A dos años del juicio, la Cámara de Casación Penal evaluará hoy los recursos que piden que se revise la sentencia que envió a la cárcel a la cúpula de la Unión Ferroviaria y a varios policías por el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra. A partir de las 9, la Sala III de ese tribunal de alzada oirá a los defensores del ex jefe sindical José Pedraza y de quien lo secundó en el gremio, Juan Carlos Fernández, esgrimir argumentos con la intención de convencer a los camaristas de que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21, que los condenó a ambos a 15 años de prisión por considerarlos partícipes necesarios del homicidio, se equivocó. Lo mismo dirán los abogados de Gabriel Sánchez y Cristian Favale, condenados a 18 años de encierro como coautores del hecho; los de los otros tres ferroviarios y los de los policías también penados por cumplir diferentes roles aquel mediodía del 20 de octubre de 2010 en las inmediaciones de la estación Yrigoyen del tren Roca. En el extremo opuesto se ubica el Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la familia de Ferreyra, para quien las responsabilidades penales de los condenados “han quedado debidamente probadas” durante el debate. La querella que representó a dos heridos durante el mismo episodio exigirá el aumento de las penas, tal como lo recomendó la fiscalía ante la Cámara, en cabeza de Gabriela Baigún, hace casi un año.

Todos los acusados habían solicitado al tribunal porteño que dirigió el juicio que los absolviera. El pedido no hizo mella para la mayoría de ellos: a excepción de dos ferroviarios y un policía, el resto de los acusados (13) recibió condena, algo que intentarán revertir esta mañana ante los camaristas Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, quien reemplazó a Eduardo Riggi, investigado por tráfico de influencias para beneficiar a Pedraza en la causa en a que finalmente fue condenado. La Sala comenzó a analizar los recursos que discutieron la sentencia en enero de 2014, pero recién hoy reunirá a los actores y oirá sus argumentos. EL CELS defenderá el fallo de primera instancia, sentencia que consideró “clara en el establecimiento de los hechos y la valoración de las pruebas”. “Durante los ocho meses de debate han quedado debidamente probadas las responsabilidades penales de estas personas en el homicidio de Mariano Ferreyra”, apuntó el organismo. Además, insistirá en que se condene al policía absuelto y se le aumente la pena a otros dos.

“Mañana es la última fecha de la instancia oral y pública para insistir con la existencia de un plan criminal trazado por la burocracia sindical, el Gobierno y la empresa para frenar la lucha por el pase a planta de los trabajadores tercerizados, marco en el que se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra”, señaló María del Carmen Verdú, integrante de la querella de Correpi y APEL en representación de Rodríguez y Nelson Aguirre, heridos durante la misma mañana en la que murió Ferreyra. Esa parte insistirá en el aumento de las penas para los condenados y amplía el abanico de responsabilidades a la empresa Ugofe (al momento de los hechos, empresa administradora de la línea Roca de ferrocarriles), funcionarios del gobierno nacional –entre ellos, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y de la Policía Federal que facilitó el ataque y garantizó la impunidad de la patota.

El debate, que duró ocho meses, sirvió no sólo para repartir responsabilidades respecto de la muerte de Ferreyra, un militante del Partido Obrero que, en el marco de una movilización por reclamos de empleados tercerizados del ferrocarril, murió de un balazo. También fue útil para desnudar el negocio para los dirigentes sindicales condenados. “Durante el juicio y en la posterior sentencia se acreditaron sus vínculos con el crimen y los intereses económicos y políticos detrás de tercerización laboral en el Ferrocarril Roca”, apuntó el Centro de Estudios Legales y Sociales, representante de la familia Ferreyra durante el debate.