Mar 16.06.2015

EL PAíS  › ELIGEN A LOS JUECES PARA LA CORTE INTERAMERICANA DE DD.HH. Y RAúL ZAFFARONI ES CANDIDATO

La operación de desprestigio llegó a la OEA

Ante la inminente votación en el organismo internacional se sucedió una seguidilla de informaciones para trabar la designación del ex juez de la Corte Suprema. La Asociación Americana de Juristas difundió ayer una declaración en su apoyo.

› Por Irina Hauser

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) elegirá hoy cuatro nuevos jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre quienes fue postulado Raul Zaffaroni por parte del Estado argentino. La inminente votación explica la seguidilla de informaciones para desprestigiarlo que circularon en los últimos días. La Asociación Americana de Juristas, una ONG que tiene estatuto consultivo en Naciones Unidas , difundió ayer una declaración en su apoyo, en la que lo destaca como uno de los grandes penalistas a nivel mundial y atribuye la campaña al Grupo Clarín, afectado por el fallo de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dictó la Corte Suprema cuando el jurista la integraba.

La Corte Interamericana (tribunal internacional que aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos e interviene ante su posible violación) tiene siete miembros de los cuales se renuevan cuatro. Duran seis años en sus funciones y pueden ser reelegidos una vez. De hecho hay dos jueces que aspiran a la reelección: el uruguayo Alberto Pérez Pérez y el chileno Eduardo Vio Grossi. Además de Zaffaroni, los otros candidatos son Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica, y Patricio Pazmiño Freire, de Ecuador. La votación será en la Asamblea General, que se reúne en Washington, y participan 23 Estados parte de la convención.

En esta ocasión, al haber cinco candidatos sólo uno será el que quede excluido. Cada representante elegirá cuatro y se sumarán los votos. Por Argentina estará el canciller Héctor Timerman. Por lo general la votación de los jueces es fruto de negociaciones diplomáticas en las que los estados intercambian designaciones de en organismos o tribunales internacionales. La Corte no funciona de manera permanente sino que sesiona tres veces al año para resolver casos. Tanto sus fallos como las recomendaciones de la Comisión Interamericana, cuyos miembros también se votan hoy, son de aplicación obligatoria en el país.

La postulación de Zaffaroni surgió cuando ya se perfilaba su renuncia al alto tribunal al cumplir 75 años, la edad jubilatoria. La semana pasada, cuando se aproximaba la elección en la OEA, comenzaron a circular a través de varios medios, en especial Clarín, notas que intentan vincular a Zaffaroni con la última dictadura, por su función de juez y su participación en el libro Derecho penal militar. La semana pasada dijo: “Se desempolvó ese libro cuando me iban a nombrar en la Corte, es un viejo libro en el cual tratamos de hacer dogmática sobre lo que era el viejo código de justicia militar (...) demostrando que si se aplicaba racionalmente, no podían justificar ninguna de las atrocidades que se estaban cometiendo”. “Lo que me tocó vivir, lo viví. Fui juez en gobiernos militares, sí. Muchos fuimos. El problema es qué hicimos”.

El comunicado de la AAJ, recuerda que Zaffaroni ha “desarrollado profundamente el carácter sesgado de la aplicación judicial de la pena, la discriminatoria expansión punitiva del Estado con el objetivo del control social, la denuncia del genocidio por goteo y la violación de los derechos humanos tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, y ha sido coherente con esas posiciones en los 11 años de su actuación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Eso, señala el texto, “motiva las campañas de desprestigio de grupúsculos insignificantes, que representan a los poderes que requieren de ese poder punitivo para controlar a través del temor a los sectores más desposeídos de nuestros pueblos”. También dice que el Grupo Clarín “ no le perdona” a Zaffaroni su voto antimonopólico en el fallo que avaló la constitucionalidad de la ley de medios.

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