La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley y por unanimidad el beneficio extraordinario y por única vez a los herederos y derechohabientes de las 85 personas fallecidas y las más de 150 heridas en la voladura de la mutual judía AMIA, en 1994. “El beneficio extraordinario es en los mismos términos (económicos) que en los casos de desaparición forzada de personas, la restitución de niños apropiados durante la dictadura y, más recientemente, sobre víctimas del atentado a la Embajada de Israel”, explicó el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos Remo Carlotto. Aunque toda la oposición acompañó el proyecto, hubo cuestionamientos por la “reparación tardía” y reclamos de una reparación penal con el juzgamiento de los responsables del atentado, cuestión que depende de la Justicia.

La ley, aprobada con 197 votos afirmativos, por unanimidad, también establece una diferenciación del beneficio de acuerdo con la calificación de lesiones graves y gravísimas que estableció la Justicia. Según los cálculos oficiales, los herederos o derechohabientes de las personas fallecidas cobrarían una indemnización cercana al millón y medio de pesos, mientras que en el caso de lesiones gravísimas la reparación será un 30 por ciento menor, y para las lesiones graves un 40 por ciento menor del monto máximo establecido en la ley. El desembolso del Estado sería de unos 350 millones de pesos.

Para acceder al resarcimiento, los beneficiarios deberán desistir de la acción judicial. Aquellos que hayan percibido una indemnización menor a lo que estable la ley aprobada ayer a través de un fallo judicial, podrán reclamar la diferencia.

Carlotto también sostuvo que la ley es parte de la solución amistosa firmada por el ex presidente Néstor Kirchner con la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad del Estado argentino en el atentado terrorista. “Desde hace doce años, venimos generando mecanismos reparatorios que ha realizado el Estado” en materia de derechos humanos, sostuvo Carlotto.

La mayoría de las críticas opositoras se centraron en la “reparación tardía” y en la falta de condena a los responsables del atentado. Tampoco faltaron las referencias a la muerte del fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman. “El Estado encubrió a los responsables. Y ahora conocemos la participación en el encubrimiento de los servicios de Inteligencia, la CIA, el Mossad, a través de la muerte de Nisman”, sostuvo Nicolás del Caño (FIT). “Esta es una ley de reparación parcial, en cuanto el Estado les está negando a las víctimas el derecho a saber la verdad”, sumó la macrista Laura Alonso. El delasotista Juan Carlos Schiaretti reclamó la anulación del acuerdo con Irán y que se habilite el juicio en ausencia para condenar a los acusados iraníes.