La presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, aseguró que “no es intención de esta bancada iniciar un pedido de juicio político al juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt, cuestionado en los últimos días. “No hay un expediente en la Comisión de Juicio Político, nunca se pidió que Fayt sea sometido a enjuiciamiento”, destacó la legisladora. Al mismo tiempo admitió que “lo que hay es una situación que, si bien no es irregular, es única porque se trata de un excelente juez y un excelente profesional, de probadísima trayectoria académica y judicial”, pero que tiene “una avanzada edad y hace mucho que no está acudiendo a la Corte”. En diálogo con Página/12, Di Tullio agregó: “Hay versiones de todo tipo, y no se trata de que firme en su casa, sino de que no sabemos si entiende o no lo que está firmando”.

Di Tullio explicó que lo que se está analizando son los mecanismos que tiene la Comisión de Juicio Político para saber cuáles son las herramientas de las que se dispone para determinar si el juez, de 97 años, “es apto y tiene idoneidad para ejercer su cargo”. Según indicó, los pasos a seguir que establece el reglamento interno de la comisión para lograr ese objetivo comienzan con el pedido de “medidas probatorias”, siguen con la elaboración de un informe y luego con el análisis del informe en la Comisión de Juicio Político.

Fayt fue cuestionado luego de haber firmado una acordada de la Corte para la reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte “sin salir de su casa”, pese a que se difundió que lo había hecho en la sala de situación del tribunal. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, señaló que la acordada del 21 de abril, firmada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Fayt, mediante la cual reeligieron a Lorenzetti hasta 2019, “falsea la verdad”, porque Fayt no participó del acto, ya que firmó el documento en su casa. Así lo había informado Página/12 el domingo, en una nota de Horacio Verbitsky que reveló que el juez no reconoció a uno de los secretarios que le llevaron el escrito para que firmara. “Es un tema de cuidado de los derechos de los argentinos”, dijo Di Tullio a Página/12 sobre la situación de Fayt.

–¿Cuáles serían los mecanismos de la Comisión de Juicio Político para intervenir en esta situación? ¿Evalúan el enjuiciamiento de Fayt?

–La presidenta de la comisión evaluará. Se pide que se investigue sobre la salud de Fayt, si tiene capacidad o no para poder cumplir con el cargo en la Corte. Esta es una responsabilidad que la Constitución Nacional le confiere al Poder Legislativo, pero no hay intención de enjuiciarlo, eso está descartado, y no se trata de la intención del bloque, sino de una preocupación que debería ser general. La Corte tiene que tener cinco miembros y tiene tres activos, uno por su situación de salud está en su casa y hay versiones que no son denuncias pero sí precisiones, como las que publicó Horacio Verbitsky sobre la situación actual del juez, que no va a la Corte y que podría no estar entendiendo lo que firma en su casa. Hay que establecer si está enfermo o no, si está de licencia o no, todo eso es lo que hay que aclarar. La Corte tiene 13 mil casos al año y requiere de una capacidad que sin duda Fayt tuvo, pero no sabemos si la mantiene. Es una situación única y difícil, hay que resolverla siendo respetuosos de su trayectoria, pero la cuestión institucional es delicada, genera preocupación y la Constitución dice que el Legislativo puede velar por los intereses del pueblo argentino respecto del Poder Judicial, que un ministro de la Corte pueda responder en su plena capacidad debería ser una preocupación generalizada, sobre todo de quienes dicen defender las instituciones y la República. Colectivamente hay que reconocerle sus méritos, pero también hay que establecer si su capacidad está intacta.

–¿Ese informe que pediría la comisión es una evaluación médica?

–Hay dos expedientes pidiendo que se analice la situación de la salud de Fayt para determinar su idoneidad o no para ocupar el cargo, uno más viejo, del diputado Carlos Raimundi, y otro más nuevo, del ex senador y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, pidiendo la evaluación del “estado de salud”. La comisión decidirá si es un informe médico o no, pero es su responsabilidad hacerlo y tiene los instrumentos, además del reglamento interno que la habilita. La comisión debe determinar el estado de salud psicofísica del ministro de la Corte.

–¿Qué sucedería si Fayt sale a la puerta de su casa y hace declaraciones?

–Coincido con Aníbal Fernández, si va a la Corte y se lo ve caminando o hablando cambiaría esta situación. Pero ahora no se sabe si su ausencia es temporal o no. Esto no es contra una persona, todos le reconocemos su capacidad. No hay antecedentes de algo así, por eso hay que ser prudentes, pero no dramatizar, esto no es en contra de nadie, sino a favor de las instituciones.

–Usted mencionó que por la negativa de la oposición a tratar el pliego de Roberto Carlés tampoco es posible establecer su idoneidad. ¿Qué tiene que ver esto con Fayt?

–Se relaciona con el funcionamiento de la Corte. Aun antes del envío del pliego, la oposición firmó una especie de conjuro por el cual no aprobarán nada que envíe el Poder Ejecutivo. Hay una vacante y el Ejecutivo está obligado por ley a enviar el pliego, pero ese conjuro anticipando que no van a firmar nada es una falta de compromiso con el funcionamiento institucional, es un escándalo. Y me parece grave que tampoco les preocupe la situación de Fayt, en la cual no hay una intencionalidad, esperamos que esté bien, pero no podemos no hacer nada.