La presidenta de la Cámara de Casación Nacional y titular de la asociación civil Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, relacionó el “revuelo” que provocó el reemplazo del juez Luis Cabral en su subrogancia de la Sala I de la Cámara Federal con el año electoral y la falta de conocimiento de “cómo funciona el Poder Judicial”. “Cabral no fue removido de la Casación, porque ahí nunca fue titular”, aseguró y concluyó que los nombramientos que el Consejo de la Magistratura realizó el viernes pasado –reemplazó a Cabral y a los otros dos integrantes de la sala– fueron “en cumplimiento de una ley aprobada en el Congreso”. Además, criticó a la oposición que se hizo eco del tema: “Son unos ignorantes”, opinó.

–El asunto de Cabral no debería haber levantado el revuelo que levantó. Pero todo tiene que ver con que no se conoce cómo funciona el Poder Judicial. Si allí las reglas fueran transparentes y de conocimiento público, ninguno de los equívocos de esta cuestión se hubiera producido. La realidad es que Cabral estaba subrogando una de las vocalías de Casación desde hacía cuatro años. El es juez del Tribunal Oral Federal número 9. Los otros dos jueces que subrogaban en la Sala 1 de Casación con él eran miembros de otras salas de la misma instancia y estaban cumpliendo doble tarea. Con la nueva ley de subrogancias en vigencia, la Cámara pidió al Consejo de la Magistratura que la cumpla y eso fue lo que ocurrió. Se solucionó un problema que persistía desde hacía mucho.

–¿Por qué tanto tiempo suplentes cubriendo espacios vacantes? ¿Y los titulares?

–Los concursos de estas vocalías se están sustanciando. El Consejo de la Magistratura está tomando los exámenes. Se tardó, pero la verdad es que este año comenzó a funcionar el Consejo. El anterior estaba medio paralizado. Pero el problema también estaba en el sistema de subrogancias, con el que hubo muchas idas y venidas y finalmente la semana pasada se sancionó una ley que lo regula y que deroga dos leyes anteriores en la materia y el artículo 31 del decreto número 1285, del 1958, que también tenía injerencia en el asunto.

–¿Por qué la situación anterior en cuanto a las subrogancias era un problema?

–Antes de esta nueva ley, las subrogancias quedaban atadas a la interpretación de la ley: había, por lo tanto, varias interpretaciones y todas válidas, lo que ocasionó que, por ejemplo, secretarios estén subrogando vacancias durante años. Incluso, designados por la Corte Suprema, sin el acuerdo del Senado para trabajar como jueces. La nueva norma estableció que solo pueden ser subrogantes los integrantes de una lista de conjueces que ha recibido acuerdo del Congreso nacional. Cuando la ley entró en vigencia, la Cámara de Casación Federal resolvió enviar las cinco licencias que tiene –dos más además de las de Cabral y el resto de la Sala 1– al Consejo de la Magistratura, que tomó la lista de conjueces aprobada por el Parlamento y nombró por orden de aparición a sus integrantes en cada lugar. Eso fue lo que ocurrió, nada de ilegal o inconstitucional, sino todo lo contrario.

–Cabral justamente criticó su remoción por esas dos razones: la calificó de ilegal e inconstitucional...

–Lo que pasa es que Cabral no estuvo de acuerdo con la cuestión. Pero lo que ocurrió en su caso no es de ninguna manera una remoción, sino un nombramiento de un juez subrogante de acuerdo a la nueva ley. Y flaco favor le hace al Poder Judicial que se muestre en esa posición. Si consideraba que era ilegal, no debió haber avalado con su voto ese procedimiento, como lo hizo: votó en contra, claro. Debió haberlo manifestado en ese momento. El no es titular de esa vocalía en Casación, sino del Tribunal Oral Federal número 9, adonde deberá volver a partir de ahora y el cual, con su regreso, comenzará a funcionar con más energía ya que por contar con magistrados subrogantes también en su integración, jueces que tienen que cumplir con otros cargos además, estaba funcionando a media máquina. El nombramiento de Cabral como subrogante en Casación no tuvo tampoco acuerdo legislativo. Su cargo allí fue siempre transitorio. Lo que hizo el Consejo el viernes está dentro del cumplimiento de la ley, una ley que se votó en el Congreso, que obtuvo mayoría y así fue aprobada.

–Desde la oposición política y mediática relacionaron el hecho con el inminente fallo de esa sala sobre la constitucionalidad del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. El fiscal Raúl Pleé pidió que se respete el voto de Cabral sobre el tema. ¿Cree que tiene relación?

–No me parece. Es una resolución que se espera desde hace más de dos años y que debió haber salido a principio de este. Pero como no hay control sobre el tiempo de trabajo del Poder Judicial en los tribunales pasan estas cosas.

–¿Qué cosas?

–Que en lugar de ser los tiempos judiciales previsibles de acuerdo con el Código de Procedimiento, adquieren la vertiginosidad o la lentitud de los tiempos políticos. Acá no solo se judicializa la política, sino que también se politiza el Poder Judicial. Por otro lado, a esta altura del partido, habiendo pasado lo de Nisman (la denuncia del fiscal contra la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios de su gobierno por encubrir a Irán en el atentado, y su posterior muerte) el tema del Memorándum no me parece crucial políticamente. No obstante, es un año electoral: cualquier cosa se pone bajo la luz mediática, van a haber tapas de diarios todos los días con temas como estos. En Justicia Legítima tenemos la idea de que se va a hacer aprovechamiento de toda cosa posible y no de manera uniforme: los medios sobreexponen algunas cosas y esconden otras. En Casación Nacional analizamos la semana pasada el recurso que discutió el sobreseimiento de (el jefe de Gobierno porteño, Mauricio) Macri y policías por la represión en el Borda. Ese fallo está por emitirse, pero nadie dijo nada de esto. Por eso plantemos desde la asociación que todos los candidatos a presidente deberían manifestar qué piensan hacer con el Poder Judicial.

–La oposición se hizo eco de la situación. Elisa Carrió denunció a la Presidenta y Macri llamó a la sociedad a movilizarse...

–Son denuncias que caerían en saco roto, pero que en un año electoral cumplen con su objetivo. Pero la verdad es que son ignorantes los dirigentes que actúan de esta manera. No les importan las instituciones. Ignoran lo que están diciendo y de qué se están quejando. Desconocen las leyes y tienen muy mal asesoramiento.