El primer funcionario del Poder Judicial de Bahía Blanca que se animó a investigar la participación de la Iglesia Católica y de los dueños de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado es desde el jueves un desempleado. Se trata de Alvaro Coleffi, un secretario que como juez federal ad hoc pidió la captura internacional del ex capellán Aldo Vara, procesó al arzobispo bahiense Guillermo Garlatti por encubrir a Vara mientras estaba prófugo, ordenó allanar La Nueva Provincia y finalmente indagó a su director, el empresario Vicente Massot. La Cámara Federal de Bahía Blanca, a partir de un sumario diseñado por el ex agente de Inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti, concluyó que existe una “pérdida insalvable de confianza” en Coleffi y lo dejó cesante.

La regional local de H.I.J.O.S. advirtió que la maniobra apunta a “disciplinar y servir como efecto ejemplificador a cualquiera que intente avanzar con las causas de civiles” de la ciudad y reclamó “que los estamentos superiores de la Justicia pongan su mirada en Bahía Blanca y tomen las acciones necesarias para terminar con esta impunidad constante”. El fiscal José Nebbia, que junto a Miguel Palazzani conduce la unidad abocada a los juicios de lesa humanidad, consideró que la represalia contra Coleffi “confirma la maniobra que venimos denunciando para obturar el proceso de Justicia en general, la causa Massot en particular, y aleccionar a quienes tengan la mínima intención de moverse un ápice del statu quo reinante en el Poder Judicial de Bahía Blanca”. “El mensaje es: ‘Ni se les ocurra investigar las complicidades civiles’”, resumió.

Coleffi es un funcionario de carrera que no proviene de la familia judicial bahiense y que nunca había recibido una sanción o apercibimiento. La denuncia que derivó en el sumario y en una causa penal la presentó Santiago Martínez, quien como juez ad hoc fue su antítesis: nunca encontró pruebas contra los civiles imputados por el Ministerio Público por sus servicios al Estado terrorista: ni a Massot, ni a Vara, ni a Hugo Mario Sierra, el secretario del juzgado durante la dictadura. En una llamativa coincidencia, Coleffi se enteró de la denuncia en su contra el 11 de noviembre pasado, minutos antes de que comenzara la indagatoria a Massot, y por medio de LU2, la radio del empresario.

Martínez denunció a Coleffi como supuesto responsable de la filtración a un sitio web de escuchas telefónicas secretas en el marco de la investigación por tráfico ilegal de drogas contra Juan Suris, que tenían a su cargo como juez y secretario respectivamente. La instrucción del sumario estuvo a cargo de Montezanti, ex agente del Destacamento de Inteligencia 181. La resolución con la orden de la cesantía la firmó también Pablo Candisano Mera, quien antes rechazó la recusación de Coleffi en su contra por la íntima amistad que lo une al denunciante Martínez. El funcionario despedido pedirá ahora la revocatoria de la decisión a la Cámara, que luego podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.

La causa penal por revelación de secretos recayó en el juez ad hoc Martín Miguel Otaño Manterola, secretario del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y joven promesa de la escudería Massot: al pronunciarse en causas por delitos de lesa humanidad deja constancia de sus discrepancias con los fallos de la Corte Suprema que declararon inconstitucionales las leyes de impunidad e inválidos los indultos. A pesar de la acotada intervención del fiscal Alejandro Cantaro, por orden de Otaño Materola se allanó la casa de Coleffi, se secuestraron teléfonos y computadoras, se requisó su vehículo y se revisaron hasta los juguetes de los hijos. El secretario del juez ad hoc y quien controló por vía telefónica la actuación de los policías federales durante el allanamiento es Mario Fernández Moreno, otro íntimo de Martínez, hijo del ex camarista Augusto Fernández y cara visible del ardid ampliamente informado por Página/12 que le permitió a Massot apartar de la causa a Coleffi después de la indagatoria y cuando se aprestaba a pronunciarse sobre su situación procesal.

Quienes conocen desde adentro el funcionamiento del poder judicial bahiense no salen de su asombro por el descomunal ímpetu demostrado por el denunciante Martínez y su alfil Fernández Moreno, que en 2013 fracasaron en su intento de investigar otra filtración a la prensa, entonces en beneficio de Massot. Los fiscales de la Unidad Especial de Derechos Humanos habían pedido aquel año el allanamiento de La Nueva Provincia y el secreto de sumario para que la medida no se frustrara. El dato se publicó curiosamente en el diario La Nación, que silencia en forma sistemática toda información sobre los procesos de lesa humanidad excepto cuando sirve para ayudar a algún amigo en desgracia como Carlos Pedro Blaquier o el propio Massot, columnista de la tribuna de doctrina. La dupla direccionó entonces la investigación hacia los fiscales denunciantes, interrogó a secretarios y empleados sobre vida y obra de Nebbia y Palazzani y, pese al notable esfuerzo desplegado, no logró dar con los responsables de la filtración del dato (que también ellos conocían). Después sugirieron allanar de todas formas el diario e “ir a la pesca” de pruebas, alternativa que los fiscales rechazaron por su inconstitucionalidad en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de Montezanti y Candisano Mera de dejar cesante a Coleffi después de seis meses de averiguaciones se concretó en su anteúltimo día de trabajo antes de la licencia que había pedido para internarse a estudiar: el próximo viernes deberá afrontar el examen oral del concurso para cubrir el cargo de fiscal federal de Bahía Blanca, que actualmente subroga Antonio Castaño. El primer filtro, el examen escrito, lo pasaron sólo tres postulantes. Uno de ellos es Martínez. Su rival en el concurso y ex compañero de trabajo tampoco podrá concentrarse demasiado el miércoles, cuando deberá prestar declaración indagatoria por primera vez en su vida.

El jueves 23 de abril a la madrugada La Nueva Provincia publicó en su web una noticia que tituló “Indagarán mañana a un secretario federal por violación de secretos”. Debajo se explayó sobre la acusación contra Coleffi. El dato era erróneo porque no estaba citado para el viernes. La elección de la fecha de publicación, igual que aquella noticia de LU2 que había anticipado el inicio de la causa, no era casual: exactamente un año antes, el 24 de abril de 2014, Massot había declarado por primera vez como acusado por delitos de lesa humanidad y había descargado toda la responsabilidad sobre su madre muerta.