EL PAíS › LA JUEZA FABIANA PALMAGHINI CONFIRMó A LA FISCAL VIVIANA FEIN EN LA INVESTIGACIóN SOBRE LA MUERTE DE ALBERTO NISMAN
La jueza hizo fuertes críticas a la ex mujer del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, a quien acusó de obstaculizar el expediente y querer dirigir la causa según su “saber y entender”. Respaldó la realización de la junta médica, que se concretaría en diez días.
› Por Irina Hauser
“He de recomendar a la querellante (Sandra) Arroyo Salgado que, en lo sucesivo, dirija sus esfuerzos al esclarecimiento del hecho, teniendo por objeto y fin último la verdad objetiva, y no un embotamiento innecesario e injustificado que sólo se va traduciendo en un freno a la prosecución de la investigación”, dice uno de los tramos más contundentes de las dos resoluciones que firmó ayer la jueza Fabiana Palmaghini al rechazar los planteos de la ex esposa de Alberto Nisman destinados a apartar a la fiscal Viviana Fein de la investigación sobre la muerte y anular algunas de las medidas dispuestas. Palmaghini sostuvo que es evidente “la intención de la querella de dirigir la investigación según su saber y entender” y aclaró que la fiscalía será la única que comande el expediente mientras se trate de una “muerte dudosa” y no haya un posible autor identificado. Respaldó la realización de la junta médica que Arroyo Salgado cuestionaba y que Fein había ordenado para poder sacar sus propias conclusiones frente a las discrepancias entre la autopsia del Cuerpo Médico y el informe de los peritos privados contratados por la querella. Se concretará en la semana del 20 de abril.
Para Arroyo Salgado, la fiscal Fein actúa con un criterio parcial y con una hipótesis configurada de antemano según la cual Nisman se suicidó. La ex esposa del fiscal sostiene que lo mataron, que fue “un magnicidio”, y hasta lo equiparó con un caso de violación a los derechos humanos. Fein asegura que todavía no tiene preferencia por ninguna teoría, que aún está recopilando pruebas, que muchas fueron obstaculizadas por la propia querella, con cuestionamientos y pedidos de nulidad, y que ella sólo quiere encontrar la verdad. Estas dos posturas se vieron en el careo de anteayer. La jueza Palmaghini, quien reveló enojo en el tono de sus resoluciones, dice que lo que Arroyo señaló hasta ahora es que no le gusta cómo se lleva adelante la investigación, pero que no exhibió argumentos para apartar a Fein. No aportó, ejemplifica, “ninguna prueba concluyente” que respalde “que el que hacer aquí ventilado trasunte una grave violación a los derechos humanos”.
En la audiencia de esta semana, Arroyo Salgado había deslizado su intención de llevar la causa al fuero federal (el más político y cercano a los viejas estructuras de Inteligencia) al insistir con la idea de la responsabilidad internacional y con que la fiscal Fein no había dado la magnitud merecida a las “amenazas de muerte a nivel internacional y local” dirigidas a Nisman, a ella y a sus hijas. Pedía “medidas extremas”. La jueza Palmaghini dice que es un reclamo “incomprensible”, teniendo en cuenta los múltiples viajes que todos ellos hicieron al exterior, incluyendo a las menores de edad, “prescindiendo de cualquier tipo de custodia”.
La fiscalía, según Palmaghini, “siempre ha actuado guiada conforme las pautas que rigen el ejercicio de la acción que compete al ministerio que representa”. Usó sus facultades, evaluó, al convocar a una junta médica encabezada por el titular del Cuerpo Médico Forense, Roberto Godo, objetado por Arroyo Salgado al pedir anular la medida.
Fein convocó a la junta por las diferencias entre la autopsia del cuerpo de Nisman que hicieron forenses del Cuerpo Médico de la Corte y las conclusiones de los peritos de Arroyo Salgado, quienes se basaron en fotos y videos de los procedimientos. La querellante dijo que no la dejaron participar de la autopsia ni le notificaron a la familia de su ex esposo que tenía el derecho de hacerlo. La fiscalía siempre refutó ese reproche, e incluso aclaró que tuvo el cuerpo a disposición en la morgue hasta el 27 de enero, cuando habían pasado nueve días de la noticia del fallecimiento. Un dato revelador que señala Palmaghini en una de sus resoluciones es una constancia sobre “una reunión que la querellante tuvo (el día anterior) con un médico de confianza”, “quien analizó el informe de autopsia, con quien decidió no solicitar la realización de una segunda autopsia”.
La jueza se detiene en la discusión por el día y la hora de la muerte como para dejar en evidencia el intento de Arroyo Salgado por instalar su propia teoría y dirigir como prefiere la investigación. La autopsia oficial señaló que el deceso se produjo el domingo 18 de enero cerca del mediodía. El informe de los peritos de la querella, en cambio, dice que fue el sábado 17 entre la tarde y la noche. Esa franja horaria es la que le permitió a Arroyo Salgado empezar a apuntarle a Diego Lagomarsino, el dueño declarado del arma de la que salió el disparo mortal, quien además dijo que estuvo en el departamento de Nisman en ese mismo horario del sábado. Había ido, explicó, a darle la pistola Bersa que le pidió prestada. Palmaghini hizo notar que Arroyo Salgado en la discusión por la recusación dijo que la muerte se produjo “24 horas antes” de que Nisman tuviera que ir a la Cámara de Diputados a explicar su denuncia por encubrimiento contra la Presidenta y otras personas. En esa definición temporal la querella también ubica la muerte el domingo 18.
La resolución que avala la junta médica –de la que participarán, además de los forenses oficiales, los peritos de parte– dice que la fiscal está “ampliamente habilitada” para convocar profesiones de distintas disciplinas. También descarta el argumento de que esa junta es un acto “irreproducible” que debería estar dirigido por el juez. Tampoco entiende, acota, el porqué de las objeciones a determinados especialistas médicos. Ante los reclamos de Arroyo incluso previos a la recusación de Fein para que el juzgado asuma la dirección de la causa dice: “No puede haber superposición en la dirección de la investigación, o bien se encuentra delegada en el fiscal o permanece en manos del juez”. Seguirá en la fiscalía, ratificó, “hasta tanto se identifique al autor del hecho criminal, en caso de que tal hecho criminal se verifique”.
Otra de las tantas medidas que había objetado Arroyo Salgado era el peritaje tecnológico sobre los teléfonos, que está en marcha. Esta vez, Palmaghini le impuso las costas, o sea los gastos. Aunque el monto es insignificante, es otra forma de decirle que deje de obstaculizar.
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