circulación vecinal y que corten la circulación de una calle”, destacó Ibarra. Este diario intentó comunicarse con la Procuración para saber si van a apelar (algo muy probable), así como con voceros del Grupo Clarín, pero no respondieron a los llamados.