Por mayoría, la Sala I de la Cámara de Casación confirmó al juez federal Claudio Bonadio al frente de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la empresa Hotesur SA, que gerencia los hoteles de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Con el voto de los camaristas Gustavo Hornos y Luis María Cabral, el tribunal de alzada rechazó la recusación que contra el juez había solicitado la defensa de Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sobrina de la Presidenta y directora de Hotesur. Antes, los jueces también descartaron los pedidos que la misma Mercado había presentado ante esa instancia para que fuesen apartados y no pudieran decidir en la causa. La presidenta de la Casación y tercera integrante de la Sala I, Ana María Figueroa, opinó a favor de la salida de Bonadio.

Mercado solicitó que Bonadio sea apartado de la causa por considerar que existen condiciones para sospechar que el juez no será imparcial en su trabajo. Cabral determinó en el fallo que el planteo de Mercado no es objetivo. “La recusación evidencia una serie de impugnaciones de carácter genérico que, a mi criterio, no constituyen la nota de objetividad que requiere el apartamiento solicitado”, planteó. Según Hornos, la directora de Hotesur no logró determinar correctamente, en el texto del recurso, “la existencia de una cuestión objetiva que afecte o permita sospechar la falta de imparcialidad por parte del juzgador”.

Por el contrario, Figueroa encontró “razonable la sospecha de parcialidad” alegada por la defensa de Mercado. Tras destacar que en su dictamen la fiscal de Casación, Gabriela Baigún, había hallado válidos los fundamentos de Mercado y considerado que Bonadio no podía seguir investigando, la jueza justificó el “temor de parcialidad” en una serie de comportamientos del magistrado en el expediente. Lo acusó de disponer un “errático trámite” de la causa, de “dificultar” la tarea del abogado de la mujer, Carlos Beraldi, al impedirle ver las actuaciones, sacar fotocopias y controlar las declaraciones de los testigos citados al juzgado, y lo advirtió en cuanto a la publicidad de los actos procesales al apuntar que “la publicidad de las sentencias judiciales constituye una herramienta republicana para el control de los poderes, pero resulta imperioso eliminar todo tipo de suspicacia que conduzca a presumir o poner en crisis la independencia del Poder Judicial”.