“En este año electoral la cuestión de la Justicia no puede ser ignorada por las agrupaciones políticas que participan de los comicios a nivel nacional y local y todas ellas deben explicitar qué entienden por democratizar el Poder Judicial, de qué y de quiénes deben ser independientes los jueces y cómo se asegura el acceso a la justicia.” La agrupación Justicia Legítima propone de esta manera incluir en la agenda las cuestiones que competen al modelo de justicia que cada candidato propone. “Históricamente este tema nunca se trata en las campañas electorales y eso demoró la democratización de la justicia, el Poder Judicial, de hecho, no se renovó con el regreso de la democracia”, señaló a Página/12 Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires e integrante del colectivo que incluye a jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados de tribunales de todo el país.

Los miembros de Justicia Legítima creen que si el modelo de Justicia nunca se incluyó en los debates de las campañas electorales es porque nadie estaba interesado en modificarlo. En cambio, el cuestionamiento de estas estructuras tradicionales fue casi la razón de ser de la irrupción de Justicia Legítima en diciembre de 2012. “Exhibir que el Poder Judicial no es una institución monolítica y uniforme fue y sigue siendo uno de los pilares de Justicia Legítima. Esa imagen que ha pretendido mostrar de sí mismo es, por el contrario, el resultado de la hegemonía de los sectores más corporativos que lo integran”, señalan sus miembros.

“Lo que no queremos es que se discutan fórmulas vacías de contenido”, explicó Ruiz, en alusión a quienes hablan de defender la “independencia judicial”, pero no explicitan a qué se refieren con esa frase. “No estamos dispuestos a conceder que estos temas se reduzcan a fórmulas efectistas, útiles para las campañas y aptas, a un tiempo, para evitar cualquier compromiso futuro. Es necesario que quienes aspiran a gobernar el país tomen posición respecto de cuál es la estructura, cuál es el papel y cuánta la importancia que le asignan a un poder del Estado de cuya conformación depende en buena medida que el orden democrático, el sistema de garantías y los derechos humanos se amplíen para asegurar más inclusión y más participación de todos y cada uno de nosotros”, afirma la agrupación.

En esa línea, Justicia Legítima enuncia temas concretos para poner sobre la mesa: las reformas de los códigos, la implementación de las leyes de organización de la Justicia y la oralidad de los procesos, la restitución del control de los fondos al Consejo de la Magistratura, son algunos de los ejes que propone, y que, según dice “no pueden ser dejados de lado ni reservados a los técnicos u obstruidas por quienes temen perder poder o privilegios”. Otro asunto de coyuntura importante es lo que llaman la “la ‘desintegración’ de la Corte Suprema” y la voluntad de algunos sectores de impedir su conformación plena, lo que afirman, “es una gravísima anomalía institucional que no puede persistir por la gravedad de sus consecuencias”.

“El imprescindible debate acerca de qué Corte queremos no puede obviar que aún debe completarse el número actual de sus miembros. Hay urgencia de cumplir con el diseño de la Constitución. La responsabilidad de aquellos que lo impidan no puede quedar impune. Las próximas elecciones habilitan al pueblo a decidir en las urnas qué modelo de Poder Judicial es más democrático, más plural y más preocupado por ampliar el marco de los derechos”, dicen. Ruiz destacó que la aparición de Justicia Legítima dio lugar al surgimiento de otras agrupaciones vinculadas a los tribunales y el derecho y que se revirtió la idea del Poder Judicial monolítico que representa a “la independencia”: “Hay muchos discutiendo de política desde el Poder Judicial y nos parece bien, no política partidaria, pero sí hay que decir que no somos todos iguales, no todos pensamos lo mismo, queremos distintas cosas, para el Poder Judicial y para la sociedad en que vivimos”.