Cuando los abogados ya habían llegado al tribunal y esperaban con ansiedad la sentencia sobre la validez constitucional del Memorándum con Irán, una secretaria de la Cámara Federal de Casación Penal se asomó para anunciarles que la decisión se había postergado. “Razones de funcionamiento interno del tribunal”, justificó sin ofrecer una nueva cita. El camarista Juan Gemignani, como presidente de la Sala II, había convocado a las partes para las 12. Lo llamativo es que hasta ayer a esa hora, ni siquiera Luis Cabral, quien figuraba primero en el orden de votación, había puesto a circular su propuesta entre sus colegas, a pesar de que Ana María Figueroa –que le seguía en la lista– se lo reclamaba desde varios días antes.

Según las reglas procesales Casación tiene un plazo de veinte días para fallar después de una audiencia oral en la cual las partes explican sus posiciones. Esa audiencia se hizo el 31 de marzo. Una primera dilación se debió a que los jueces decidieron mandar a hacer una traducción del acuerdo del inglés al castellano. Luego Gemignani estableció el 22 de junio como fecha para firmar el fallo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, firmado el 27 de enero de 2013 con el propósito de que presten declaración indagatoria los iraníes que están imputados en la causa del atentado a la AMIA y cuya captura nunca se efectivizó.

Una de las condiciones del pacto era que estuviera aprobado por los Parlamentos de ambos países. El Congreso argentino lo ratificó, pero no el iraní. Por eso no entró en vigencia. Tampoco la Comisión de la Verdad, que debía monitorear el proceso. La AMIA y la DAIA impugnaron judicialmente el Memorándum con el argumento de que había una interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, que se estaba “delegando soberanía”. Lo mismo dijo el fiscal de Casación Raúl Plee. Los abogados del Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro sostuvieron que como el pacto nunca entró en vigor no se puede adoptar ninguna resolución judicial sobre él, es “inoficioso”. Es decir, no se puede evaluar ninguna consecuencia de algo que no existe. En la misma dirección fundamentaron las organizaciones de familiares de víctimas del ataque terrorista Memoria Activa y 18-J.

En primera instancia, el juez Rodolfo Canicoba Corral había rechazado el planteo de la AMIA. Pero la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum.

Para sacar un fallo en Casación se establece un orden en que los jueces van presentando sus proyectos de votos, y a través de la deliberación intentan llegar a un acuerdo o sumar dos para hacer mayoría. En este caso, el primero de la lista era Cabral, quien nunca puso a circular oficialmente su voto y solo le habría revelado su postura a Gemignani. Ayer, a la hora que habían sido citados los abogados, los camaristas no habían intercambiado votos ni acercado posiciones.

Cabral es juez subrogante en Casación desde 2011. Siempre consiguió que sus colegas casadores le renovaran esa suplencia. Pero ahora el sistema cambió por ley y será el Consejo de la Magistratura (que él integra) el que lo haga. En el tribunal hay cuatro vacantes que se cubren internamente. El único “externo” es Cabral, quien entró sin el sorteo reglamentario. El concurso está en etapa final, aunque puede demorar unos meses. Las subrogancias se vencen el 30 de junio, la semana próxima. Es decir que está el riesgo latente de que Cabral ya no esté y se complique la resolución del tema ya que todo indicaría que Gemignani y Figueroa están en veredas opuestas, el primero por la inconstitucionalidad. Ayer ni siquiera se sentaron a discutir, aunque había clima de malestar en el tribunal, y suspendieron el pronunciamiento hasta nuevo aviso.