¿Vale el voto que el juez Luis Cabral dejó en una caja fuerte de la Cámara de Casación para la causa sobre el Memorándum con Irán? ¿Vale aunque se le haya terminado la subrogancia en el tribunal antes de firmar el fallo? ¿Es un voto o es un borrador? Esas preguntas se reprodujeron con fuerza por tribunales después de la decisión del Consejo de la Magistratura de dar por finalizada anteayer la suplencia que el juez tenía desde septiembre de 2011. La respuesta la tendrá que dar la propia Casación, donde tanto el fiscal Raúl Pleé como la AMIA y la DAIA argumentaron por escrito que es un voto válido y debería integrar la sentencia que estaba anunciada oficialmente para el martes próximo. Los abogados del Estado, en cambio, avalan el mecanismo utilizado y la designación del nuevo subrogante, Claudio Marcelo Vázquez, abogado de la lista de conjueces del Poder Ejecutivo. Cabral, por su lado, prepara un amparo contra su remoción. La Coalición Cívica presentó una denuncia penal contra consejeros, jueces y hasta Cristina Kirchner y le tocó al juez Daniel Rafecas.

La Sala II de Casación había fijado como fecha para pronunciarse sobre el memorándum el lunes pasado. Cuando llegó el día, ninguno de los tres jueces asignados al caso había presentado una propuesta de fallo con antelación como hacen siempre: ni Ana María Figueroa, ni Juan Gemignani, ni Cabral. A las 12 llegaron a tribunales todos los abogados de las partes, que habían sido citados, pero les dijeron que se suspendía la lectura de la sentencia por cuestiones “internas” del tribunal. Casi tres horas más tarde, Gemignani presentaba su voto y Cabral una propuesta que dejaba sujeta a discusión. Luego informaron que el 30 de junio sería anunciado el fallo. En el ínterin, el Consejo de la Magistratura convocó a un plenario extraordinario para el jueves último y Cabral perdió el cargo transitorio en el que llevaba casi cuatro años por siete votos (del oficialismo y la jueza Gabriela Vázquez) contra cuatro, incluido el de Cabral, que es consejero.

¿Por qué ahora? Según explicó la titular del organismo, Vázquez, fue porque entró en vigencia la semana pasada una nueva ley que establece que a los subrogantes ya no los nombra la Casación sino el Consejo. En el plenario, el secretario de Justicia y consejero, Julián Alvarez, mostró estadísticas que revelaban que la sala que integraba Cabral fue en los últimos cinco años la más improductiva de todas. El cuerpo de consejeros designó a otros dos subrogantes externos: los abogados Norberto Frontini y Roberto Boico. A entender de la oposición parlamentaria y la Asociación de Magistrados, se debe a razones políticas: atribuyen al oficialismo la intención de sacar a Cabral de casos sensibles y designar a conjueces de la lista que confeccionó el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Cabral, cuyo verdadero cargo es el de juez del Tribunal Oral Nº 9, había sido denunciado casi desde el mismo día que desembarcó en Casación por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el fiscal Jorge Auat que advirtieron irregularidades en su incorporación. El ex juez Raúl Madueño lo había “invitado” a subrogar sin pasar por el sorteo que establece la ley, entre camaristas y jueces de tribunales orales. Mientras desempeñó el cargo fue presidente de la asociación tradicional de los jueces. Tuvo respaldo de algunos de sus colegas de Casación pero, por ejemplo, Alejandro Slokar, siempre lo cuestionó. “Lo habían puesto a dedo, el Consejo puso las cosas en su lugar”, dijo ayer Auat.

El fiscal Pleé –exponente de la marcha del 18F derivada de la muerte de Alberto Nisman– y los abogados de AMIA-DAIA cuentan con que Gemignani habría hecho un voto declarando la inconstitucionalidad del pacto con Irán y que el de Cabral iría en el mismo sentido. El memorándum estaba destinado a lograr la indagatoria de los iraníes sospechosos del atentado a la mutual judía, pero nunca entró en vigencia porque si bien Argentina lo ratificó en el Congreso, Irán no dio ese paso. Pleé presentó un escrito donde pide “mantener la composición de la sala como juez natural” y que se adelante la audiencia prevista para el martes porque dos jueces ya se expidieron y faltaría Figueroa. A su entender el desplazamiento de Cabral viola la Constitución. Las entidades de la colectividad judía plantearon algo similar. Los abogados del Ministerio de Justicia y de la Procuración del Tesoro todavía no fueron convocados a opinar, pero sostendrán que el procedimiento del Consejo fue adecuado y debe actuar el conjuez Vázquez. Que puede ver la audiencia oral que ya se hizo o convocarlos nuevamente para escuchar posiciones antes de resolver. También recuerdan que la última vez que se fueron subrogantes (Guillermo Jacobucci, Mariano González Palazzo y Luis García) la Casación firmó una acordada que decía que las causas las continuarían sus reemplazantes.

Gemignani y Figueroa están en pésimas relaciones; ayer a la tarde todavía no se habían puesto de acuerdo en qué hacer, porque no habían conversado. El primero, que preside la sala, tiene posición tomada. A sus colaboradores les dijo que en realidad cuando ya se celebró la audiencia oral, como ocurrió en este caso, los jueces que participaron de ella son los que deben fallar según resolvió el tribunal en un plenario de diciembre de 2012. Aun así, consideraría que la designación de Vázquez es válida en el contexto de la nueva ley de subrogancias. Gemignani no descartaría apurar el fallo. Figueroa, al parecer, quiere escuchar a todas las partes del caso sobre esta discusión. Si entre ellos dos no logran destrabar el conflicto, tendrán que convocar a un juez de otra sala.

Cabral, por su lado, se muestra reacio a cualquier nueva intervención ahora. Ayer trabajaba en la presentación de un amparo que concretaría el lunes donde cuestionará el mecanismo que utilizó el Consejo para desplazarlo y podría plantear la inconstitucionalidad de algún tramo de la nueva ley de subrogancias. En declaraciones radiales ayer protestó: “Mi remoción es ilegal e inconstitucional porque el Consejo no tiene las atribuciones para remover a un subrogante. La Magistratura tiene ciertas atribuciones para designar subrogantes pero no para removerlos”. “Sería bueno que explicaran las motivaciones (...) “Estoy sorprendido con la forma en la que se conduce el Consejo de la Magistratura, que está a cargo de garantizarles la independencia a los jueces, de asegurarles su jurisdicción, y lejos de ello lo que hace es manipular el funcionamiento de la Justicia”, sentenció.

Cabral interpreta que su nombramiento se hizo hasta que se nombre el titular definitivo del cargo. “Según el sistema institucional”, decía la resolución que prolongó su mandato. “En una decisión adaptada por los representantes del oficialismo, hicieron una interpretación en particular de la ley para disponer mi remoción”, sostuvo. Para los consejeros del oficialismo, el sistema institucional es el nuevo mecanismo de designación. El concurso para las cuatro vacantes que hay en la Casación está en la recta final, ya terminaron los exámenes y las entrevistas. Las otras tres subrogancias las cubrían jueces de la propia Casación, y vencían el 30, día que asumirán otros conjueces y que continuará el camarista Mariano Borinsky, según aprobó el plenario.

La denuncia de la Coalición Cívica fue presentada por Elisa Carrió y Paula Oliveto: abarca la Presidenta, a los miembros del oficialismo del Consejo y también implicó a la jueza de Casación Figueroa, y les atribuye abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Así, todos los flancos posible han sido judicializados.