El Tribunal de Impugnación del Poder Judicial de Neuquén revocó el sobreseimiento de los 15 imputados en la denominada causa Fuentealba II, que investiga las responsabilidades políticas y policiales en el crimen del docente Carlos Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007 durante una protesta gremial. La resolución fue adoptada por las juezas Gladys Folone, Liliana Deiub y Federico Sommer al hacer lugar a la impugnación planteada por la querella particular en representación de Sandra Rodríguez, viuda del maestro asesinado, y de sus dos hijas.

Los gremios ATEN y Ctera celebraron el fallo: “Esta es una nueva batalla que ganamos con Sandra Rodríguez, ATEN y Ctera para conseguir una justicia completa para nuestro compañero, es imprescindible seguir exigiéndola para que este fusilamiento no quede impune”. Los gremios vienen realizando una campaña por el juzgamiento de todos los responsables políticos e intelectuales del crimen, incluyendo al ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch.

La resolución declaró admisible el recurso que presentó la querella y luego hizo lugar a la impugnación ordinaria, cuya consecuencia fue la revocatoria de la decisión que había dictado la jueza Ana del Valle Malvido. Esa magistrada había dispuesto el 5 de septiembre pasado el sobreseimiento de los 15 imputados en la causa, entre los que figuran el ex subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli y los ex jefe y subjefe de la policía provincial Carlos Salazar y Moisés Soto, además de otros 12 efectivos policiales que participaron de la represión en la que fue asesinado Fuentealba.

A partir de la decisión adoptada por este tribunal, la Justicia deberá continuar con la investigación para determinar las responsabilidades que los imputados tuvieron en el hecho. Un año después del crimen del maestro neuquino fue condenado a prisión perpetua el policía Darío Poblete, como autor del disparo que le provocó la muerte. Fuentealba recibió el impacto de un proyectil con gas lacrimógeno en su cabeza, al ser reprimida por la policía una protesta gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN).

Por otra parte, en junio pasado la Justicia determinó que el ex gobernador Jorge Sobisch debía ser juzgado en la denominada causa de la “zona liberada”, imputado de haber impartido órdenes a la policía para que no actuara durante la agresión que sufrieron docentes en conflicto en marzo del año 2006, en la ciudad de Plaza Huincul. El juez de Garantías Mauricio Zabala dispuso que Sobisch sea sometido a un juicio oral y resolvió, además, la incorporación de prueba y la citación de 15 testigos. Pero finalmente el juez de garantías Marcelo Muñoz lo absolvió.

El 30 de marzo de 2006, los docentes en huelga por demandas salariales cortaron el acceso de la destilería de YPF, en Plaza Huincul, y fueron agredidos por un grupo de militantes del Movimiento Popular Neuquino, disfrazados de obreros de la construcción. En esas circunstancias, ex jefes policiales que acudieron al lugar para evitar enfrentamientos denunciaron que Sobisch dio la orden de no intervenir.